LA TALLA DE PEDRO CASTILLO

Hace poco el presidente Pedro Castillo fue a la playa a realizar ejercicios. Para muchos el problema fue la talla de su short. Para mí el problema es que no da la talla en el máximo cargo de la Nación.

El Gobierno es hoy un propalador de crisis y la única preocupación del Jefe de Estado parece ser cómo llegar al fin de su mandato sin importarle en qué condiciones. Sin embargo, este propósito tiene un límite: la realidad. El mandatario hace un esfuerzo supremo para mandar todo al carajo. El último escándalo sucedió por las reuniones clandestinas con personas que contratan con el Estado, amigos y ministros. Parecía un Ejecutivo paralelo en la casa de Breña. Esto, como mínimo debe ser investigado por el Ministerio Público.

Quizás por irregularidades como esta y falta de transparencia, la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), da cuenta que el 62% de peruanos cree que el actual Jefe de Estado no terminará su gestión. En tanto, un 31% estima que durará cinco años.

La situación es compleja para Castillo ya que hoy por hoy en el centro y sur del país, otrora bastiones del profesor, le han dado la espalda. Es lógico porque en la segunda vuelta del último proceso electoral, la gente se unió en torno a su candidatura, no porque coincidía ideológicamente o porque respaldaba su programa sino porque quería vencer a un adversario común. Esto se logró y hoy no hay más motivos para seguir apoyándolo.

Está claro que el presidente no tiene liderazgo ni capacidad para resolver los problemas de los peruanos. Si a esto sumamos que su honestidad y autoridad moral están en entredicho, la gobernabilidad pende de un hilo.

Esperemos que no culpe a los anteriores presidentes o al sistema de todo lo malo que pasa en su gestión. La ética que tanto pide en los demás, debe practicarla él. Como decía el filósofo español Fernando Savater: “La ética es la reflexión que cada sujeto hace sobre su libertad. Probablemente tenga una influencia o alcance social, pero la ética no es social sino personal”.

CASA MAYOR: EL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO VISITÓ LA CASA DE BREÑA Y FUE CAPTADO POR NUESTRO EQUIPO PERIODÍSTICO

1.- El reportaje de Cuarto Poder sobre reuniones nocturnas en la casa de Breña revelaría  la existencia de una gestión paralela de intereses públicos. Un hecho grave que atenta contra uno de los principios más importantes de lucha contra la corrupción, la TRANSPARENCIA.

 

2.- Tras reportaje periodístico que evidenciaría reuniones del presidente  Pedro Castillo fuera de su despacho en Palacio de Gobierno, el defensor del pueblo,  Walter Gutierrez, demanda al mandatario explicar hechos que revelarían existencia de  un despacho presidencial paralelo.

 

ALGO MÁS

La camioneta de placa D3Z 583 apareció en Sarratea. El vehículo está a nombre de Brunner SAC, cuyo gerente general es More Llens Brunner Ruiz, quien tiene dos contratos millonarios con el Estado.

NO MÁS POBRE EN UN PAÍS DE COIMAS

Javier Diez Canseco, otrora líder de la izquierda peruana, señaló que “necesitamos una Nación donde la corrupción no sea una forma consentida de gobernar”. Entonces, nos preguntamos: ¿Es la “corrupción” o la “negligencia de gestión”, la verdadera causal de “incapacidad moral” permanente en la conducción de una Nación?

En pleno proceso de vacancia presidencial, queda en evidencia que la corrupción toca las puertas de Palacio y se alista a salpicar a muchos. En poco más de 100 días de gobierno, los peruanos hemos sido testigos de lamentables escenas de evidente corrupción en la casa de Pizarro. Su secretario general, un maestro y líder sindical, designado en este puesto estratégico por el mismísimo presidente de la Republica, aquel que pregona “no más pobres en un país rico”, ha sido desenmascarado no solo por la fiscalía, con el descubrimiento de 20 mil dólares en efectivo en un armario de un baño en su despacho, sino también con el descubrimiento de la unidad de inteligencia financiera, de 80 mil soles en sus cuentas bancarias.

Seguramente, habrá un proceso legal de investigación y se le ofrecerá ejercer su derecho de defensa y probar (si acaso puede) que el dinero descubierto proviene de fuente licita, añadiendo a este espectáculo lamentable, la investigación en curso sobre las presuntas presiones ilícitas que el mismo personaje habría ejercido sobre la SUNAT (para favorecer a terceros), y sobre su pretendida injerencia para intervenir ilegalmente en la selección de oficiales de las Fuerzas Armadas para los cuadros de ascenso y, como cereza de la torta, lo señalado por algunas voces en redes que acusan habrían “tarifas” que se cobraba a los ciudadanos para acceder a entrevistas con ministros de Estado o con el propio mandatario de la Nación.

Lo cierto es que la investigación recién empieza y, de acogerse a la colaboración eficaz, podrían terminar involucradas otras autoridades, insospechadas aún. Mientras esto sucede, el pueblo no ha oído ningún deslinde claro y firme del presidente Castillo ante los indicios e investigaciones iniciadas por la Fiscalía, más allá de sus ambiguas frases en plazas públicas.

Entonces, la pregunta de cajón es: ¿Es la corrupción o la incapacidad de gestión, la llave Constitucional para abrir la puerta de incapacidad moral permanente? Los partidos políticos elegidos por voto popular, que conforman el Congreso de la Republica y que representan al “pueblo”, tienen la obligación de deslindar y definir claramente su posición en consecuencia con lo señalado en el artículo 113 de nuestra Constitución.

BILLETES SIN SALIDA

Esos 20 mil dólares encontrados dentro de una caja, en el baño de la Secretaría de la Presidencia de Palacio de Gobierno, ocupado en ese momento por el exsecretario presidencial Bruno Pacheco –durante una diligencia de oficio de la Fiscalía Anticorrupción en Palacio− ameritan una rápida y exhaustiva investigación.

