Ayer, 25 de febrero de 2022, el país ingresó al punto de inflexión histórico más grave del tercer milenio. Se ha dado a conocer que la ciudadana Karelim López, visualizada por la prensa como asidua concurrente a palacio de gobierno y a la residencia del pasaje Sarratea en Breña donde habitó en Lima Pedro Castillo Terrones, decidió someterse a la colaboración eficaz ante el ministerio público revelando detalles muy específicos de cómo estaría operando –desde las altas esferas del poder político– una banda delincuencial encabezada por el mismo presidente de la república.
Su testimonio cubre aristas sospechadas e insospechadas. Entre las
primeras, la participación del brazo derecho de Castillo, Bruno Pacheco, y del
ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva, junto a tres
sobrinos del primer mandatario y el dueño de la casa de Sarratea. Todos
señalados en los informes del periodismo independiente que detectaron extrañas
articulaciones para la obtención de ventajas en ciertas obras estatales. El
caso de Pacheco arrastraba la detección de 20 mil dólares en el baño de su
oficina de secretario general de la presidencia y el grosero e insólito
extravío del teléfono celular en el que se registraban todas sus
comunicaciones.
En las segundas, aparece un conjunto de parlamentarios de Acción Popular
que no figuraban en el mapa de las pesquisas periodísticas y que explica la
conducta errática del sector pro oficialista y colaboracionista del partido de
Fernando Belaunde Terry. Según ha trascendido de lo expresado por López, este
grupo de legisladores conocido como “Los niños” obedece todo lo que les dice
Castillo y a cambio se beneficiarían de millonarios contratos con el MTC, a
través de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC y otras
relacionadas con inversionistas chinos. También se cuenta a la muy
desprestigiada fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y el siempre oblicuo fiscal
superior Omar Tello.
El cuadro de las posibles corruptelas gubernamentales queda así mejor
entendido y abren el proceso de una verificación de hechos ofrecido por la
lobista para evitar las mayores penas por su involucramiento. Sin embargo, la
factura política ya está emitida, correspondiéndole al Congreso dilucidar
cuanto antes el mecanismo para que Castillo y sus impresentables abandonen lo
más pronto posible el control del aparato estatal. No cabe, hoy por hoy, otro
camino.
Y por supuesto, Castillo –a diferencia de Alberto Fujimori, Pedro Pablo
Kuczynski y Martín Vizcarra– pretenderá aferrarse como sea al asiento
presidencial. Sumará sus esfuerzos de respaldo el socio corrupto, Vladimir
Cerrón y las huestes operativas de Perú Libre. En el escenario más lejano,
prepararán un plan de fuga por Bolivia con la ayuda de Evo Morales. Podemos
apostarlo.
Pero alístate Perú: entramos a una semana decisiva donde el grito de
“¡fuera, Castillo!” debe escucharse en todas las regiones y materializarlo sin
perder más tiempo.
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