UN PRESIDENTE AFÓNICO

Ayer, tras haber reprogramado la sesión, el presidente Castillo finalmente no recibió a la comisión de Fiscalización del Congreso en Palacio de Gobierno. En teoría, el mandatario recibiría a dicho grupo para ser interrogado sobre el caso Sarratea, pero a último minuto anunció que no lo haría.

Es el colmo. El gobierno turbio y afónico de Pedro Castillo representa la total antítesis del gobierno del “pueblo” que dice simbolizar. De hecho, la palabra “pueblo” no debería poder salir de la boca de Castillo. Lo único que hace este presidente es faltar a la verdad, y, en consecuencia, burlarse descaradamente del pueblo.

Martín Vizcarra se presentó ante la comisión de Fiscalización cuando era presidente, y Pedro Pablo Kuczynski recibió a la comisión en Palacio de Gobierno, tal como había dicho que lo haría Castillo. Con todo lo que podemos criticar a Kuczynski y a Vizcarra, por lo menos reconocieron la importancia del gesto político que implica asistir a la citación hecha por la institución que representa a la Nación y a sus electores. Castillo ni siquiera nos da eso.

Lo que queda clarísimo acá es que Castillo tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? ¿Qué esconde? ¿Cree que quedarse callado lo hace ver inocente? Lo cierto es que el temor que emana de Castillo se percibe a leguas, y pone aún más dudas y sospechas sobre su sombrero.

Parece que, a ya casi un año de gobernarnos, Castillo todavía no entiende que se debe a los peruanos. A quienes votaron por él y a quienes no lo hicimos. Su trabajo es –literalmente– trabajar para nosotros, y eso pasa también por reconocer la importancia de gestos políticos y responder las preguntas que tenemos para él. Si pretende seguir operando de manera tan sigilosa, su gobierno tiene los meses contados.

ANTIFUJIMORISTAS DE APELLIDO

Desde que cayó el Gobierno de Fujimori en el 2000, se ha erguido una corriente denominada antifujimorismo, en supuesta señal de rechazo hacia los crímenes cometidos durante la década de 1990. Sin embargo, en los últimos años, el antifujimorismo colérico ha demostrado no oponerse a los actos delictivos, sino simplemente a todo lo relacionado al apellido Fujimori.

Cuando apareció Alberto Fujimori en 1990, era un candidato improvisado cuyo único mérito era ser un profesor “del pueblo” montado en su tractor. Su candidatura presidencial fue tan improvisada que ni siquiera presentó plan de gobierno, y tenía serios cuestionamientos de su época como rector en la Universidad Agraria. A la izquierda no le importó nada de eso y lo apoyó sin titubear. Vargas Llosa, en su libro El pez en el agua, cuenta cómo el diario La República le declaró la guerra al escritor para favorecer a Fujimori. Parece que a los jóvenes antifujimoristas les falta un poco de lectura para ver que su gran enemigo fue creado por los que ahora marchan gritando –irónicamente– “memoria y dignidad”.

A Fujimori se le puede acusar de haber destrozado el sistema de partidos, haber dado un golpe de Estado, eliminar el Senado, la corrupción de su Gobierno y demás crímenes, pero eso mismo debe ser condenado a cualquier otro político. Al igual que Fujimori, Vizcarra destrozó el sistema de partidos y cerró “fácticamente” el Congreso, y fue aplaudido por la izquierda; Castillo no tuvo plan de gobierno, su Gobierno secreta corrupción, y así como Fujimori tuvo congresistas tránsfugas, el presidente tiene a ‘Los Niños’ en el Congreso que evitan su vacancia y, aun así, la izquierda antifujimorista lo apoya.

Queda claro que el fanatismo de cualquier tendencia, mezclado con ignorancia histórica, lleva a que los fanáticos apoyen a una persona que representa a lo que supuestamente ellos se oponen, pero con diferente apellido. Por eso, a las personas, sobre todo a los políticos, hay que juzgarlas por sus acciones y no por sus palabras.

CERO EN HISTORIA; PROFESOR PEDRO CASTILLO DICE QUE TARAPACÁ PERTENECE AL PERÚ

Podría pasar como un dislate más, entre los muchos a los que nos tiene acostumbrados Pedro Castillo. Pero en este caso no se trata de un error. Es un acto de ignorancia imperdonable sobre la Historia del Perú. Nos resistimos a pasar por alto lo del pasado sábado en Tacna, pues vuelve a poner en evidencia, de manera estrepitosa, la absoluta indefensión en que nos encontramos los peruanos al tener un jefe de Estado que no deja de exhibir semejantes extremos de desconocimiento sobre el país. Y seguir, además, tan fresco y campante.

Dijo el mandatario: “El ciudadano de Tacna tiene los mismos derechos como el ciudadano de Tarata, como el de Tarapacá, como el de Candarave, de Jorge Basadre y del que está en Tumbes, el que está en Chota… y el que está en todo lugar”. Fue en el discurso que improvisó ante los tacneños durante ese circo andante en que se han convertido los Consejo de Ministros Descentralizados, llevado a cabo esta vez en la llamada Ciudad Heroica.

Tarapacá, como se sabe, perteneció al Perú, pero luego de la Guerra del Pacífico fue sangrientamente anexada a territorio chileno. Es decir, no forma parte de nuestro mapa nacional hace más de un siglo. Incluirla en un recuento de provincias tacneñas para decir pomposamente que eran tan importantes como sus similares en otras zonas del país, retumba hasta hoy en los oídos de los lugareños. No solo como una nueva demostración de ignorancia supina, impropia en un presidente de la República, sino como una falta de respeto por la historia del Perú y, particularmente, la de los tacneños.

El alcalde de Tacna le ha exigido disculpas públicas por tan desatinada alusión a Tarapacá, igualándola a otras provincias de la región. A su vez, la presidenta de la Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de Tacna, respetada institución local que organiza los actos en homenaje a las víctimas de la guerra y del cautiverio chileno, recomendó amargamente a Castillo que se diera el trabajo de repasar los hechos relacionados a la Guerra del Pacífico, que dejó imborrables heridas en el pueblo tacneño.

Una vergüenza, pues, difícil de parangonar con otras barbaridades que suelen poblar los discursos presidenciales. Y peor todavía viniendo de un personaje que ante las multitudes se jacta, una y otra vez, de su condición de educador y maestro de escuela. Pobres sus alumnos. Pobre Perú.

EL MINISTRO “ESTRELLA”

Es muy difícil de creer que el presidente Pedro Castillo no estuvo al tanto de las andanzas delictivas de su ministro estrella Juan Silva, a quien el mafioso Zamir Villaverde habría pagado una coima de parte de un empresa contratista, según un audio que está en manos de la Fiscalía de la Nación, pues contra viento y marea el mandatario lo mantuvo como titular de Transportes y Comunicaciones, y solo se vio forzado a sacarlo cuando era inminente su censura.