Las explicaciones que dio Pacheco sobre el dinero –que era producto de sus ahorros y el sueldo que percibía como funcionario− resultan irrisorias a la luz de sus antecedentes, que justamente motivaron la intervención del Ministerio Público.

Además de haberse entrometido groseramente en los procesos de ascenso en las Fuerzas Armadas y Policiales, el secretario también intentó presionar al superintendente de la Sunat, Luis Enrique Vera Castillo, para que favoreciera a empresarios amigos en sus problemas con el fisco, llegando incluso a amenazar veladamente con removerlo del cargo.

De ahí la importancia también de verificar la identidad de las personas que frecuentaban su despacho, como ya se ha hecho con los coroneles de la PNP que luego fueron ascendidos irregularmente a generales. Porque, aparte de las instituciones militares, ¿cuántos empresarios amigos del gobierno en aprietos fiscales habrán pasado por esa “salita”?

Según la Fiscalía Anticorrupción, podrían estar en juego delitos como patrocinio ilegal, enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos. Y ante la inminente, obligatoria revisión de sus comunicaciones y cuentas bancarias, tampoco se descarta una eventual detención preventiva.

Si obró motu proprio o por encargo del mandatario, lo deberán dilucidar las investigaciones, pues estaríamos hablando de un caso muy grave de tráfico de influencias. Hay mucho por aclarar y dado que el presidente Castillo no lo hace, la Fiscalía tendrá que hacer, expeditiva y rigurosamente, su trabajo sin que a algún coordinador del Ministerio Público le tiemble la mano.

En circunstancias en que va abriéndose paso una moción de vacancia presidencial en el Congreso de la República, el oficialismo ya no puede alegar ningún tipo de complot ni mucho menos echarle la culpa a la prensa, como suele hacer. Esta vez deberá ser consecuente con sus propias acciones y decisiones.

PRESENTAN PEDIDO DE VACANCIA CONTRA EL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO POR PERMANENTE INCAPACIDAD MORAL

Veintiocho parlamentarios presentaron el pedido de vacancia en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, por permanente incapacidad moral.

El documento sustenta que de acuerdo con artículo 89-A de reglamento del Congreso de la República que regula el procedimiento de vacancia presidencial por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú.

Sobre ello, exponen que una de las causales de vacancia es el uso de fondos públicos del Gobierno Regional de Junín para el financiamiento de la campaña electoral de Perú Libre, hecho que se encuentra en investigación por la Fiscalía

Del mismo modo, aseveran que otra de las razones para tal pedido por parte de la oposición refiere también a la designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo y/o acusados de apología al mismo.

Además, en el documento incluyeron también el caso del ex secretario general de Presidencia, Bruno Pacheco, y su intervención en los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas o el hecho de haber presionado al jefe de la Sunat para favorecer empresas que tienen deudas con la mencionada entidad.

Por esas y otras tres razones más, los legisladores de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular emiten el pedido de vacancia para el mandatario peruano.

GOBIERNO DINAMITA LA LEGALIDAD PARA LA INVERSIÓN EN EL PAÍS

¿Recuerda, amable lector, la reciente asonada contra el campamento de la minera Apumayo en Ayacucho, donde incendiaron decenas de unidades y equipos de perforación, transporte, etc., arrasaron con todas las instalaciones de esta importante mina aurífera y amenazaron con quitarle la vida a los ejecutivos y trabajadores que regresasen a esas instalaciones privadas? Fue un acto vandálico, criminal. Algo nunca registrado, que revela el grado de crispación social al que viene llevando al Perú.

A pesar de lo escalofriante de las fotografías y videos que demostraron el hito de violencia desatado, la noticia no produjo la conmoción que correspondía porque el gobierno se encargó de extinguirla, bajo los mecanismos desinformativos característicos de las izquierdas.

Toda una farsa. La principal voz de “sosiego” y “normalidad” provino de la primera ministra Mirtha Vásquez, una antiminera por antonomasia, integrante de la ONG Grufides propiedad de su mentor, el comunista ex cura Arana. Sin embargo, esta pequeñeja premier, con voz suavecita y modos inocentones se convierte en fiera indomable al tiempo de encarar el tema de la minería nacional. Vásquez no puede contener su resentimiento social.

Y mucho menos aún, está dispuesta a perder su carrera labrada a pulso en ese apetitoso negocio de la antiminería, suculentamente financiado a través de oenegés -como a la que ella pertenece- por los grandes capitalistas dispuestos a controlar países como el Perú. Ejemplo, el magnate Soros.

Sin embargo, al momento en que Vásquez fuera designada premier, los mineros, la SNI, Confiep, muchos bancos y empresas de diferentes gremios aplaudieron su designación. Olvidaron como suelen hacerlo el poema de Niemöller: “Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista.

Después vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí”. Es bueno recordarlo, amable lector. ¡Sobre todo, ahora! Porque, como sentenció el filósofo Edmund Burke, “Lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada”.

Como corolario al ataque terrorista -eso fue lo que ocurrió en el campamento minero Apumayo- la premier lo justificó llamándole “enfrentamiento entre pobladores y empresa.” Pero, además, quebrantó la legalidad al concluir: “En estos conflictos podrán existir factores que distorsionen la protesta. Pero por esos factores no podemos descalificar de plano las legítimas demandas.

La violencia no las descalifica.” En otras palabras, no sólo convalidó sino justificó esa incendiaria asonada terrorista contra un campamento minero. Algo inadmisible en todo Estado de Derecho, como en el que hoy todavía nos encontramos. Doblemente condenable. Porque quien lo dijo es la segunda autoridad del poder Ejecutivo de una nación que ruega desesperadamente inversión privada -nacional y foránea-, mientras dinamita la seguridad jurídica que exige el inversionista.

El elocuente silencio del presidente Castillo lo convierte en cómplice de este legicidio, aunque no lo denuncie la Fiscalía. ¡Nueva causal para su vacancia!

