¡ASAMBLEA DE MENTIRAS!

“Los Estados que demuestran mayor estabilidad tienen constituciones con décadas de vigencia”.

En sencillo, la Constitución supone fijar las principales directrices normativas para el funcionamiento del Estado.

Definir un marco económico, tributario, social, el control de poderes, la estabilidad, en suma, la hoja de ruta. Ahora bien, toda norma jurídica es el producto de un contexto específico (por eso, mientras más general sea, mejor) y ello supone que, con el paso del tiempo, podrá ser susceptible de modificaciones. Es más, es un deber revisar permanentemente las disposiciones contenidas para que no pierdan vigencia. Y eso es, revisar y modificar. No se trata de romper el librito y volver a empezar.

Los Estados que demuestran mayor estabilidad tienen constituciones con décadas de vigencia. Para eso están los mecanismos que permiten modificar la Constitución; mecanismos que ella misma utiliza para protegerse de cambios antojadizos que podrían torcer el destino del país.

Ofrecer en campaña un cambio de Constitución, sobre todo a los sectores más vulnerables, no fue sino un burdo facilismo para crear una bandera que enarbolar y que “unifique” las necesidades de esa misma población. Hacerle creer a la gente que un cambio de Constitución acabaría con el desempleo, la corrupción o la pobreza, no fue sino mentirle en la cara a la gente. Porque eso es una mentira sideral.

Ahora, siendo ya presidente, habiendo ofrecido mentira tras mentira y viendo cómo su barcaza apunta al naufragio, saca como as bajo la manga un proyecto de ley para que satisfaga la demanda de quienes exigen se cumplan las promesas de campaña. Pero saca ese as sabiéndose perdedor. Le traslada al Congreso la responsabilidad de no hacer lo que el “pueblo” demanda y nadie podrá reclamarle que no hizo lo que ofreció, o por lo menos lo intentó. Honestamente, no sé si le alcance. Claramente ha distraído los titulares de la corrupción hacia la Asamblea Constituyente. Pero, como todo en este gobierno, será fugaz. Deje de mentirnos, señor presidente. Su credibilidad se agotó el 29 de julio de 2021.

SALTO AL VACÍO: GOBIERNO RECURRE A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE SIN ANTES RESOLVER LOS TEMAS PENDIENTES.

Parece la típica maniobra destinada a ganar tiempo y de tener una carta de negociación con los gremios y las comunidades en conflicto, para seguir alentando la polarización, y que se usa pese a que tiene asegurado el fracaso. La propuesta presidencial de someter la convocatoria de la Asamblea Constituyente a un referéndum en octubre, junto con las elecciones regionales y municipales 2022, tiene toda la apariencia de un salto al vacío, sabiendo que no pasará por los filtros del Congreso y que no existe el momento constituyente.

Como estrategia de sobrevivencia, deja en claro la desesperación de sus autores. No hay soluciones a los reclamos, no hay obras en marcha, no hay gestión de gobierno, no hay coordinación entre sectores ni resultados que mostrar. Entonces, se usa malamente la Asamblea Constituyente para acallar la protesta, extremar el debate político y buscar distraer con un tema que merece atención, respeto, debate y que se malbaratea por intenciones subalternas.

La Asamblea Constituyente y una nueva Constitución responden, sin duda, a la esperanza de cambio para muchos peruanos. Ha sido una demanda largamente ansiada y ha coexistido en estrecha relación con el antifujimorismo, la lucha contra el régimen y la posterior acción cívica en las calles para evitar la elección de la heredera del dictador.

Son veinte años de construcción de un sentido común que no debía dejar dudas sobre la necesidad de un nuevo pacto social que establezca los roles del Estado, la empresa privada, los inversionistas, etc. Toda esta labor se ha echado por la borda para adecuarla al mandato de Cerrón y a la obediencia de Castillo, cuyo gobierno se hunde inexorablemente en el descrédito. Ahora la Constituyente es una tabla de salvación en medio de un mar de protestas irresueltas.

El debate sobre la nueva Constitución es de tal importancia, que no merece ser mal utilizado en este escenario donde tanto el Ejecutivo como el Congreso no cuentan con respaldo popular suficiente, la Comisión de Constitución perfora y perfora la actual Carta Magna, los partidos políticos son fábricas de firmas y estamos en medio de una crisis política generalizada, donde imperan la inestabilidad y la corrupción.