Es evidente que Silva no se mantuvo en el cargo por su excelente gestión en un sector eminentemente técnico como el MTC, pues el pobre hombre ha mostrado como “pergaminos” el haber sido “conductor” y profesor, es decir, era un cero a la izquierda, algo que se advirtió desde el primer día en que asumió dicho ministerio en julio del año pasado. Sin embargo, el jefe de Estado lo dejó allí. ¿Por qué? Eso ya lo debe saber el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

Recordemos también que mientras estuvo en el MTC, Silva mostró que era un desastre al hacer nombramientos y que trabajaba en alianza con colectiveros informales, es decir, sus colegas. Este sujeto incluso nombró en un alto cargo a una ladronzuela de supermercados y a personajes que tuvieron que ser cambiados al día siguiente debido a sus antecedentes. Así y todo, el hombre que decía “palabra de maestro”, mantenía a este señor. ¿Cuál era el interés por no removerlo? ¿“Negocios”?

Pero si analizamos el caso del Silva, no miremos solo al presidente Castillo, quien según el Ministerio Público era parte de la mafia enquistada en el MTC para direccionar obras a constructoras “generosas”. También echemos un ojo al Congreso, que por casi medio año dejó operar a este sujeto sin dignarse a censurarlo. Sería buen conocer quiénes y por qué lo blindaron, en lugar de mandarlo a su casa en el primer mes, cuando ya se sabía qué clase de elemento era.

El gobierno de Castillo apesta a corrupción desde hace tiempo, pero muchos no lo quisieron ver por más que hoy se hacen los horrorizados y se rasgan las vestiduras. Por ahí están Mirta Vásquez, Avelino Guillén y otros personajes que incluso han compartido gabinete con Silva, el hombre de los “100 grandes”, el caballero que de chofer de combi pirata y docente de un colegio de Puente Piedra, pasó a ser ministro para llevarse la plata en balde, un personaje sobre el que se aplica el dicho “no más pobres en país rico”.

 

 

“POBRES VÍCTIMAS”

El viernes último, en uno de sus consejos de ministros descentralizados, el presidente Pedro Castillo ha aprovechado para victimizarse y asegurar que desde que empezó su gestión le han “dicho de todo”, con lo cual el mandatario deja en claro que sus palabras son guiadas por el más grande y exasperante cinismo, o que vive –aunque no lo creo– en una realidad paralela donde no se da cuenta de todo lo que sucede en el gobierno que en teoría encabeza para desgracia de los peruanos.

Tenemos por ejemplo el caso de su impresentable exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien fue, en efecto, uno de los más criticados del gabinete desde que empezó la gestión del lápiz, hasta que en marzo último se vio obligado a renunciar minutos antes de que lo censuren y se vaya a su casa por la puerta falsa. A la luz de lo que hoy está confirmando el Ministerio Público, ¿no había acaso motivos para cuestionar la presencia de este sujeto en el Poder Ejecutivo?

Quizá el mandatario quería que los medios y la ciudadanía se coman en cuento del “profesor de sobrerito cándido y buena gente”, y se queden callados ante este personaje y otros que han contribuido a reforzar la idea de que estamos ante el peor gobierno de nuestra historia no solo por su probada incapacidad, sino por los monumentales indicios de corrupción que afloran por todos lados y que salpican incluso al mandatario, al extremo que ayer la Fiscalía de la Nación ha ampliado una investigación en su contra.

Este discurso de victimización también se lo escuchamos la semana pasada a la aún vicepresidenta Dina Boluarte, quien desde Davos, Suiza, salió a lamentarse de que “la derecha” no deja gobernar al presidente Castillo, como si su administración inepta y corrupta, plagada de Torres, Chávez, Silvas, Condoris, Pachecos, sobrinísimos prófugos, dinámicos y Cerrones palaciegos, fuera una maravilla caída del cielo para acabar con los grandes problemas que afectan a nuestro país.

El presidente Castillo y su precario régimen están contra las cuerdas y ellos lo saben muy bien. Sin embargo, nada podrán hacer con su ya agotado discurso de “pobrecitos” y de “víctimas”. Si no tienen cómo responder las graves acusaciones que hay en contra de muchos personajes del régimen, empezando por el propio mandatario que no da la cara a los medios y al país hace casi 100 días, mejor háganle un favor al país, váyanse a su casa y búsquense buenos abogados.

EL PAÍS ESTÁ COGOTEADO

La inacción del gobierno de Pedro Castillo ya se configura como un daño irreparable al país y uno de los rubros a los que mira con mayor desdén -a pesar de su extrema gravedad- es la inseguridad ciudadana, cuyos tentáculos se extienden por todo el territorio nacional ante los ojos de una Policía Nacional inerme y que el propio primer ministro, Aníbal Torres, ha bajoneado al calificarla de inútil (“siete policías no pueden detener a una persona”).

“No es tan fácil, no es una varita mágica solucionar los problemas del Perú”, respondió el nuevo ministro del Interior, Dimitri Senmache, al ser preguntado sobre su estrategia contra este flagelo. Si ese es su ánimo frente a la delincuencia común y el crimen organizado, lo que tendremos será más de lo mismo, o sea nada, en sintonía con la gestión de sus antecesores. Nunca hubo una voz fuerte, clara y enérgica contra el hampa en todas sus modalidades.

Y es que tampoco hay un liderazgo que devenga desde el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la PNP, es decir del presidente de la República, quien, por ejemplo, no ha dicho esta boca es mía para exigir la captura de sus familiares y funcionarios comprometidos con la justicia. Lo único que le preocupa al profesor es tener policías a su alrededor para alejarse de la prensa y muchas veces hemos visto maltratos a los periodistas.

Por lo demás, el pueblo la tiene clara: según todas las encuestas, la prioridad número uno del gobierno debería ser la lucha contra la inseguridad y en puestos finales aparece el referéndum por la constitución de marras. Literalmente, el país está cogoteado, sin embargo, Castillo Terrones no se da por enterado.

 

ELLOS SABEN PARA QUIÉN TRABAJAN

“Ya sufrimos lo que significó el manejo estatal de las empresas: malos manejos, quiebras, endeudamiento e inflación descontrolada”.

Mientras la mamá intentaba explicar al niño de seis años lo que significaba democracia, este interrumpe para preguntarle si los niños también pueden votar. La respuesta fue que no, que tenían que cumplir 18 años para hacerlo, agregando en voz más baja: “aunque seguro hubieran votado mejor que los adultos”. El niño escuchó el comentario y de inmediato respondió: “¡Ah lo dices porque votaron por Pedro Castillo!”.