“MATEN” AL MENSAJERO. CALLAR A LA PRENSA POR INFORMAR

 

En lugar de rendir cuentas al país a través de conferencias de prensa y/o entrevistas, para aclarar las enormes dudas que en estos momentos genera su gobierno sobre temas de interés nacional, como el tratamiento a las inversiones, la educación o la pandemia, el presidente Pedro Castillo se limitó a retomar su costumbre de acudir a plazas públicas del interior del país para confrontar y atacar a la prensa y al Congreso.

Quién sabe si semejante intemperancia fue apurada sobre todo por los primeros hallazgos de la Fiscalía en su intervención a la oficina de su secretario Bruno Pacheco, que, de momento, ya registra 20 mil dólares en efectivo escondidos en un baño de Palacio.

En el caso de los medios, los acusó de “tergiversar la realidad” por reportar, por ejemplo, las pifias y los clamores de vacancia que se dejaron oír en Arequipa ante la provocación de su portátil, que propagandizaba lo contrario, es decir, el cierre del Congreso. La prensa, señor presidente, es solo la mensajera de los hechos, de declaraciones, de contradicciones o de decisiones de gobierno tan dudosas como la sucesión de malos nombramientos –suyas o de sus ministros– en jefaturas estratégicas de la administración pública.

Y si tiene el cuajo de ir más allá y amenazar a los medios independientes, aquellos que no se casan con los poderes de turno (“no me voy a permitir darles un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver el pueblo, aquellos que quieren hacer creer otra cosa”), como si su funcionamiento libre y competitivo dependiera de los “centavos” del Estado, pues que le avisen sus asesores que está apuntando a un blanco equivocado.

El golpe que pretende dar, por si acaso, no será a esos medios que informan con valentía y objetividad, que deben su credibilidad a sus lectores, sino al pueblo, que continúa viéndose impedido de escuchar las explicaciones de las autoridades a tanto desgobierno en apenas 100 días.

Las pechadas efectistas al Congreso, por su parte, solo nos hacen recordar al tristemente célebre Martín Vizcarra y su interés de desprestigiarlo ante la ciudadanía. Y el capítulo final de esa historia, señor presidente, lo conocemos de sobra.

¡LO QUE NOS FALTABA!

No hace mucho la premier Mirtha Vásquez afirmó que ella no era antiminera, pero lo que –ahí “mátalas-callando”, como suele decirse en la verba popular– hizo el fin de semana la ha retratado de cuerpo entero.

El problema con la premier es que ni siquiera las atalayas de poder político a que ha accedido en los últimos años le han permitido aprender que las ideologías no siempre tienen un correlato con las responsabilidades que exige la realidad peruana de cualquiera de sus autoridades o liderazgos.

Es increíble que no se dé cuenta todavía del daño que le hace al país, y peor aún en las circunstancias que atraviesa, al retomar e intentar llevar a cabo, al más puro e ilegítimo caballazo, sus discursos y posiciones antiextractivistas, que vienen desde cuando compartían jornadas con Marco Arana en el Frente Amplio.

Como estaba visto, su unilateral decisión de anunciar el cierre de cuatro minas en Ayacucho, que se encuentran en plena producción, sin dialogar previamente con las empresas afectadas, los gremios y menos aún con los miles de trabajadores que perderán sus empleos, trajo consecuencias de inmediato.

Ayer, las acciones de Hochschild Mining, que posee dos de las cuatro minas afectadas –Inmaculada y Pallancanta– se vieron fuertemente perjudicadas en la bolsa de Londres (al mediodía la pérdida llegaba al 50%) ante la incertidumbre generada. En el mercado local, la BVL terminó a la baja con una caída de 1.46%, arrastrada por la incertidumbre del sector minería.

La arbitrariedad de la medida fue reportada por el Financial Times, donde un analista de JP Morgan destaca que esta situación incrementa el “riesgo geopolítico para las mineras operando en Perú”. El impacto de esta influyente publicación no tardará en expandirse entre inversionistas de todo el mundo, que de hecho ya veían al Perú como una zona de riesgo para desarrollar operaciones a futuro, con un gobierno tan errático como el de Pedro Castillo.

Pero si cualquier decisión de negocios en nuestro país –que las requiere con urgencia tras el desastre de la pandemia– era antes difícil, de prosperar esta gruesa violación del Estado de derecho, pues las volverá simplemente imposibles. ¡Lo que nos faltaba!

VACANCIA: DESTINO INEVITABLE

La primera moción para vacar al presidente Castillo, promovida por la parlamentaria Patricia Chirinos, empezó a circular la semana pasada. Si bien las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú han indicado que no apoyarán la moción -a pesar de ser bancadas de oposición-, el solo hecho de que parte del Congreso esté buscando vacar al presidente (y tan pronto) es un indicador del futuro político que podemos vislumbrar. No es cuestión de preguntarse si Castillo será o no vacado, sino de preguntarse cuándo y cómo se dará la vacancia.

Con cada día que pasa, el gobierno comete más y más grandes errores. En algún momento uno de los errores será tan grave que generará consenso en el Legislativo para lograr una vacancia.

Ahora bien, más allá de consideraciones sobre qué tan justificada esté la moción de vacancia, el hecho es que el presidente Castillo lleva meses evidenciando que solo es bueno para agitar masas en la plaza. Cuando se trata de gobernar, Castillo no sabe hacia dónde mirar. Y no hay irresponsabilidad más grande que tener poder y no saber cómo usarlo. Las buenas intenciones no sirven de nada si se mantienen latentes en cambios hipotéticos.

No nos confundamos. La demagogia de Castillo genera pérdidas. No hacer nada es tan dañino como hacer las cosas mal, y lo poco que este gobierno hace, lo está haciendo mal (con muy pocas excepciones como el esfuerzo de vacunación).