Lo prudente siempre fue alentar el mayor debate posible sobre la necesidad de una nueva Constitución. El momento constituyente es resultado de este proceso y no un acto voluntarioso de quien parece no encontrar otra puerta de escape.

PERSONAL DESCALIFICADO

“Este copamiento desvergonzado del Estado con gente de PL, del círculo de allegados a Vladimir Cerrón, del tropel de paisanos y amigos de Pedro Castillo, es el que tiene al país paralizado”.

Un informe de la Contraloría confirmó, por enésima vez, que la meritocracia en este gobierno no tiene cabida. No hay filtros, no hay revisión de antecedentes de los funcionarios propuestos y menos capacidad de reacción cuando el periodismo de investigación descubre que ese funcionario amigo designado o es un corrupto o es un maltratador de mujeres.

Eso, por supuesto, en caso de que no lo supieran antes de nombrarlo, pues, como se ha dicho, pareciera más bien que, al contrario, ese es el perfil del funcionario que buscan: alguien que no tendrá el menor escrúpulo en cometer abusos o transgredir la ley si se presenta la oportunidad (¿o se lo pide el partido?). Es un patrón que ya se repite demasiado como para pensar que se trata de descuidos.

Es el caso del secretario general de Palacio de Gobierno, Jorge Alva. Era suficiente motivo para echarlo del cargo cuando Perú21 publicó que este personaje había sido denunciado por violencia familiar. Pero, como siempre, Castillo ni lo hizo. Ni se inmutó. ¿Quizás porque comparte comportamientos machistas? ¿O es que le parece poca cosa la agresión a una mujer? Un simple accidente de la vida marital, digamos…

Como también debe pensar así la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, quien sigue ahí muy campante, moviendo y firmando papeles en su escritorio, mientras en Palacio el presidente despacha con un abusador de mujeres al lado suyo.

Ha tenido que ser la Contraloría la que señale que Alva no es una persona idónea para desempeñar este alto puesto en el aparato del Estado. Y así como Alva, hay decenas de funcionarios que ocupan puestos estratégicos en el escalafón de la administración pública, designados por el oficialismo, sin ningún tipo de capacidad profesional, experiencia y, es más, con trayectorias de dudosa honestidad.

Este copamiento desvergonzado del Estado con gente de PL, del círculo de allegados a Vladimir Cerrón, del tropel de paisanos y amigos de Pedro Castillo, es el que tiene al país paralizado. Hasta algunos de los embajadores políticos propuestos tienen como único mérito en sus CV la pertenencia a Perú Libre, como el caso de Soria Reátegui para la representación de Noruega.

Es decir, primero siempre los amigotes. Y mucho después, el servicio a la ciudadanía.

SALTAN DEL BARCO

Ahora que Castillo se tambalea por sus propias carencias y desatinos, pero también por lo trasnochada de su ideología, sus socios primigenios de la izquierda local, que se embarcaron con él para sostener un gobierno que buscaba hacer retroceder al Perú con un proyecto político obsoleto, han decidido saltar públicamente por la borda.

No solo eso, en su intento de marcar distancias para no chamuscarse con el oficialismo, improvisan severas críticas a la gestión de la que ellos participaron y contribuyeron a aupar con los técnicos de los que obviamente carecía la hueste cerronista, que una estadística actualizada situaría –a los recomendados de Vladimir– hoy más cerca de los archivos criminales que de colegios profesionales o universidades de prestigio.

Es cierto que desde el principio las cabezas visibles de Perú Libre manifestaron su desprecio por lo que ellos denominaban la izquierda “caviar” o “pituca”, encarnada en los partidos Nuevo Perú y Frente Amplio. Desprecio que, cuando miembros de esos partidos fueron reclutados para encabezar ciertos ministerios en los primeros meses de este gobierno, se convirtió en un rechazo total que hasta hoy enfurece a Vladimir Cerrón, como se puede apreciar en sus constantes tuits acusándolos de traidores y demás denostaciones bolcheviques.

Como suele decirse, no hay peor enemigo de un izquierdista que otro izquierdista. Sin embargo, los líderes de esos grupos que hoy intentan desmarcarse de la administración Castillo –Verónika Mendoza, Mirtha Vásquez– fueron inocultables cómplices del desastre, casi tanto como Cerrón y los suyos.