Una amiga, fan del deporte, hace la siguiente comparación: “Para dirigir a la selección de fútbol, buscamos al mejor entrenador: con liderazgo, conocimiento y experiencia reconocidos. Este, a su vez, convoca y evalúa a los mejores jugadores para armar al equipo. ¡No se contrató al profesor de educación física de una escuela primaria para darle la oportunidad de que aprendiera en el camino, convocando a sus amigos para jugar una pichanguita! Obviamente, no hemos tenido el mismo cuidado cuando elegimos al presidente ni a los congresistas”. Y los resultados los vimos desde que un hombre escondido bajo un sombrero (de día) y una gorra (de noche) convocó a su primer (segundo, tercer y, ¿en cuál vamos?) gabinete. Y las consecuencias de la incapacidad las sufre la población.

Es cierto que hoy la inflación es un fenómeno mundial, la guerra en Ucrania y las dificultades logísticas han aumentado los costos de producción, transporte y abastecimiento, que se trasladan al precio que pagan los consumidores. Pero, el bloqueo de carreteras que impide que los productos lleguen a los consumidores, el apoyo a huelgas que restan ingresos al turismo (uno de los sectores más golpeados en la pandemia) o la toma de minas reduciendo empleo, ingresos de dólares por exportación y de impuestos para que el Estado los destine a lo que tiene que hacer, son “fina cortesía” de un gobierno cuyo discurso incita a la desunión y, por tanto, la destrucción de una nación. Distinto a lo que pasa cuando Perú juega un partido y todos somos peruanos, ¿verdad?

Paradójicamente, ante estos problemas, ocasionados por la ineptitud del Estado, se sugiere el cambio de la Constitución, con la segura intención de desalentar la inversión privada y promover una mayor intervención del Estado en la economía. Un Estado que ni siquiera ha podido proveer aquello que ya le corresponde: brindar salud, educación, seguridad y justicia.

Ya sufrimos lo que significó el manejo estatal de las empresas: malos manejos, quiebras, endeudamiento e inflación descontrolada. Hablando en serio: ¿le confiarían a Cerrón y sus amigos siquiera el manejo de un puesto en el mercado?

EL COSTO DE LA DEMAGOGIA

“Las calificadoras internacionales de riesgo hace rato que ya dieron la señal de alerta sobre el Perú y ayer se sumó el FMI”.

En los 90, el Perú sufrió para derrotar la inflación, que a fines de los 80 llegó a cifras astronómicas rompiendo récords mundiales. Años realmente pavorosos, y no solo para quienes los vivieron desde la carencia máxima. Sumada esa crisis económica al terrorismo y a la demagogia populista, pocas veces se vio al Perú tan cerca del apocalipsis.

Y gracias a una política económica sana y a pesar de los sobresaltos de las gestiones gubernamentales, se le logró mantener a raya durante décadas, conteniéndola dentro de los rangos meta establecidos por el BCR, de 1%-3% anual.

Ahora, sin embargo, vemos que el índice de precios al consumidor de los últimos 12 meses, hasta abril, ya se salió de control y se sitúa en 8.62%, la mayor marca en los últimos 10 años. Esto se traduce en un alza del precio de los productos y servicios, que, como ya sabemos, impacta directamente en los sectores más vulnerables del país.

A esa indeseable espiral nos está conduciendo este gobierno, que ni ata ni desata y, más bien, multiplica día a la día la incertidumbre al intentar imponer sus desfasados proyectos políticos y mantener tercamente al mismo mediocre e inútil equipo ministerial (ahora sabemos que Torres renunció el 5 de abril y Castillo le dejó sobrevivir y alargar la crisis hasta ahora).

Las calificadoras internacionales de riesgo hace rato que ya dieron la señal de alerta sobre el Perú y ayer se sumó el FMI, que pronosticó que las perspectivas económicas para nuestro país “están rodeadas de gran incertidumbre” y, por tanto, aumenta el riesgo de tener un menor crecimiento económico. Es decir, menos empleo, paralización de inversiones u obras públicas y costo de vida en ascenso.

Asimismo, sostiene el FMI que la inversión privada para 2022 podría verse empañada por esta incertidumbre política y por la conflictividad social. ¿Quién la genera y hasta la alienta? El Gobierno. Así, con la economía al garete y el dólar subiendo, el país vuelve a entrar en terreno de alta peligrosidad. La ciudadanía ya siente la pegada, cómo no.

Todo por obra y gracia de la tozudez de un mandatario alejado de la realidad, encapsulado en su propia burbuja de demagogia e incompetencia.

¡ASAMBLEA DE MENTIRAS!

“Los Estados que demuestran mayor estabilidad tienen constituciones con décadas de vigencia”.

En sencillo, la Constitución supone fijar las principales directrices normativas para el funcionamiento del Estado.

Definir un marco económico, tributario, social, el control de poderes, la estabilidad, en suma, la hoja de ruta. Ahora bien, toda norma jurídica es el producto de un contexto específico (por eso, mientras más general sea, mejor) y ello supone que, con el paso del tiempo, podrá ser susceptible de modificaciones. Es más, es un deber revisar permanentemente las disposiciones contenidas para que no pierdan vigencia. Y eso es, revisar y modificar. No se trata de romper el librito y volver a empezar.

Los Estados que demuestran mayor estabilidad tienen constituciones con décadas de vigencia. Para eso están los mecanismos que permiten modificar la Constitución; mecanismos que ella misma utiliza para protegerse de cambios antojadizos que podrían torcer el destino del país.

Ofrecer en campaña un cambio de Constitución, sobre todo a los sectores más vulnerables, no fue sino un burdo facilismo para crear una bandera que enarbolar y que “unifique” las necesidades de esa misma población. Hacerle creer a la gente que un cambio de Constitución acabaría con el desempleo, la corrupción o la pobreza, no fue sino mentirle en la cara a la gente. Porque eso es una mentira sideral.

Ahora, siendo ya presidente, habiendo ofrecido mentira tras mentira y viendo cómo su barcaza apunta al naufragio, saca como as bajo la manga un proyecto de ley para que satisfaga la demanda de quienes exigen se cumplan las promesas de campaña. Pero saca ese as sabiéndose perdedor. Le traslada al Congreso la responsabilidad de no hacer lo que el “pueblo” demanda y nadie podrá reclamarle que no hizo lo que ofreció, o por lo menos lo intentó. Honestamente, no sé si le alcance. Claramente ha distraído los titulares de la corrupción hacia la Asamblea Constituyente. Pero, como todo en este gobierno, será fugaz. Deje de mentirnos, señor presidente. Su credibilidad se agotó el 29 de julio de 2021.

SALTO AL VACÍO: GOBIERNO RECURRE A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE SIN ANTES RESOLVER LOS TEMAS PENDIENTES.