Si Castillo continúa alargando la lista de errores y omisiones que sustenta la moción de vacancia presentada por Chirinos, eventualmente esta lista crecerá lo suficiente y se gestarán los consensos necesarios para sacarlo del cargo.

EL MTC, LA PREMIER Y EL PRESIDENTE

Tan cuestionado es el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, por la calidad de personajes que coloca en las diferentes dependencias de su sector, como la premier Mirtha Vásquez y el presidente Pedro Castillo por mantenerlo en ese cargo del que dependen las vidas de las miles de personas que todos los días viajan en transporte público.

Esta vez el personaje cuestionado nombrado por la gestión del inamovible ministro Silva es Samuel Daza Taype, exdirigente de los ilegales taxis colectivos que ahora está a cargo de la Dirección General de Articulación, Monitoreo y Evaluación de Impacto del MTC.

El problema no solo es que se ha dedicado a encabezar un gremio de conductores que operan al margen de la ley, sino que este sujeto cuenta con cuatro papeletas, una de ellas por conducir en estado de ebriedad, según una nota del programa Punto Final.

Es decir, nuevamente en el MTC han puesto a un gato como despensero, a una persona que es parte del problema del transporte en el país, como autoridad supuestamente para poner orden y velar por la vida de los ciudadanos.

Esto ya no es culpa del impresentable ministro Silva, sino de la premier Vásquez y del presidente Castillo, quienes lo mantienen en el cargo por razones que sería bueno conocer.

EL SECTOR SALUD EN LOS GOBIERNOS REGIONALES

 

Vincular a las buenas personas que existen en la actividad privada, la academia y la actividad pública ayuda a encontrar soluciones a problemas que independientemente son muy difíciles de resolver.

Por eso cuando veo un trabajo que busca corregir deficiencias en el sector salud que nos ha costado muchas vidas en los últimos años, pues me interesa comentarlo.

Resumiré en pocas palabras la tesis de maestría de 229 páginas de la excongresista Alejandra Aramayo, producto de un trabajo de un año de investigación y de entrevistas a funcionarios en busca de mejorar la gestión de la salud en los gobiernos regionales.

Aunque deja claro que hay deficiencias estructurales en cuanto a las normas debido al desordenado proceso de descentralización, se enfoca básicamente en dos puntos: ejecución presupuestal y problemática del personal directivo.

El presupuesto sin duda permite el grado de acceso a logística y personal, pero no solo basta con tenerlo, sino que hay que saber ejecutarlo. Se hizo un análisis del índice de ejecución presupuestal del sector salud 2017-2020 en siete regiones: Puno, Arequipa, Madre de Dios, Loreto, Cajamarca, Pasco y La Libertad. En promedio estos ejecutaron 89% en los 4 años.

Es decir, existe un 11% del dinero público asignado que no se utilizó. Pero el problema de fondo es que lo que se ejecuta corresponde a gasto corriente (gastos administrativos, de operaciones, remuneraciones, etc.) y lo que no se ejecuta corresponde en su mayoría a la inversión de infraestructura e implementación hospitalaria (equipos, camas, etc.). Consecuentemente la oferta de salud pública no crece ni se optimiza.

En promedio las Direcciones Regionales destinan 75% de sus recursos al gasto corriente y el 25% a gastos de inversión. Pero existen casos como el de Madre de Dios donde el gasto de inversión solo llega a 5%. Definitivamente hay que cambiar la composición de esta estructura.

El segundo punto es el perfil del personal y la consecuente volatilidad de sus puestos. Un análisis del tiempo de permanencia en el cargo de personal clave como los Gerentes Regionales de Salud, arroja que no permanecen en sus puestos más de un año.

Por ejemplo, la región Pasco tuvo en solo 4 años 10 gerentes y la permanencia de dos de estos fue menor de 9 días. Puno contó con 8 gerentes de los cuales uno fue cambiado tras 29 días de asumido el cargo.

En resumen, todas las regiones presentan un alto nivel de volatilidad, sin estabilidad en estos puestos clave su capacidad se ve reducida para el uso efectivo de los recursos públicos.

Sin duda corregir estos puntos en el sector salud puede traer mejoras sustanciales en beneficio de todos.

LA JUSTICIA PENAL COMO ARMA POLÍTICA. SE “JUDICIALIZA” EL ACONTECER NACIONAL Y ESTA INFORMACIÓN MARCA EL DERROTERO DE LO CORRECTO O LO INCORRECTO

La justicia penal se usa como arma política cuando se desnaturaliza el normal desenvolvimiento de este sistema para atacar, arremeter y neutralizar a un adversario político, en particular cuando resulta un perturbador o un personaje incómodo para determinados intereses que están en juego.

Se ataca al contrincante o a quienes no están de acuerdo con decisiones o ideas previamente convenidas, mellando su imagen, desprestigiando o indisponiendo a una persona ante la opinión pública a través de una denuncia, una investigación o proceso judicial en su contra, utilizando indiscriminadamente, aunque de manera racional y meditada, las propias herramientas legales que son inherentes al sistema de justicia y por ende a la democracia.

Las difamaciones públicas, denuncias categóricas, aseveraciones encubiertas, injurias maquilladas y acusaciones formales y categóricas sin mayores bases, son algunos de los medios legales utilizados que en la práctica pasan a convertirse en un método eficaz para vilipendiar, intimidar y deshonrar la trayectoria personal, partidaria, profesional o política de un antagonista o de un opositor.

