Los reportajes del fin de semana sobre la situación legal del presidente Castillo muestran un futuro desolador para el presidente, a quien se ve más cerca de un penal que del propio Palacio.
Nuevos personajes
siniestros entran a tallar en los tinglados que tuvo con el alcalde de Anguía,
con sorprendentes resultados, como es el caso del conductor que transportaba al
alcalde, que tiene a su vecina como la empresaria que ganó la licitación de 19
millones para la carretera que pasa por la casa del presidente en Anguía.
Daniel Príncipe narró
con total desparpajo los detalles que concretaron la designación del gerente de
Petroperú, Hugo Chávez. Sabemos que Pacheco detalló el pago de una coima para
su designación.
Si atamos cabos,
vamos a ver que todo calza con las sorpresas del caso, pero que corroboran la
tesis fiscal de incriminar en delitos graves al presidente, porque ahora, en el
affaire de Yenifer Paredes, resulta que el empresario Espino sería su pareja y,
además, un simple testaferro de la familia presidencial.
Esto se tendrá que
corroborar con las personas que se acojan a la colaboración eficaz, con lo cual
se tendrían los argumentos legales para solicitar una detención para la primera
dama en los próximos días.
Para un sector de
entusiastas seguidores y excamaradas, estas investigaciones fiscales obedecen a
una persecución judicial, utilizando mecanismos legales para destruir a Pedro
Castillo y al propio partido Perú Libre. Tanta es la defensa férrea de Castillo
que hasta lo comparan con Lula y la estrategia de lawfare –guerra jurídica
dando apariencia de legalidad– para destruir al adversario político.
Para que quede claro
al país y a la comunidad internacional, en el Perú el presidente Castillo tiene
seis investigaciones fiscales abiertas con tal carga de pruebas irrefutables
que hoy su gobierno es un castillo de naipes, ante las evidencias penales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.