Parece la típica maniobra destinada a ganar tiempo y de tener una carta de negociación con los gremios y las comunidades en conflicto, para seguir alentando la polarización, y que se usa pese a que tiene asegurado el fracaso. La propuesta presidencial de someter la convocatoria de la Asamblea Constituyente a un referéndum en octubre, junto con las elecciones regionales y municipales 2022, tiene toda la apariencia de un salto al vacío, sabiendo que no pasará por los filtros del Congreso y que no existe el momento constituyente.

Como estrategia de sobrevivencia, deja en claro la desesperación de sus autores. No hay soluciones a los reclamos, no hay obras en marcha, no hay gestión de gobierno, no hay coordinación entre sectores ni resultados que mostrar. Entonces, se usa malamente la Asamblea Constituyente para acallar la protesta, extremar el debate político y buscar distraer con un tema que merece atención, respeto, debate y que se malbaratea por intenciones subalternas.

La Asamblea Constituyente y una nueva Constitución responden, sin duda, a la esperanza de cambio para muchos peruanos. Ha sido una demanda largamente ansiada y ha coexistido en estrecha relación con el antifujimorismo, la lucha contra el régimen y la posterior acción cívica en las calles para evitar la elección de la heredera del dictador.

Son veinte años de construcción de un sentido común que no debía dejar dudas sobre la necesidad de un nuevo pacto social que establezca los roles del Estado, la empresa privada, los inversionistas, etc. Toda esta labor se ha echado por la borda para adecuarla al mandato de Cerrón y a la obediencia de Castillo, cuyo gobierno se hunde inexorablemente en el descrédito. Ahora la Constituyente es una tabla de salvación en medio de un mar de protestas irresueltas.

El debate sobre la nueva Constitución es de tal importancia, que no merece ser mal utilizado en este escenario donde tanto el Ejecutivo como el Congreso no cuentan con respaldo popular suficiente, la Comisión de Constitución perfora y perfora la actual Carta Magna, los partidos políticos son fábricas de firmas y estamos en medio de una crisis política generalizada, donde imperan la inestabilidad y la corrupción.

Lo prudente siempre fue alentar el mayor debate posible sobre la necesidad de una nueva Constitución. El momento constituyente es resultado de este proceso y no un acto voluntarioso de quien parece no encontrar otra puerta de escape.

PERSONAL DESCALIFICADO

“Este copamiento desvergonzado del Estado con gente de PL, del círculo de allegados a Vladimir Cerrón, del tropel de paisanos y amigos de Pedro Castillo, es el que tiene al país paralizado”.

Un informe de la Contraloría confirmó, por enésima vez, que la meritocracia en este gobierno no tiene cabida. No hay filtros, no hay revisión de antecedentes de los funcionarios propuestos y menos capacidad de reacción cuando el periodismo de investigación descubre que ese funcionario amigo designado o es un corrupto o es un maltratador de mujeres.

Eso, por supuesto, en caso de que no lo supieran antes de nombrarlo, pues, como se ha dicho, pareciera más bien que, al contrario, ese es el perfil del funcionario que buscan: alguien que no tendrá el menor escrúpulo en cometer abusos o transgredir la ley si se presenta la oportunidad (¿o se lo pide el partido?). Es un patrón que ya se repite demasiado como para pensar que se trata de descuidos.

Es el caso del secretario general de Palacio de Gobierno, Jorge Alva. Era suficiente motivo para echarlo del cargo cuando Perú21 publicó que este personaje había sido denunciado por violencia familiar. Pero, como siempre, Castillo ni lo hizo. Ni se inmutó. ¿Quizás porque comparte comportamientos machistas? ¿O es que le parece poca cosa la agresión a una mujer? Un simple accidente de la vida marital, digamos…

Como también debe pensar así la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, quien sigue ahí muy campante, moviendo y firmando papeles en su escritorio, mientras en Palacio el presidente despacha con un abusador de mujeres al lado suyo.

Ha tenido que ser la Contraloría la que señale que Alva no es una persona idónea para desempeñar este alto puesto en el aparato del Estado. Y así como Alva, hay decenas de funcionarios que ocupan puestos estratégicos en el escalafón de la administración pública, designados por el oficialismo, sin ningún tipo de capacidad profesional, experiencia y, es más, con trayectorias de dudosa honestidad.

Este copamiento desvergonzado del Estado con gente de PL, del círculo de allegados a Vladimir Cerrón, del tropel de paisanos y amigos de Pedro Castillo, es el que tiene al país paralizado. Hasta algunos de los embajadores políticos propuestos tienen como único mérito en sus CV la pertenencia a Perú Libre, como el caso de Soria Reátegui para la representación de Noruega.

Es decir, primero siempre los amigotes. Y mucho después, el servicio a la ciudadanía.

SALTAN DEL BARCO

Ahora que Castillo se tambalea por sus propias carencias y desatinos, pero también por lo trasnochada de su ideología, sus socios primigenios de la izquierda local, que se embarcaron con él para sostener un gobierno que buscaba hacer retroceder al Perú con un proyecto político obsoleto, han decidido saltar públicamente por la borda.

No solo eso, en su intento de marcar distancias para no chamuscarse con el oficialismo, improvisan severas críticas a la gestión de la que ellos participaron y contribuyeron a aupar con los técnicos de los que obviamente carecía la hueste cerronista, que una estadística actualizada situaría –a los recomendados de Vladimir– hoy más cerca de los archivos criminales que de colegios profesionales o universidades de prestigio.

Es cierto que desde el principio las cabezas visibles de Perú Libre manifestaron su desprecio por lo que ellos denominaban la izquierda “caviar” o “pituca”, encarnada en los partidos Nuevo Perú y Frente Amplio. Desprecio que, cuando miembros de esos partidos fueron reclutados para encabezar ciertos ministerios en los primeros meses de este gobierno, se convirtió en un rechazo total que hasta hoy enfurece a Vladimir Cerrón, como se puede apreciar en sus constantes tuits acusándolos de traidores y demás denostaciones bolcheviques.

Como suele decirse, no hay peor enemigo de un izquierdista que otro izquierdista. Sin embargo, los líderes de esos grupos que hoy intentan desmarcarse de la administración Castillo –Verónika Mendoza, Mirtha Vásquez– fueron inocultables cómplices del desastre, casi tanto como Cerrón y los suyos.

Sin ir muy lejos, la presidenta en funciones de Nuevo Perú, Anahí Durand, acaba de “poner su cargo (partidario) a disposición” pues, al revelarse que era una caletísima consultora de la PCM, antes que encabezar un partido minúsculo, prefirió obviamente quedarse con su sueldo de asesora.

Después de callar en todos los idiomas durante estos 8 meses, cuando les abrían la puerta de Palacio y colocaban a su gente en puestos bien remunerados de la administración pública, han decidido lanzarse tardíamente contra un gobierno que ya desde el principio daba muestras elocuentes de insolvencia moral e incapacidad.