ATAQUE AL PERIODISMO

“En el Congreso disuelto, por ejemplo, se presentaron proyectos para aumentar la pena de cárcel por difamación (a contracorriente de lo que sucede en las democracias constitucionales del mundo)”

El periodismo siempre será incómodo para el poder porque uno de sus roles es precisamente fiscalizarlo, pedirle cuentas. Es por eso que desde distintas instancias del poder se busca silenciarlo. En el Congreso disuelto, por ejemplo, se presentaron proyectos para aumentar la pena de cárcel por difamación (a contracorriente de lo que sucede en las democracias constitucionales del mundo), para regular la publicidad estatal en medios y para exigir la colegiatura obligatoria de periodistas. En este Congreso, que no tiene ni cuatro meses en funciones, se ha desempolvado una ley observada por el gobierno de Sagasti que busca regular la publicidad estatal en medios y se ha presentado (PL) una iniciativa para controlar su contenido (que se declare de necesidad pública “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico”).

Los embates de este gobierno al periodismo son también preocupantes: la pasmosa opacidad del presidente, el maltrato a periodistas por parte de la seguridad del Estado, la retórica que busca deslegitimar a los medios del mismo presidente (ofreció revelar cuánto ganan los conductores de televisión) y de algunos de sus ministros (como Silva y sus declaraciones sobre Canal 7), y la negativa del presidente a firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta que establecen compromisos a favor de la libertad de expresión.

Por si esto fuera poco, el líder de APP, uno de los partidos con mayor representación congresal, busca amedrentar al periodismo. César Acuña ha presentado una solicitud de embargo contra el periodista Christopher Acosta (autor del libro plata como cancha), Jerónimo Pimentel y la editorial que él dirige, en el marco del proceso por la querella por difamación en contra de Acosta. Acuña solicita 100 millones de soles por daño a su reputación. Instrumentalizar a la justicia para silenciar a periodistas es una práctica peligrosa para la democracia, sorprende que venga de un político que dice querer defenderla.

¡VACANCIA YA, SEÑORES CONGRESISTAS!

Dos gabinetes. Un premier (Guido Bellido) y nueve ministros (Béjar, Carrasco, Cadillo, Quispe, Barranzuela, Maraví, Gálvez, Merino, Ayala) renunciados. Tres embajadores designados: ni uno pudo ser acreditado. El último provocó que Suecia cierre su embajada en Perú. Parte de guerra de la improvisación y desgobierno del comunista/senderista Pedro Castillo.

Simultáneamente, en 100 días Perú no sólo dejó de capitalizar una tal vez irrepetible oportunidad para usufructuar los formidables precios mundiales del cobre; sino que con ello perdimos la ocasión para remontar las pérdidas económicas acumuladas a consecuencia del desmanejo del Covid. En simultáneo, hemos desaprovechado el momentum para captar inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, que generen trabajo para minimizar la crisis. Asimismo, desperdiciamos los impulsos provenientes de una gigante recuperación socioeconómica mundial.

Y la lista de falencias podría llenar toda una página. ¡Un costo que se medirá por decenas de miles de millones de dólares! Temeridad que pauperiza todavía más al hoy escuálido Estado peruano y produce, asimismo, un estremecedor malestar general. ¿Acaso le importa asumir la responsabilidad de esta devastación nacional al presidente Pedro Castillo? Definitivamente no.

Tanto que no ha dicho una palabra del desastre que ha montado. Más bien, continúa vanagloriándose de su politiquería comunista y su irresponsabilidad mesiánica, respecto a una nación vibrante con 32 millones de habitantes que, hasta hace poco, fue considerada estrella mundial. Mudo, sordo y ciego, las tres peores taras que pudiese exhibir quien se jacta de presidir nuestro país.

Estos son hechos, amable lector. No fabricaciones ni fábulas. Es la dramática realidad que enluta a una sociedad que, repetimos, en sólo tres meses de gestión del gobierno comunista de Castillo ha llegado al borde del cataclismo.

No existe palabra para calificar este esperpéntico crimen socioeconómico-político. ¡Hablamos de un crimen, amable lector! Porque es criminal que alguien atente contra un país, como Castillo ha atacado al Perú, sin saber que la consecuencia de semejante burrada sólo sería la monumental crisis que ahora afecta la supervivencia en todos nuestros segmentos sociales.

Por esa sencilla pero irrebatible razón, consideramos que Pedro Castillo debe ser vacado cuanto antes. El Perú no puede, ni debe, ni quiere ser víctima otro día más de los abusos y prepotencias de un sujeto que usa de carnada a 32 millones de peruanos para imponer su mesianismo comunista. Castillo ha sido y es consciente de que, aplicando la teoría marxista, el Perú acabará muy pronto igual o peor que Cuba y Venezuela.

Lo sabe incluso porque en tres meses lo ha experimentado con sus propias manos. Y conoce que las naciones que caen en el tirabuzón del colapso económico son presas fáciles y rápidas para los expertos en derribar a sociedades occidentales hacia el terreno fértil del comunismo. Porque seguramente se lo han explicado sus asesores de los servicios de inteligencia habaneros.

No se trata de experimentos, ni tampoco de errores que haya cometido Castillo en sus primeros cien días de desgobierno, amable lector. Es un plan perfectamente elucubrado para comunizar de manera exprés al Perú, usando de señuelo a Castillo. ¡Vacancia ya!

TODO LO QUE TOCA PEDRO CASTILLO SE DESTRUYE

Todos los temas en los que el gobierno ha querido entrar a modo de discurso y acción concreta y prioritaria han empeorado. Pareciera que Castillo fuera una suerte de «Rey Midas» invertido; todo lo que toca se destruye. El profesor habló de la agenda social del magisterio y lo primero que hace es validar a su sindicato rompiendo la relativa unidad magisterial existente y todo para instrumentalizar políticamente a los maestros. Con toda seguridad provocará conflictos al interior del movimiento magisterial. Se ha denunciado por redes malos manejos del examen de docentes del pasado Sábado.

El chotano habla del tema energético, de los combustibles y lo único que logra es que el gas doméstico se dispare y que la gasolina no deje de subir perjudicando a los transportistas, a los usuarios de ese servicio y obviamente encareciendo el flete, que hace que los productos para la alimentación popular aumenten de precio, castigando especialmente a los más pobres.