Sin ir muy lejos, la presidenta en funciones de Nuevo Perú, Anahí Durand, acaba de “poner su cargo (partidario) a disposición” pues, al revelarse que era una caletísima consultora de la PCM, antes que encabezar un partido minúsculo, prefirió obviamente quedarse con su sueldo de asesora.

Después de callar en todos los idiomas durante estos 8 meses, cuando les abrían la puerta de Palacio y colocaban a su gente en puestos bien remunerados de la administración pública, han decidido lanzarse tardíamente contra un gobierno que ya desde el principio daba muestras elocuentes de insolvencia moral e incapacidad.

Es imposible soslayar el hecho de que, si Castillo llegó hasta este nivel de descalabro, la izquierda local también aportó lo suyo.

 

CAOS Y DESGOBIERNO

Desde el último fin de semana el país entero viene siendo testigo de violentas movilizaciones sociales contra el gobierno en casi todas las regiones. Han confluido plataformas de distintos sectores productivos que reclaman tomar acción frente a los serios problemas de inflación (alza descontrolada en los precios de los productos alimenticios) y la subida de los combustibles.

Lo que comenzó con una medida de fuerza del gremio de transportistas de carga pesada, gracias a la ineptitud del gobierno, y especialmente la del presidente Castillo, ha degenerado en una peligrosa escalada de bloqueos de carreteras, disturbios callejeros, ataques a instalaciones del Estado y hasta episodios de saqueos que han atemorizado a la población y llevaron incluso a una apurada suspensión de clases presenciales en los colegios.

El caos social se hace patente ante la lenidad de un gobierno que continúa sin brújula, extraviado entre escándalos de corrupción y un gabinete, que ni a la sombra ni a la luz del día logra dar pie con bola. Luego de 8 meses de gestión, la credibilidad y liderazgo de Castillo están por los suelos.

Y de tan clara falta de autoridad se aprovechan extremistas y grupos inescrupulosos como el de los transportistas informales, que no contentos con manejar a su gusto el MTC –que el Ejecutivo les entregó en bandeja creyendo que así se los metía al bolsillo– también pretenden sacar su cuarta en medio del desorden con exigencias tan desproporcionadas como delincuenciales, tipo la desaparición de la Sutran o que les borren sus papeletas.

El descontento social ante la torpeza de un presidente que prefiere ir a una ceremonia de condecoración en lugar de acudir a donde las papas queman, se ha desbordado, poniendo en riesgo la propiedad privada, la seguridad de la ciudadanía y la economía del país, pues todas las paralizaciones tienen un costo. Y si piensan que el descalabro se detendrá con solo decretar estado de emergencia en las zonas donde la población se ha levantado, como amenazó ayer el ministro de Cultura, el gabinete sigue en Babia. Al parecer, Torres y compañía ni siquiera se han enterado que Moody’s, la conocida calificadora internacional de riesgo, acaba de expresar, en un informe reciente, sus dudas de que Castillo logre acabar su período de gobierno.

La sensación de descalabro es, pues, generalizada.

PERÚ RUMBO AL DESASTRE

El choque de trenes parece inevitable. El analfabetismo gubernativo del presidente Castillo es el dinamo de dos locomotoras que viajan en sentido contrario por la misma vía férrea. Las finanzas nacionales hacen agua porque, primero, Castillo asumió como propio un mar de subsidios creados por el miserable Vizcarra para encubrir su infame manejo de la pandemia que quebró a medio país.

Pero simultáneamente Castillo hace lo indecible por destrozar la minería, principalísima fuente generadora de divisas y de impuestos, cumpliendo una de las metas del plan bolchevique para imponerle al Perú un régimen marxista.

En medio de tamaño contrasentido (emitir soles para quemarlos en subsidios, mientras reduce adrede el ingreso de reservas e impuestos paralizando las operaciones de las principales mineras cupríferas, cuando el precio del cobre toca su nivel histórico más alto), mientras esto sucede, repetimos, Castillo reduce en 90% el ISC al combustible y, asimismo, aumenta el sueldo mínimo.