Es imposible soslayar el hecho de que, si Castillo llegó hasta este nivel de descalabro, la izquierda local también aportó lo suyo.

 

CAOS Y DESGOBIERNO

Desde el último fin de semana el país entero viene siendo testigo de violentas movilizaciones sociales contra el gobierno en casi todas las regiones. Han confluido plataformas de distintos sectores productivos que reclaman tomar acción frente a los serios problemas de inflación (alza descontrolada en los precios de los productos alimenticios) y la subida de los combustibles.

Lo que comenzó con una medida de fuerza del gremio de transportistas de carga pesada, gracias a la ineptitud del gobierno, y especialmente la del presidente Castillo, ha degenerado en una peligrosa escalada de bloqueos de carreteras, disturbios callejeros, ataques a instalaciones del Estado y hasta episodios de saqueos que han atemorizado a la población y llevaron incluso a una apurada suspensión de clases presenciales en los colegios.

El caos social se hace patente ante la lenidad de un gobierno que continúa sin brújula, extraviado entre escándalos de corrupción y un gabinete, que ni a la sombra ni a la luz del día logra dar pie con bola. Luego de 8 meses de gestión, la credibilidad y liderazgo de Castillo están por los suelos.

Y de tan clara falta de autoridad se aprovechan extremistas y grupos inescrupulosos como el de los transportistas informales, que no contentos con manejar a su gusto el MTC –que el Ejecutivo les entregó en bandeja creyendo que así se los metía al bolsillo– también pretenden sacar su cuarta en medio del desorden con exigencias tan desproporcionadas como delincuenciales, tipo la desaparición de la Sutran o que les borren sus papeletas.

El descontento social ante la torpeza de un presidente que prefiere ir a una ceremonia de condecoración en lugar de acudir a donde las papas queman, se ha desbordado, poniendo en riesgo la propiedad privada, la seguridad de la ciudadanía y la economía del país, pues todas las paralizaciones tienen un costo. Y si piensan que el descalabro se detendrá con solo decretar estado de emergencia en las zonas donde la población se ha levantado, como amenazó ayer el ministro de Cultura, el gabinete sigue en Babia. Al parecer, Torres y compañía ni siquiera se han enterado que Moody’s, la conocida calificadora internacional de riesgo, acaba de expresar, en un informe reciente, sus dudas de que Castillo logre acabar su período de gobierno.

La sensación de descalabro es, pues, generalizada.

PERÚ RUMBO AL DESASTRE

El choque de trenes parece inevitable. El analfabetismo gubernativo del presidente Castillo es el dinamo de dos locomotoras que viajan en sentido contrario por la misma vía férrea. Las finanzas nacionales hacen agua porque, primero, Castillo asumió como propio un mar de subsidios creados por el miserable Vizcarra para encubrir su infame manejo de la pandemia que quebró a medio país.

Pero simultáneamente Castillo hace lo indecible por destrozar la minería, principalísima fuente generadora de divisas y de impuestos, cumpliendo una de las metas del plan bolchevique para imponerle al Perú un régimen marxista.

En medio de tamaño contrasentido (emitir soles para quemarlos en subsidios, mientras reduce adrede el ingreso de reservas e impuestos paralizando las operaciones de las principales mineras cupríferas, cuando el precio del cobre toca su nivel histórico más alto), mientras esto sucede, repetimos, Castillo reduce en 90% el ISC al combustible y, asimismo, aumenta el sueldo mínimo.

La suma de ambos es un gigantesco forado financiero fiscal. Es más. La reducción del ISC al combustible fue su respuesta al violento paro de los huancas, que protestan por la incapacidad del gobierno que ha desatado un alza brutal del costo de vida. Pero el paro de Junín se repite en el resto del país. Y como Castillo ha demostrado que claudica a la primera de bastos, las exigencias de las demás regiones quebrarán al país en dos papazos.

Esto, amable lector, sólo tiene una explicación: el país eligió presidente a un neófito en todo; menos en destruir las bases fundamentales de nuestra nación. Comenzando por la Economía. ¡Era de esperarse! A un dirigente sindical que defiende al gremio político de sendero luminoso, no le interesará que cuadren las finanzas públicas. Al contrario. Castillo buscará la bancarrota nacional para ejercer su plan totalitario de cubanizarnos.

Van dos calificadoras de riesgo que disminuyen la calificación del Perú, al borde de convertirnos en economía basura. ¡Y nadie protesta! Este pánico de enfrentarse a un régimen pro senderista quedará grabado en la historia como que millones de peruanos no se atrevieron a confrontar al atrabiliaro gobierno de un inepto apellidado Castillo.

Según Carmen Reinhart, vicepresidenta del Banco Mundial, “El Perú se encuentra en riesgo de caer en ‘estanflación’ (alta inflación, baja recuperación -caída del PBI, y alto desempleo-).” Es evidente que estamos pagando el costo de haber elegido a un sujeto incapaz de conducir coherentemente el país. Un individuo avieso que nos lleva directo al desastre mientras muchos peruanos ven, como idiotas, que a su país lo destruye un comunista trajeado de maestro de nada.

¡Porque Castillo es un omiso por donde se le mire! Un iletrado que, como el mismo lo ha reconocido, no tiene la más pálida idea de cómo se gobierna. Un peligro al que la mayoría de este país lo encaja como zombies, en tanto su nación se va al demonio.

Este “aprendizaje” que dice practicar Castillo nos costará primero la quiebra nacional; y muy próximamente, el resurgimiento de tiempos atroces. Como aquel sanguinario cuarto de siglo que acabó en 1992.

LA OPOSICIÓN YA NO SABE PARA QUIÉN TRABAJA

Luego del fracaso de su segundo intento de vacar la Presidencia en los primeros ocho meses de este quinquenio, todo indica que la oposición no va a cejar en su terca determinación e irá ahora por la destitución del presidente.

Como ya es público, la vacancia por causal de “incapacidad moral permanente” es una barbarie que carece de debido proceso y consiste en lo que se le antoje a la mayoría de turno en el Congreso. La vacancia por destitución, en cambio, es una figura constitucional que tiene un debido proceso e involucra a la subcomisión de Acusaciones, a la Comisión Permanente y al Pleno del Congreso. El proceso se sigue rigurosamente con plazos cerrados y plazos abiertos que pueden modificar su duración. No obstante, los conocedores estiman improbable que el proceso entero tome menos de tres meses y piensan que, eventualmente, puede llevar cuatro o cinco.

Para entonces ya habrá un nuevo presidente del Congreso.

De prosperar la destitución, asume el primer vicepresidente hasta el final del periodo. Salvo, claro, que la oposición decida vacar nuevamente la Presidencia para que, como manda la Constitución, asuma el presidente del Congreso y convoque de inmediato a elecciones.

Ese, precisamente, parece haber sido desde el principio el plan de la oposición, ya que, desde su punto de vista, cambiar al presidente actual por su vicepresidenta es solo más de lo mismo.