El Presidente habla de «la segunda reforma agraria», cuestión que no tiene ningún contenido concreto. Lo único que su prédica irresponsable ha traído sobre el hombre del campo es que EL COSTO DE LOS FERTILIZANTES SE TRIPLIQUEN y por tanto la producción agrícola popular se vuelva muy difícil. Sin crédito barato y sin declarar al agro en «emergencia» se viene una catástrofe social por todo el país.

Habla de la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana; sin embargo el mismo se encarga de debilitar la imagen de éstas instituciones maltratando a los altos mandos y tratando de influenciar en favor de ascensos para algunos allegados. Cuestión que considero causal de vacancia.

La política exterior no se ha salvado de la mala mano del falso hombre del campo; cuando llegó al poder la Cancillería peruana gozaba de una buena reputación internacional; hoy, 4 meses después ha hecho que con la salida del Perú del grupo de Lima y con el envío de embajador a Venezuela, el prestigio democrático de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores decaiga poniéndolo en la vergonzosa órbita de la política internacional pro La Habana/Caracas.

Existen algunas cosas que básicamente están funcionando en automático y que, por tanto, al no formar parte de la demagogia temática del gobierno ni de su acción directa se mantienen caminando con relativa estabilidad; este es el caso de la vacunación. Aunque respecto a la salud pública hay que decir que parece asomar la mano del sombrero con el debate que traerá la propuesta de la unificación del MINSA con Essalud. Asunto que debemos rechazar enérgicamente.

Insisto en que los parlamentarios de Acción Popular y del proyecto Acuñista Alianza Para el Progreso, actúan de una manera condescendiente y tibia frente a lo que no se dan cuenta que es un proceso bolivariano el cual merece la búsqueda de la vacancia cómo solución. Lo que no calculan es que ésta forma de proceder va a restarles mucho respaldo en las elecciones locales y regionales de 2022 frente a sus zonas de influencia más importantes cómo el norte – APP- y Lima Metropolitana – AP-; espacios que le son cada día más adversos a Castillo. Su complicidad con los herederos del pensamiento Gonzalo hará que los votantes de estas zonas busquen otras alternativas con toda seguridad.

QUEMANDO PREMIERES

Si no hubiera sido por la fiesta de Halloween, Mirtha Vásquez no habría podido sacar al ministro Luis Barranzuela. Así que lo más probable es que el ministro de Defensa, Walter Ayala, continúe aferrado al cargo, ya que al presidente Pedro Castillo no le preocupa la crisis que ha generado con su grosera manipulación de los ascensos en las Fuerzas Armadas.

Si ni siquiera ha podido hacer prevalecer el peso de su alto cargo en el Ejecutivo para disponer el inmediato despido del secretario presidencial, Bruno Pacheco, uno los actores centrales en el conflicto con las FF.AA. y quien −emulando a Vladimiro Montesinos− medra en las sombras del poder sin ponerse límite alguno. La premier tampoco ha logrado apartar al cuestionado jefe de Essalud, Mario Carhuapoma, que cuenta hasta con denuncia penal en su contra por una serie de irregularidades.

Con su llegada a la jefatura del Gabinete, parecía que Vásquez marcaría una diferencia clara con la gestión de su predecesor, Guido Bellido. Hasta ahora, sin embargo, solo las formas la han diferenciado porque, en efecto, tiene un talante más democrático y de mayor apertura que su matonesco antecesor, pero arrastra los mismos rasgos de empequeñecerse y tratar de hacerse invisible cuando la coyuntura se recalienta, los conflictos se extienden y no se canalizan las soluciones.

A Bellido no solo le fue imposible expeler a Iber Maraví del gabinete luego de habérselo exigido públicamente, sino que este incluso se dio el lujo de ningunearlo, con la anuencia presidencial, desde luego. Y Ayala está haciendo lo mismo con ella, pues ayer dijo que el mandatario le había pedido que siga trabajando, pese que un día antes la titular de la PCM había garantizado que en “las próximas horas” se tomarían decisiones.

El modelo, pues, se repite. Una premier que da la cara mientras que, detrás de esa fachada, desde las sombras de la Plaza Mayor o del Jirón Sarratea, maquinan los operadores de un presidente tan extraviado en su propia demagogia que −mientras su gabinete se tambalea− lanza el bufonesco anuncio de que pondrá a la venta un pequeño avión como gran aporte para solucionar las graves carencias que hoy enfrenta la educación en el Perú.

FUNCIONARIOS “DEL PUEBLO”

Lo sucedido en los últimos días en el Perú es un fiel reflejo de la mediocridad del gobierno de Pedro Castillo e ilustra al detalle el rumbo que está tomando nuestro país de la mano de quienes sin duda alguna, no están aptos para ejercer el poder. Me refiero a la salida de dos comandantes generales con apenas tres meses en funciones, y de otro lado a la designación de una cuestionada jefa de la Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

Por el simple hecho de no aceptar el ilegal capricho del presidente Castillo de ascender a un general y cuatro coroneles del Ejército y la FAP, el profesor dio de baja a los entonces jefes de sus instituciones: el general de división EP José Vizcarra y el teniente general FAP Jorge Chaparro, ambos militares de excelentes fojas de servicios que en medio de este escándalo han demostrado su apego a la Constitución y la legalidad, al no dejarse avasallar por el mandatario a través de su secretario.

Sin embargo, mientras estos valiosos generales eran enviados a sus casas sin si quiera convocarlos para comunicarles sus salidas, el gobierno del profesor Castillo, a través de su siempre impresentable ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, nombraba como jefa de Sutran a Doris Alzamora, quien tienen tres denuncias, en años distintos, por robos de tarros de leche, panes de moldes y pastas de dientes en supermercados de Lima. De Ripley, solo en el Perú.

