EL GRAN TEATRO DE LA «GOBERNABILIDAD»

El último jueves y viernes hemos sido testigos de la puesta en escena de una obra teatral muy bien montada desde el Congreso de la República. Por un lado, el actor principal del drama Guido Bellido, tratando de convencer, con una falsa y bien estudiada moderación, que se ciñe a las reglas del juego democrático.

Sin embargo, el aparente “final feliz” para quienes dicen creer en la “gobernabilidad” se diluyó cuando en tono desafiante a pocas horas de recibir la confianza del Parlamento, Bellido amenazó al Legislativo que haría cuestiones de confianza si “no los dejaban trabajar”. La manida “bala de plata” pasó a perdida en menos de 24 horas.

Pero no solo eso, al cierre de su exposición ante el Parlamento Bellido puso sobre la mesa el tema del cambio de Constitución, que hábilmente no incluyó en su discurso. “La Constitución de 1993, en 20 años, no solo no ha solucionado la situación de marginación de las mayorías, sino que la ha profundizado. Este sistema político y social terminará de todas maneras. Nosotros queremos realizar este cambio en democracia y paz. Buscamos el voto de investidura con este fin”.

A sabiendas que van por el objetivo final de tener un poder ilimitado con el cambio de reglas de juego a través de la Asamblea Constituyente, el Congreso le otorgó la confianza al Gabinete Bellido por 73 votos a favor y 50 en contra. El cuento del “diálogo y consenso” no duró ni 24 horas.

Y es que no se pueden aplicar razonamientos democráticos a un gobierno que no cree en la democracia sino que la utiliza para destruirla desde adentro. No se puede confiar en un Gabinete presidido por un procesado por apología del terrorismo y que entre sus miembros tiene a un personaje como Íber Maraví señalado de haber participado en atentados terroristas en los años 80 en Ayacucho junto con la senderista Edith Lagos, a quien tanto admira Bellido.

No hay “gobernabilidad” que valga en un gobierno que con sus hechos avala al terrorismo, y que responde a un sentenciado por corrupción como Vladimir Cerrón y a un partido procesado por lavado de activos como Perú Libre.

Además, permitir que un personaje como Íber Maraví permanezca en el Gabinete es abrirle la puerta a decisiones que son una afrenta para nuestra memoria. No debería extrañar, por ejemplo, que se coloque como ministro a Osmán Morote (sin exagerar) y que se prepare un indulto para el cabecilla terrorista Abimael Guzmán, quien dejará la Base Naval para beneplácito de Sendero Luminoso.

La confianza a Bellido es regalar el país al peor radicalismo. En nombre de una falsa “gobernabilidad”, ellos van ganando tiempo y afianzándose en el logro de sus objetivos.

EL BURÓ EN LAS SOMBRAS: EVIDENCIAS MUESTRAN QUE EXISTE UN GRUPO QUE INTENTA DIRIGIR EL CURSO DEL GOBIERNO

Hay evidencias que apuntan a la existencia de un grupo dirigencial de Perú Libre que estaría impulsando nombramientos, adoptando iniciativas políticas y tomando decisiones que corresponden al Ejecutivo, en el ánimo de mantener el control sobre el jefe del Estado y el curso del Gobierno.

Este buró político en la sombra ha logrado torcer el brazo en decisiones trascendentes que iba a emprender el presidente en relación, por ejemplo, con los cambios ministeriales, empezando por el primer ministro, la presentación del gabinete en el Congreso y otros acuerdos considerados estratégicos.

Este grupo estaría conformado por Vladimir Cerrón, Guido Bellido, Róger Nájar y Guillermo Bermejo, como invitado. Pedro Castillo está en total minoría en relación con los otros cuatro. El mandatario no tiene una militancia en el partido político que ahora reclama la conducción del país, por encima del mandato otorgado en las urnas.

El buró actuaría como una suerte de correctivo frente a cualquier desvío de “la línea política” que pretenda realizar el presidente o los ministros que no estén bajo su eje. También vela por el cumplimiento del plan de gobierno original de Perú Libre, que no admite ningún aggiornamento ni modificación, porque ello representaría “una traición”.

Dicho esto, hay algunas precisiones que caben formular ante este hecho tan insólito como ilegal. La Constitución de la República señala expresamente que el presidente de la República es quien gobierna. Su titularidad es tan importante que se señala que es el jefe del Estado y el jefe del Gobierno, simultáneamente. Tampoco existe el partido político de gobierno. Esa es una figura inexistente en nuestras leyes. Existe la mayoría político electoral, cuya función es respaldar la política gubernamental. No reemplazar al presidente, que simboliza y representa los intereses permanentes del país y personifica a la nación.

No está de más señalar que el presidente Castillo tiene la responsabilidad de responder por todas las decisiones del Gobierno. Además, representa al 100% de los peruanos que le dieron a través del voto su representación política, o que no lo hicieron, pero se allanaron a respetar el resultado, como corresponde en toda democracia.

También, recordarle que la rendición de cuentas al final de su mandato correrá a su cargo y las experiencias recientes dan fe de la dureza de este encargo.

¿EL CONGRESO SE ACOBARDA?