Pero en cuatro meses más habrá un nuevo presidente del Congreso o estará por haberlo. La nueva Mesa Directiva del Congreso se elige todos los años el 26 de julio, llueva o truene.

Una destitución en proceso convertirá la elección de la Mesa Directiva del Congreso en una feria: la virtual elección de un potencial presidente de la República sin el pueblo, solo entre congresistas. Un espectáculo grotesco.

La oposición no sabe para quién trabaja si insiste en su plan descabellado.

Es hora de que reinvente toda su estrategia.

COSTO DE VIDA, FALTA DE CREDIBILIDAD Y PROTESTAS

Desde una perspectiva económica, las fuertes protestas que tienen lugar en Junín reflejan, principalmente, dos factores.

El primero, es el encarecimiento del costo de vida por la elevación de los precios de diversos alimentos y de los combustibles. Efectivamente, la inflación acumulada en los últimos veinticuatro meses es de casi 10%, una erosión no despreciable del poder adquisitivo de los consumidores. Es importante aclarar que la aceleración de la inflación se explica por factores externos que han elevado las cotizaciones internacionales del petróleo y de commodities agrícolas que se usan en la producción de alimentos elaborados. Lamentablemente, debido a la guerra en Ucrania, la normalización de estos precios internacionales va a demorar algo más.

Ante esta situación, el Banco Central viene elevando la tasa de interés de referencia desde agosto del año pasado para evitar un mayor desanclaje de las expectativas inflacionarias. Asimismo, el gobierno ha incorporado otros combustibles al Fondo de Estabilización para estos productos y elevado el monto del vale que se otorga a las familias empadronadas en el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

Además, acaba de anunciar recortes del ISC para combustibles y la exoneración del IGV para diversos alimentos, medidas debatibles porque favorece a sectores que no requieren apoyo, puede tener un alto costo fiscal y, si bien se ha mencionado que estas son transitorias, es previsible que será difícil revertirlas.

El segundo factor detrás de las manifestaciones es la falta de credibilidad y liderazgo para comunicar y explicar las razones del incremento de los precios y las medidas que se vienen implementado para atenuar sus impactos. Las intervenciones públicas tienen mayor eficacia cuando el público entiende el origen del problema y la racionalidad de las medidas.

Lamentablemente, explicaciones incoherentes de diversos representantes del oficialismo acerca del reciente incremento de los precios (“culpa de los oligopolios”, “grupos de poder”, “la Constitución no permite regular los precios”, etc.) no ayudan y lo que percibe el público es que, ante diagnósticos simplistas, no se toman acciones y se generan expectativas que no son adecuadamente canalizadas.

En general, las medidas para mitigar la pérdida de bienestar que generan estos incrementos de precios deben continuar focalizándose sobre los sectores más vulnerables de la población, que son los que están más expuestos. Y de otro lado, es necesario que las autoridades recuperen la credibilidad en sus explicaciones y anuncios de medidas para enfrentar esta situación.

LOS ONCE DEL PROFE

“Nos referimos a los once involucrados en este escándalo de corrupción que llega hasta el propio gobierno y tienen una orden de detención preliminar por la licitación direccionada en el MTC”

No se trata de nuestros seleccionados que tantas alegrías nos han dado, nos referimos a los once involucrados en este escándalo de corrupción que llega hasta el propio Gobierno y tienen una orden de detención preliminar por la licitación direccionada del puente sobre el río Huallaga llevada a cabo bajo la responsabilidad del MTC y del exministro Juan Silva, otro hombre de confianza del presidente Castillo.

Toda la investigación fiscal y el pedido de esta medida restrictiva de libertad se basan en las declaraciones de Karelim Lopez –como aspirante a colaboradora eficaz–, que han significado ahora la detención de varios de ellos; ahora sí se podrá corroborar lo dicho y validar las pruebas que ya tiene la Fiscalía.

Por esto, la situación legal de los prófugos de la justicia, tanto Pacheco como los sobrinísimos, se complica. Evidentemente, ahora sí hay argumentos contundentes para pedir una medida más drástica, como la prisión preventiva, en vista del peligro procesal de haber pasado a la clandestinidad. Paradójico, si les hicieron el favor para fugarse.

Es evidente que el clan Pasapera, que agrupa a estos hermanos –empresarios mafiosos– que ya tenían antecedentes de estar involucrados en corrupción en el gobierno regional de “la bestia” Álvarez en Áncash y con Gregorio Santos en Cajamarca, a quienes delataron en sendos juicios; ahora empezarán a entregar toda la información de este escándalo de corrupción. No creemos que se sacrifiquen, con los antecedentes que tienen, para proteger a los “peces gordos”.

El círculo se va cerrando porque también entre “los once del profe” están funcionarios de mando medio del MTC y, sobre todo, del comité de licitación, quienes también delatarían a los corruptos a los que antes servían; ahí aparecerán pruebas más contundentes del grado de podredumbre de este gobierno.

En proyección contemos los 10 días de la detención preliminar; si en este periodo estas personas capturadas facilitan información y salen libres significará que se iría cerrando el círculo que gatille el fin del gobierno de Castillo. La suerte está echada.

EL INICIO DEL FIN DE CASTILLO

La noticia de la orden judicial para detenciones preliminares de Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Castillo ha sido el ingrediente que faltaba para el debate de la vacancia presidencial en el Congreso y ha obligado al propio presidente a asistir en persona a la sesión del Pleno y presentar sus descargos.

Llama la atención que estén no habidos estos personajes del entorno íntimo del presidente; parecería que fueron alertados de la medida judicial y se han puesto a buen recaudo; no sería la primera vez, porque recordemos que el tristemente célebre Arturo Cárdenas, alias ‘Pinturita’, mano derecha de Cerrón, se encuentra no habido y se ha denunciado la filtración de las labores de inteligencia de la Policía para favorecer estas fugas.

Independientemente de estas argucias legales y evasiones a la justicia, lo tangible es que se puede inferir que es el inicio del final de Pedro Castillo, pues es escandaloso que en menos de 8 meses se haya llegado a este nivel de degradación de la investidura que tiene y que esté involucrado en presuntos actos de corrupción, que configuran la incapacidad moral permanente que tipifica el art. 113 de la Constitución.

El tema de fondo es que en el Congreso no se tiene los votos, porque no importa las razones y argumentos que puedan sustentar la continuidad del gobierno, por lo que el debate de la vacancia será parte de este proceso que ya se ha iniciado para una transición de poder que exige el pueblo. Como dicen las encuestas, ¡qué se vayan todos!

Por cierto, sorprendió la incursión del abogado José Félix Palomino, que durante su exposición ha sido un desastre en la defensa legal del presidente, negando absolutamente todo, pero sin argumentar los fundamentos de su negación y ha pretendido hacer un discurso político, con exabruptos como comparar a G. Washington con Castillo, que quedará para la anécdota.