Acá queda clara la entraña de este régimen “del pueblo”. Por un lado, echa a dos buenos oficiales que llegaron a sus cargos tras meritorias carreras de casi 40 años (incluso el general Chaparro es “defensor calificado de la patria” por su participación en el Conflicto del Alto Cenepa) por no aceptar presiones para firmar ascensos ilegales, mientras que de otro abre las puertas y nombra en un importante cargo a quien ha sido acusada tres veces ante la Policía Nacional de ser una ladronzuela.

Ojo que no es primera vez que el ministro Silva, el gran defensor de las combis piratas, hace noticia por el nombramiento de gente con pésimos antecedentes en su sector. Si se mantiene en el cargo, es porque él y sus “elegidos” tienen el perfil del funcionario promedio de este gobierno que detesta la meritocracia y el profesionalismo, y que solo cree en el amiguismo, el compadrazgo y la sumisión. Pero claro, el que critica es un “golpista” o no piensa en “el pueblo”.

LOS LASTRES DEL PODER EJECUTIVO

El gabinete de la premier Mirtha Vásquez pasó raspando, casi con 11 de nota, la prueba de recibir la confianza del Congreso. Sin embargo, a las pocas horas el Poder Ejecutivo salió, por cuenta propia, a buscar nuevas peleas.

Lo vimos con el presidente Pedro Castillo afirmando que no le importa la oposición y luego dando de baja a dos comandantes generales que no aceptaron ascender a sus “recomendados”.

Hasta la semana pasada teníamos dos ministros cuestionados: el de Educación, que es un sindicalista radical empeñado en traerse abajo la meritocracia; y el de Transportes y Comunicaciones, que está jugando a favor de los empresarios y choferes piratas, en lugar de ponerse del lado de los sufridos usuarios que se juegan la vida al viajar en unidades públicas.

Ahora tenemos un nuevo lío que sacude al país, por obra y gracia del propio presidente Castillo en complicidad con su secretario Bruno Pacheco, los que creen que las Fuerzas Armadas son su chacra, donde pueden venir a hacer lo que le da la gana y no pasa nada. Y mientras el Ejecutivo no avanza por lastres como los ministros mencionados y el manoseo a las Fuerzas Armadas, afuera, en la calle, no hay gestión. Todo es apagar incendios generados por el propio gobierno comunista de Castillo, un personaje que a todas luces, no está calificado para ser el jefe del Estado.

UNIFORMES SALPICADOS

Grave y extremadamente peligroso el manoseo de las FF.AA., confirmado ayer por los relevados comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú. Las incesantes presiones del secretario de la presidencia, Bruno Pacheco, y del ministro de Defensa –en nombre del presidente Pedro Castillo– para que se incluya en la lista de ascensos a oficiales afines al mandatario, evidencian intenciones oscuras y ánimo autoritario de parte del actual Gobierno.

Como recuerdan algunos excomandantes generales de larga trayectoria en las FF.AA., así empezó a crecer el poder de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori en los 90: con pases al retiro de los generales honrados y demócratas que no les eran útiles para los planes que ellos tenían, y premiando con ascensos inmerecidos a los oficiales ‘leales’, muchos de los cuales hasta terminaron firmando actas de sujeción a ese ilegítimo comando.

Las pretensiones de Castillo y su entorno tienen que cortarse de una vez por todas si no queremos repetir tan desafortunada historia para el país y para nuestra democracia.

Por lo pronto, el Congreso debe interpelar y censurar de inmediato al titular de Defensa, Walter Ayala, cuyo nombramiento atentó de hecho contra la institucionalidad y el honor de las FF.AA. Ayala se ha prestado a estas manipulaciones poniendo la cara y la firma en las resoluciones, y adoptando, además, una actitud cómplice y cínica cuando la prensa le consultó la noche del domingo sobre estos inesperados cambios, limitándose a alegar que “se había obrado de acuerdo a ley”.

A raíz de su puesta a disposición del cargo, su salida del Mindef parece inminente. Pero si el presidente optara por ratificarle su confianza, el Congreso debe actuar de inmediato.

Así mismo, la premier Mirtha Vásquez debe exigir a la brevedad la remoción del secretario de la presidencia y asesor palaciego, Bruno Pacheco, el obsecuente mandadero de Pedro Castillo en estos afanes.

Sin embargo, la renuncia de Ayala y la remoción de Pacheco solo serían el primer paso en el camino de esclarecer lo que hay detrás de tan oscuro incidente. Que hay mucho en juego, lo demuestra el propio excomandante general del Ejército, José Vizcarra –relevado irregularmente por resistirse a aprobar los ascensos palaciegos– al pedir garantías para su familia, luego de un confuso episodio de violencia en la puerta de su casa.

EL ZORRO POR PERRO EN LA POLÍTICA

A la política nuestra de cada día le resulta fácil darnos zorro por perro, gato por liebre, pelícano por pavo, cuervo por paloma, otorongo por congresista, lobos disfrazados por corderos, vividores por servidores, “comechados” por funcionarios, “chihuanes” y “agüeros” por padres de la Patria, involución por revolución y hasta discípulos del terrorismo senderista como ministros de Estado.

Mea culpa de por medio: nos falta esos dos dedos de frente necesarios para tener lucidez y responsabilidad frente a las ánforas. Persiste el desdén por la cultura política y así, a ciegas, elección tras elección, atraídos por la promesa barata, tropezamos con la misma piedra, la de la frustración. Y la consecuencia directa es que no salimos del círculo vicioso del país que grita más fuerte un gol que por un dislate de los gobernantes de turno.

Por ejemplo, Pedro Castillo le pintó pajaritos en el aire al “pueblo” con frases de Vladimir Cerrón como “no más pobres en un país rico” y, luego de cien días depositado en Palacio de Gobierno, su “palabra de maestro” está en rojo, se ha devaluado y apela a la victimización y los mensajes clasistas (“pituquitos que no saben cómo se labra la tierra”) para sustentar el descalabro al que está llevando al Perú.