La suma de ambos es un gigantesco forado financiero fiscal. Es más. La reducción del ISC al combustible fue su respuesta al violento paro de los huancas, que protestan por la incapacidad del gobierno que ha desatado un alza brutal del costo de vida. Pero el paro de Junín se repite en el resto del país. Y como Castillo ha demostrado que claudica a la primera de bastos, las exigencias de las demás regiones quebrarán al país en dos papazos.

Esto, amable lector, sólo tiene una explicación: el país eligió presidente a un neófito en todo; menos en destruir las bases fundamentales de nuestra nación. Comenzando por la Economía. ¡Era de esperarse! A un dirigente sindical que defiende al gremio político de sendero luminoso, no le interesará que cuadren las finanzas públicas. Al contrario. Castillo buscará la bancarrota nacional para ejercer su plan totalitario de cubanizarnos.

Van dos calificadoras de riesgo que disminuyen la calificación del Perú, al borde de convertirnos en economía basura. ¡Y nadie protesta! Este pánico de enfrentarse a un régimen pro senderista quedará grabado en la historia como que millones de peruanos no se atrevieron a confrontar al atrabiliaro gobierno de un inepto apellidado Castillo.

Según Carmen Reinhart, vicepresidenta del Banco Mundial, “El Perú se encuentra en riesgo de caer en ‘estanflación’ (alta inflación, baja recuperación -caída del PBI, y alto desempleo-).” Es evidente que estamos pagando el costo de haber elegido a un sujeto incapaz de conducir coherentemente el país. Un individuo avieso que nos lleva directo al desastre mientras muchos peruanos ven, como idiotas, que a su país lo destruye un comunista trajeado de maestro de nada.

¡Porque Castillo es un omiso por donde se le mire! Un iletrado que, como el mismo lo ha reconocido, no tiene la más pálida idea de cómo se gobierna. Un peligro al que la mayoría de este país lo encaja como zombies, en tanto su nación se va al demonio.

Este “aprendizaje” que dice practicar Castillo nos costará primero la quiebra nacional; y muy próximamente, el resurgimiento de tiempos atroces. Como aquel sanguinario cuarto de siglo que acabó en 1992.

LA OPOSICIÓN YA NO SABE PARA QUIÉN TRABAJA

Luego del fracaso de su segundo intento de vacar la Presidencia en los primeros ocho meses de este quinquenio, todo indica que la oposición no va a cejar en su terca determinación e irá ahora por la destitución del presidente.

Como ya es público, la vacancia por causal de “incapacidad moral permanente” es una barbarie que carece de debido proceso y consiste en lo que se le antoje a la mayoría de turno en el Congreso. La vacancia por destitución, en cambio, es una figura constitucional que tiene un debido proceso e involucra a la subcomisión de Acusaciones, a la Comisión Permanente y al Pleno del Congreso. El proceso se sigue rigurosamente con plazos cerrados y plazos abiertos que pueden modificar su duración. No obstante, los conocedores estiman improbable que el proceso entero tome menos de tres meses y piensan que, eventualmente, puede llevar cuatro o cinco.

Para entonces ya habrá un nuevo presidente del Congreso.

De prosperar la destitución, asume el primer vicepresidente hasta el final del periodo. Salvo, claro, que la oposición decida vacar nuevamente la Presidencia para que, como manda la Constitución, asuma el presidente del Congreso y convoque de inmediato a elecciones.

Ese, precisamente, parece haber sido desde el principio el plan de la oposición, ya que, desde su punto de vista, cambiar al presidente actual por su vicepresidenta es solo más de lo mismo.

Pero en cuatro meses más habrá un nuevo presidente del Congreso o estará por haberlo. La nueva Mesa Directiva del Congreso se elige todos los años el 26 de julio, llueva o truene.

Una destitución en proceso convertirá la elección de la Mesa Directiva del Congreso en una feria: la virtual elección de un potencial presidente de la República sin el pueblo, solo entre congresistas. Un espectáculo grotesco.

La oposición no sabe para quién trabaja si insiste en su plan descabellado.

Es hora de que reinvente toda su estrategia.

COSTO DE VIDA, FALTA DE CREDIBILIDAD Y PROTESTAS

Desde una perspectiva económica, las fuertes protestas que tienen lugar en Junín reflejan, principalmente, dos factores.