No hay vacancia, pero la suerte ya está echada para Castillo y también para el Congreso; que no disimulen.

NINGUNA AUTOPISTA DEL MUNDO TIENE SEMÁFOROS Y ROMPEMUELLES; EXCEPTO LAS NUESTRAS. EN TODO EL MUNDO LAS AUTOPISTAS SON RÁPIDAS Y SEGURAS; EXCEPTO ACÁ”

Los usuarios de la Autopista Lima / Paramonga nos preguntamos ¿por qué no se termina la obra, si falta tan poco? Pues resulta que contractualmente la obra está terminada. Incluso, la obra se terminó de construir antes de tiempo. El problema es que los accesos y pasos a desnivel, que claramente faltan en varios tramos de la autopista, no estuvieron considerados en el contrato de concesión. Me refiero al contrato suscrito entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Empresa Concesionaria Norvial.

Peor aún, para facilitar el cruce “seguro” de peatones, animales domésticos, bicicletas, carretillas, vehículos, y demás, se han instalado rompemuelles, allí donde debieron construirse los accesos y pasos a desnivel antes mencionados. El hecho es que aparte de los atrasos y largas colas que se forman alrededor de ellos, han ocurrido –y seguirán ocurriendo– muchos accidentes. Incluso, algunos fatales.

¿Por qué están mal hechas… habría que preguntarnos? Ninguna autopista del mundo tiene tantos rompemuelles; excepto las nuestras. En todo el mundo las autopistas son rápidas y seguras; excepto acá. En todo el mundo las autopistas cuentan con intercambios viales y pasos a desnivel, precisamente para facilitar la circulación rápida de los vehículos de carga y pasajeros, sin poner en riesgo a los vehículos y personas que tengan que cruzarlas; excepto en el Perú.

Pues bien, eso que es propio de todas las autopistas del mundo, no lo es en nuestro país. Al menos, en la autopista Lima / Paramonga. Por ello, muchos están sufriendo las consecuencias de las descomunales congestiones que absurdamente vienen ocurriendo en varios tramos de la autopista.

¡No hay derecho que se instalen rompemuelles en plena autopista, en vez de intercambios viales y pasos a desnivel, como deben ser! ¡No hay derecho que tengamos que sufrir demoras y molestias injustificadas, consumos innecesarios de combustibles, y accidentes que bien podrían evitarse!

Protestamos contra los semáforos y rompemuelles que se han instalado en la autopista Lima / Paramonga. Y en su reemplazo, exigimos la construcción de los intercambios viales y pasos a desnivel correspondientes.

MINISTERIO PÚBLICO DIRIGE DETENCIÓN PRELIMINAR CONTRA INVESTIGADOS POR CONTRATACIÓN EN PROVÍAS DESCENTRALIZADO A CONSORCIO TARATA III

El Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo de la Fiscal Provincial Karla Zecenarro Monge, ejecuta operativo de detención preliminar por 10 días, allanamiento, incautación, registro domiciliario y personal, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, contra 11 investigados, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, colusión agravada, organización criminal, uso de documento falso y falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado.

A Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, se le atribuye ser presunto autor del delito de tráfico de Influencias y delito de organización criminal; a Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Mas se les investiga por la presunta comisión del delito de colusión agravada y delito de organización criminal, como presuntos autores.

En tanto, Luis Pasapera Adrianzén, Zamir Villaverde García, George Peter Pasapera Adrianzén, Hector Pasapera Lopez, Victor Rony San Miguel Velasquez, Alcides Villafuerte Vizcarra, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, son investigados como presuntos cómplices primarios del delito de colusión agravada y presuntos autores del delito de organización criminal, mientras que a Víctor San Miguel Velásquez se le investiga también por presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de documentos.

Las diligencias se realizaron de manera simultánea en 13 inmuebles ubicados en los distritos de Ate Vitarte, Carabayllo, Miraflores, San Miguel, Comas, La Molina, Surquillo, Los Olivos, San Borja y San Juan de Lurigancho (Lima Metropolitana); así como en el distrito de Callao (Callao).

Las investigaciones están relacionadas a presuntos actos de corrupción respecto a la Licitación Pública N° 01-2021-MTC/12 ‘Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín’, convocada por Provías Descentralizado en la que se otorgó la buena pro –entre el 1 de mayo y el 28 de noviembre de 2021– al Consorcio Puente Tarata III, por la suma de S/ 232’587,014.30.

En el curso de las investigaciones efectuadas por el Ministerio Público se ha identificado una serie de irregularidades en dicha licitación, en las que estarían involucrados los miembros del comité de selección Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Mas, los representantes del consorcio Puente Tarata III, las empresas vinculadas a este y los investigados Bruno Pacheco Castillo y Karelim López Arredondo, que habrían tenido como finalidad favorecer al consorcio ganador.

Los miembros del comité de selección Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Mas habrían otorgado indebidamente la buena pro al Consorcio Puente Tarata III, pese a que este no habría acreditado la experiencia requerida en las bases para este tipo de obras. Asimismo, se evidenciarían presuntas intervenciones del funcionario de Provías Descentralizado Alcides Villafuerte Vizcarra y los ciudadanos Luis Pasapera Adrianzén, Marco PasaperaAdrianzén, MracoZamir Villaverde García, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, en el direccionamiento de la adjudicación de la buena pro de referida la licitación pública.

Estos actos se habrían realizado en acuerdo de voluntades con los imputados Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Mas (miembros del comité especial de Provías Descentralizado) y los investigados Héctor Pasapera López, George Pasapera Adrianzén, Víctor San Miguel Velásquez y Karelim López Arredondo, todos ellos en representación de las empresas favorecidas, para lo cual se contó con la intervención de Bruno Pacheco Castillo, cuando se desempeñaba como Secretario General del Despacho Presidencial.

La tesis fiscal señala que en el presunto direccionamiento de obras licitadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre ellas, obras de Provías Descentralizado, Zamir Villaverde García habría recibido beneficios indebidos y también habría otorgado beneficios indebidos a Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez como contraprestación por las gestiones realizadas por estos a través del otorgamiento de vehículos y departamentos para su uso personal, entre otros, conforme a lo declarado por la investigada Karelim López Arredondo.

Asimismo, se ha verificado que luego de la designación de Bruno Pacheco Castillo como Secretario General del Despacho Presidencial, el ciudadano Zamir Villaverde García también habría tenido vínculos con este, pues registra 4 ingresos a Palacio de Gobierno. Además, en algunas de estas visitas, figuran los ingresos de la ciudadana Silvia Barrera que coinciden con los ingresos de Villaverde García en fechas y horas.

¿OTRO FRAUDE ELECTORAL AD PORTAS?