Y mucho cuidado que se vienen las elecciones regionales y municipales y muchos ya se frotan las manos porque las gobernaciones y los municipios también son vistos como botines. Hay un video en el que Guillermo Bermejo amenaza que “si tomamos el poder, no lo vamos a dejar”. Distanciados o no, los del lápiz sueñan con una nueva Constitución para no soltar la mamadera; es decir, seguir dándonos “Run Run” por perro.

REGLAS ELECTORALES AL GUSTO DEL CONSUMIDOR. NOS TOCA ESTAR MUY ATENTOS A LOS PARTIDOS QUE SÍ TENGAN ELECCIONES INTERNAS LIBRES, PLURALES Y DEMOCRÁTICAS

En todas las casas cuecen habas; y en la mía, a calderadas”, dijo Don Quijote, pero en la nuestra la cosa es exageradamente vergonzosa. El marco electoral, ese que define la reglas sobre cómo elegir a nuestros “gobernantes”, es sujeto de modificaciones en cada legislatura, siempre en función al interés de los congresistas que, a su vez, representan el interés de sus partidos, los que atienden al interés de sus dueños, los que finalmente obedecen al interés de sus bolsillos.

En resumidas cuentas, el marco legal que regula las elecciones en el Perú tiene una fortísima influencia mercantilista que contamina el derecho ciudadano de elegir y ser elegido. Eso debe acabar ya.

El actual escenario político nacional ha demostrado que el único poder del Estado que puede hacer control político es la ciudadanía. Hasta ese llamado cuarto poder, que es el periodismo, ha claudicado en su objetivo.

Eliminar las elecciones primarias, arguyendo la pandemia es una falacia. Cuando las primarias universales son un excelente mecanismo para que los votantes puedan participar libremente en la elección de los candidatos partidarios, que luego veremos reflejados en las municipales y regionales.

Gracias a este Congreso, no tendremos primarias. Como siempre, ello abre la puerta a que las internas sigan siendo un mecanismo endeble que permita el manejo de los partidos en función de la voluntad de sus caudillos y los aleje de la democracia participativa, donde los militantes y la ciudadanía en general son quienes realmente deben decidir quiénes serán sus candidatos.

Nos toca estar muy atentos a los partidos que sí tengan elecciones internas libres, plurales y democráticas, porque serán ellos quienes luego pongan en la administración pública a las personas que realmente necesitamos y no a quienes los caudillos mercantilistas necesitan.

P.D.: Y encima tuvieron que votar tres veces, ¡porque no entendían lo que votaban!

INVESTIGUEN A VIZCARRA/SAGASTI POR ESCÁNDALO COVID

Si como consecuencia de malas acciones –o inacciones- del presidente de algún país ocurrieron muertes por Covid, ¿es factible imputarle un crimen social? En Brasil acaba de hacerlo la cámara de Senadores.

¿O es que sólo puede culparse a presidentes de derecha, como parece ocurrir en las “democracias” que están en manos izquierdistas? Por lo pronto esto está ocurriendo en el Perú, siendo la sociedad con el mayor número de fallecidos por millón de habitantes.

Porque tanto Vizcarra como Sagasti se exhiben jactándose de sus yerros, pese a que durante sus gestiones murieron más de 200,000 peruanos a causa de la desatención sanitaria generada por la terquedad -¿crueldad?- del primero y por la pasividad -¿complicidad?- del segundo. A Vizcarra se le advirtió en todos los tonos. Este escriba reconoce que su perseverancia en este asunto llegó a cansar a ciertos lectores, pero antes estaba la vida de tanta gente que murió indebida, cruelmente, que el hartazgo del leyente.

Con terquedad digna de sadismo, inexplicablemente Vizcarra y sus ministros Mazzetti y Zamora se negaron a adquirir pruebas moleculares, indispensables para establecer las bases de datos que mapeen las zonas de alto contagio, el grado de contaminación, los parámetros y plazos para el confinamiento, etc., de modo que la epidemia pudiese ser monitoreada y consecuentemente restringida su propagación. Esta omisión ocurrió durante dos rachas de contagios y sus consecuencias fueron fatales.

Se especula que Vizcarra y sus dos ministros adquirieron las inservibles pruebas rápidas a precio de las moleculares, medrando con el drama de cientos de miles de peruanos. Pero este abandono sólo fue fruto del capricho –¿probablemente interés?- de Vizcarra por negarse a comprar lo que la lógica y la ciencia demandaban: camas UCI (en esos tiempos las arcas fiscales rebosaban), a la vez que respiradores mecánicos y plantas de oxígeno.

No existió razón alguna para haber omitido estas fundamentales compras destinadas a atender a una ciudadanía amenazada de muerte. Pero Vizcarra, Zamora y Mazzetti persistieron oponiéndose hasta el último.

Una comisión del Senado brasileño ha investigado al presidente Jair Bolsonaro por su mal manejo de la pandemia. Según la acusación, la cifra de fallecidos es producto de “malas decisiones adoptadas por el Ejecutivo”.

¡Allá funciona el Estado, amable lector, porque sus autoridades se preocupan de que así sea! ¡Y así debería ser acá! Con más razón siendo el país con el mayor número de muertes por millón de habitantes a causa del Covid. ¡Superamos 5.6% de mortalidad! Pero no está en nuestra agenda política investigar semejante crimen social. ¿Por qué pasar por alto la flagrancia de Vizcarra que generó la desaparición de 207,000 personas, mayoritariamente víctimas de su empecinamiento por desatender la crisis sanitaria surgida durante su gestión? ¡Porque nuestras 207,000 muertes fueron mayormente por falta de oxígeno y equipo sanitario, elementos que Vizcarra rehusase adquirir! Brasil también investiga si hubo corrupción por la tardanza en comprar vacunas.

Otro crimen igualmente perpetrado por Vizcarra por su obvio interés en comprar la cuestionada vacuna china. ¿Algún día el Congreso lo investigará?