El primero, es el encarecimiento del costo de vida por la elevación de los precios de diversos alimentos y de los combustibles. Efectivamente, la inflación acumulada en los últimos veinticuatro meses es de casi 10%, una erosión no despreciable del poder adquisitivo de los consumidores. Es importante aclarar que la aceleración de la inflación se explica por factores externos que han elevado las cotizaciones internacionales del petróleo y de commodities agrícolas que se usan en la producción de alimentos elaborados. Lamentablemente, debido a la guerra en Ucrania, la normalización de estos precios internacionales va a demorar algo más.

Ante esta situación, el Banco Central viene elevando la tasa de interés de referencia desde agosto del año pasado para evitar un mayor desanclaje de las expectativas inflacionarias. Asimismo, el gobierno ha incorporado otros combustibles al Fondo de Estabilización para estos productos y elevado el monto del vale que se otorga a las familias empadronadas en el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

Además, acaba de anunciar recortes del ISC para combustibles y la exoneración del IGV para diversos alimentos, medidas debatibles porque favorece a sectores que no requieren apoyo, puede tener un alto costo fiscal y, si bien se ha mencionado que estas son transitorias, es previsible que será difícil revertirlas.

El segundo factor detrás de las manifestaciones es la falta de credibilidad y liderazgo para comunicar y explicar las razones del incremento de los precios y las medidas que se vienen implementado para atenuar sus impactos. Las intervenciones públicas tienen mayor eficacia cuando el público entiende el origen del problema y la racionalidad de las medidas.

Lamentablemente, explicaciones incoherentes de diversos representantes del oficialismo acerca del reciente incremento de los precios (“culpa de los oligopolios”, “grupos de poder”, “la Constitución no permite regular los precios”, etc.) no ayudan y lo que percibe el público es que, ante diagnósticos simplistas, no se toman acciones y se generan expectativas que no son adecuadamente canalizadas.

En general, las medidas para mitigar la pérdida de bienestar que generan estos incrementos de precios deben continuar focalizándose sobre los sectores más vulnerables de la población, que son los que están más expuestos. Y de otro lado, es necesario que las autoridades recuperen la credibilidad en sus explicaciones y anuncios de medidas para enfrentar esta situación.

LOS ONCE DEL PROFE

“Nos referimos a los once involucrados en este escándalo de corrupción que llega hasta el propio gobierno y tienen una orden de detención preliminar por la licitación direccionada en el MTC”

No se trata de nuestros seleccionados que tantas alegrías nos han dado, nos referimos a los once involucrados en este escándalo de corrupción que llega hasta el propio Gobierno y tienen una orden de detención preliminar por la licitación direccionada del puente sobre el río Huallaga llevada a cabo bajo la responsabilidad del MTC y del exministro Juan Silva, otro hombre de confianza del presidente Castillo.

Toda la investigación fiscal y el pedido de esta medida restrictiva de libertad se basan en las declaraciones de Karelim Lopez –como aspirante a colaboradora eficaz–, que han significado ahora la detención de varios de ellos; ahora sí se podrá corroborar lo dicho y validar las pruebas que ya tiene la Fiscalía.

Por esto, la situación legal de los prófugos de la justicia, tanto Pacheco como los sobrinísimos, se complica. Evidentemente, ahora sí hay argumentos contundentes para pedir una medida más drástica, como la prisión preventiva, en vista del peligro procesal de haber pasado a la clandestinidad. Paradójico, si les hicieron el favor para fugarse.

Es evidente que el clan Pasapera, que agrupa a estos hermanos –empresarios mafiosos– que ya tenían antecedentes de estar involucrados en corrupción en el gobierno regional de “la bestia” Álvarez en Áncash y con Gregorio Santos en Cajamarca, a quienes delataron en sendos juicios; ahora empezarán a entregar toda la información de este escándalo de corrupción. No creemos que se sacrifiquen, con los antecedentes que tienen, para proteger a los “peces gordos”.

El círculo se va cerrando porque también entre “los once del profe” están funcionarios de mando medio del MTC y, sobre todo, del comité de licitación, quienes también delatarían a los corruptos a los que antes servían; ahí aparecerán pruebas más contundentes del grado de podredumbre de este gobierno.

En proyección contemos los 10 días de la detención preliminar; si en este periodo estas personas capturadas facilitan información y salen libres significará que se iría cerrando el círculo que gatille el fin del gobierno de Castillo. La suerte está echada.