La zarpa y el hocico del lobo comienzan a asomar bajo la piel del supuesto cordero chotano. Las uñas largas ya las conocíamos, ahora exhibe también el colmillo antidemocrático. El ministro de Justicia, Félix Chero, se fue de boca ayer y confesó públicamente que en el Ejecutivo se está tramando un cierre del Congreso.
Y es que detrás de
tanta incompetencia, conflictos sociales fuera de control, nombramientos de
sujetos con antecedentes delictivos para puestos clave del Estado y la
interminable seguidilla de escándalos de corrupción que involucran directamente
a la familia y el paisanaje presidencial, además de otros habitúes de Palacio,
la careta democrática de este Gobierno parece ya quedar sobrando.
La amenaza del
ministro fue clarísima: “Confío en que (en) la recomposición de la Mesa Directiva
se tenga miembros que puedan generar líneas de consenso, que puedan dialogar y
puedan agendar un proyecto de Gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo.
De lo contrario se evaluará en su momento (el cierre del Congreso). No
descartamos esa posibilidad”.
Es decir, a lo
Fujimori. A juzgar por las palabras de Chero, el plan está, pues, sobre el
escritorio de Pedro Castillo, lo que faltaría es la eventual anuencia del
gabinete y el pretexto para ejecutarlo. Que el mandatario recuerde, sin
embargo, que Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y la corte militar y civil
en pleno que fue cómplice del autogolpe y cierre del Congreso en 1992 todavía
purgan condenas en distinto penales del país.
Una cosa es que desde
el Parlamento se generen iniciativas de vacancia basadas en mecanismos que
nuestra Constitución posibilita y otra es forzar el cierre del Legislativo con
artimañas y leguleyadas, solo porque obstaculiza los planes del Ejecutivo, tal
y como se desprende de la amenaza del ministro. A no dudarlo, Chero debe ser
censurado de inmediato, por mucho que en las últimas horas se esté
multiplicando en medios y redes para “traducir” lo que realmente dijo y quiso
transmitir como mensaje al Congreso y, cómo no, al país.
Acorralado por sus
propios fracasos, su prácticamente nula credibilidad y las demoledoras
evidencias de corrupción que apuntan a Palacio, el Gobierno de Pedro Castillo
parece estar pensando ya en jugar su última carta para aferrarse al sillón de
Pizarro. Las fuerzas democráticas deben permanecer en alerta máxima.