Seguimos acercándonos a la fecha asignada para realizar unas elecciones clave para el futuro del país, como es la designación de gobernadores y consejeros regionales; al igual que de alcaldes, regidores provinciales y distritales. ¡Y nadie protesta! Porque los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones siguen siendo los mismos, presididos por un comunista llamado Jorge Luis Salas Arenas quien, con su doble voto, validó no sólo la postulación –presentada sin reunir todos los requisitos exigidos por ley– del hoy presidente Pedro Castillo, sino se negó a confrontar –con el padrón de Onpe– las actas cuestionadas por representantes de los partidos democráticos, que denunciaron serias irregularidades en aquel proceso.

¿Cómo es posible entonces, amables lectores, que sabiendo la calaña de quiénes están a cargo del órgano electoral sigamos siendo tan irresponsables permitiéndoles que se encarguen de una nueva elección igualmente de enorme trascendencia para asegurar la vigencia democrática y el Estado de derecho? ¿Qué demonios le ocurre a la sociedad peruana, que ha perdido el sentido de defensa de sus derechos constitucionales y cívicos?

Si no ejercemos nuestro rol ciudadano de manera muy enérgica y decidida, ¿qué esperar a futuro? ¿Qué el comunismo consiga su propósito de confiscar nuestra nación? Resulta verdaderamente suicida confirmar un comportamiento tan pusilánime, menguado y vergonzante de la población peruana, como el que viene exhibiendo cada vez con mayor desinterés, deshonra e indecencia.

A pasos agigantados estamos perdiendo nuestro país, y apenas un puñado de gente protesta, denuncia y enrostra la sinvergüencería, arrogancia con que sigue avanzando a paso firme el régimen marxista/senderista que nominalmente preside Pedro Castillo. No sólo se trata de defender nuestra nación de los embates ideológicos de esa banda bolchevique que se ha enseñoreado encaramándose en todos los espacios del Estado que pertenece a 32 millones de peruanos.

El problema también es la calaña de gente que hoy controla el aparato estatal. Sujetos sin la menor preparación, evidentemente seleccionados adrede para establecer un régimen chicha, que dependa de los ucases de una cúpula totalitaria. Como esta que encajan sentenciados por corrupción, incluso por terrorismo, cuando no asesinato, violación y cuanto crimen imagine, amable lector, cada cual más repugnante que el otro.

Ahí están los cerrones, bermejos y demás tipos absolutamente descalificados para gobernar, que hacen y deshacen amparados en la desidia y estupidez de una dirigencia política –y de un periodismo venal– que alientan cobardemente el laissez faire, laissez passer, ante el demoledor avance de la chusma que se apoderó del país, gracias a un sujeto apellidado Salas Arenas, cabeza del JNE. Un individuo que se apresta a consolidar su cometido, administrando otras elecciones clave para los objetivos del comunismo.

Hoy mismo el Congreso debe poner fin a tamaño atentado contra la inmensa mayoría de peruanos, obligando a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a que disponga el cambio de autoridades del Jurado Nacional de Elecciones a fin de garantizar que los peruanos tengamos unos comicios regionales, provinciales y distritales libres de la más mínima sospecha de fraude, absolutamente despolitizados y ajenos a cualquier triquiñuela.

DE RIPLEY EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: FISCALÍA ANTI CORRUPCIÓN SOLICITA APARTAR DE LA UGEL 16 AL JEFE DE OCI!

El sector educación en el gobierno regional da lástima. Las denuncias e investigaciones por corrupción en algunas ugeles han alcanzado niveles nunca antes visto en otras gestiones.

Preocupados en cualquier cosa, este sector se encuentra en cuidados intensivos y que ha merecido incluso la intervención de la fiscalía anti corrupción en la ugel de Barranca, debido a que los mecanismos de control interno y de la propia dirección regional de educación simplemente o no existen o no cumplen con sus labores.

El primer despacho de la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios del estado que viene investigando serias denuncias en la ugel 16 de Barranca, ha solicitado a la Contraloría General de la República APARTAR DE LAS LABORES DE CONTROL al jefe de OCI (órgano de control institucional) al funcionario Emer Tarazona Salas por ser parte de las investigaciones.

Según la tesis fiscal por la documentación incautada el citado funcionario habría recibido dinero por concepto de traslado de gastos en enero del 2021 de forma irregular. En ese lapso de tiempo no se fundamentaba el ingreso a laborar, y más aun no existía aprobación de la certificación presupuestal y tardíamente se subsano con una resolución directoral en el mes de febrero, una fecha posterior al monto percibido.

Pero ese no seria solo el motivo de las investigaciones, en la II parte presentaremos en exclusiva como habría sido el modus operandi en dicha ugel para apropiarse de una fuerte cantidad de dinero y en la que, para variar, estarían comprometidos el 99% de trabajadores, incluido el mismo director de dicha entidad.

El caos en el sector educativo no se solucionan con buenas intenciones, el actual director de la DREL es el abogado Edgar Sánchez, quien además cumple simultáneamente  la labor de Director regional de Trabajo, y no cumpliría el perfil pues desconoce la situación magisterial, que solo le correspondería según el perfil,  a un DOCENTE CON EXPERIENCIA.

Pero eso no es todo, regresamos porque la paciencia es nuestra mejor virtud.

CAOS EN EL SECTOR EDUCACION EN LA REGION LIMA, FISCALÍA INVESTIGA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DENTRO DE LA UGEL 16 DE BARRANCA

Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios han sido creadas para perseguir los delitos de corrupción, en cuya esfera se considera la intervención de dos agentes (el corruptor y el corrupto), cuyas conductas contrarias a la ley, afecta el correcto funcionamiento de la Administración Pública.

Las funciones que realizan han permitido el esclarecimiento de muchísimas denuncias, en estos años han dirigido, coordinado y realizado la investigación para la obtención de datos o medios de prueba vinculados a hechos que probablemente constituyan delitos que la ley considera como delitos en materia de corrupción de funcionarios del estado.

Hace una semana, se intervino la Ugel 16 de Barranca debido a diversas irregularidades y que han permitido la identificación de presuntos delitos de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, falsedad ideológica, falsificación de documentos, colusión agravada y malversación en agravio del estado.

La acusación es tan grave, que estarían involucrados el 99 % del personal de trabajadores de dicha ugel, incluido el propio director de esta entidad, sus secretarias, trabajadores, y hasta un funcionario de la mismísima OCI.

En breve toda la información, que contienen las irregularidades y modus operandi que han puesto a descubierto a esta presunta organización criminal que operaba dentro de la Ugel 16 de Barranca.

¿Porque tanta demora para cambiar al director de la Drel y los directores de las 9 ugeles de la región Lima, teniendo en cuenta que el titular no es docente de profesión?. Mañana un informe completo. La paciencia es nuestra mejor virtud.