El juego de tronos del gobierno para engañar al país -especialmente a la alicaída clase política- le ha servido para comprar tiempo y consolidar pronto el sistema comunista como régimen sociopolítico. Cumplirá ya un mes en el poder el gobierno de Castillo sin haber gestionado el Estado.

Esto ha afectado muy gravemente la calidad de vida del poblador. En especial para las clases menesterosa y media. Todo un mes perdido en politiquería barata, repletando los escalafones del Estado de terroristas; marxistas; condenados por la justicia. ¡Y delincuentes que piden licencia al Estado por cinco años para actuar como vicepresidenta de la República, ministro o lo que fuere, etc.! Entre ellos, un fiscal sin renuncia –ni ésta ha sido aceptada- que ya es ministro del Interior.

Ni uno solo de estos sujetos tiene cultura, experiencia o interés por el arte de gobernar la nación, gestionar un ministerio, dirigir altas dependencias públicas ni nada de nada. “El cargo de ministro es político”, alegan estos atorrantes, “por tanto la misión es dirigir los ministerios de acuerdo al mandato del gobierno y los funcionarios se encargan de manejar la cosa pública”. Conjetura tan tonta como ilegítima refleja el desprecio del gobierno Castillo hacia 32 millones de peruanos, cuya vida y hacienda administra tan canallesca como desaprensiva y delictivamente.

Esto porque alienta la muerte de más peruanos, al no comprar pruebas moleculares ni sistematizar el control ciudadano para aislar los casos de contagio; ni tampoco adquiere más camas UCI y/o respiradores mecánicos; ni centra sus esfuerzos para que países hasta hoy amigos del Perú, como EEUU, nos ayuden a obtener vacunas, etc. Todo ello es un acto criminal que necesita ser penado por la Justicia.

¡Y ni qué decir del estado de abandono en que el régimen Castillo mantiene a la destruida economía pública y consecuentemente a la familiar! O su total desdén por reactivar un ahora inexistente trabajo, multiplicando así el drama que viven los peruanos; y/o la negligencia del régimen comunista ante la inseguridad ciudadana con la consecuente muerte y pérdida patrimonial de miles de familias. ¡

En síntesis, Castilla y su nomenklatura no se preocupan por la ciudadanía! Tanto porque no saben gobernar, como porque les conviene agudizar las dificultades para facilitar la instalación del totalitarismo marxista.

Pese a semejante desplante a la sociedad, Castillo insiste en jugar al bueno y al malo. Con ello divide a la clase política y avanza con su plan sendero-marxista. Criticamos ayer a la ex lideresa opositora Fujimori. Ahora tocaremos al Congreso. El martes hubo un Pleno para debatir la presencia del premier Bellido y de los ministros del Interior y Trabajo, Carrasco y Cadillo respectivamente.

 ¡Bastó la intimidante visita de Bellido al Legislativo para que suspendieran la sesión! Por la noche el régimen marxista remató su faena disolviendo la prisión de la Base Naval, abriéndole camino a la libertad del genocida guzmán. ¡La presidenta del Congreso calló como siempre! Afortunadamente, la Junta de Portavoces salvó el honor congresal. Estamos notificados. La resistencia civil es la única defensora de la democracia.

LA CORRUPCIÓN Y EL NUEVO ROL DE LA CONTRALORÍA

Hace algunos días el Presidente Constitucional, profesor Pedro Castillo, convocó a todos los ministros, gobernadores regionales y al Contralor General de la República. Al concluir el evento, expresó que aquel ministro que fuera encontrado en acciones turbias, sería sancionado no solo administrativamente, y también cualquier otro funcionario de cualquier nivel y, para ello, cuenta con la comunicación y acción permanente del contralor Nelson Shack.

El contralor expresó que, en el año 2020, se había detectado que la corrupción le costó al Estado un total de 22,000 millones de soles y, que, a partir de ahora, habría una acción fiscalizadora concurrente para evitar “llorar sobre la leche derramada”. Esto quiere decir que la contraloría asume una responsabilidad mayor en la lucha contra la corrupción. Recordemos que, así como hay presidentes de la república presos por corrupción, también hay gobernadores regionales.

Debemos tener en cuenta que la corrupción y la indiferencia por ella hoy está generalizada, y que se requiere de una campaña que involucre a todo el país para fortalecer los valores, en particular la ética, la moral, el orden y la empatía desde el hogar, la escuela y el trabajo.

El código de ética e integridad pública debe respetarse en todas las instancias de gobierno, principalmente en las referidas a adquisiciones y obras del Estado y a los servicios y actividades públicas en los sectores de seguridad, salud, educación, justicia, transporte, entre otros; a través de un equipo de especialistas de la contraloría, que debe revisar sus cumplimientos. También es necesario efectuar una depuración de las planillas de las instituciones públicas a través del Reniec, para evitar que fallecidos sigan cobrando.

El propio contralor dijo que hay normas que requieren perfeccionarse y otras hechas deliberadamente para delinquir, probablemente producto de lobbies, por lo que es necesario que el congreso transparente su accionar y cumpla con su rol fiscalizador en todos los sectores, y que priorice la legislación de las normas requeridas por la contraloría, para lo cual el Congreso debe marchar a su mismo ritmo, o, de lo contrario, debe darle facultades al respecto al ejecutivo.

La contraloría fiscaliza el cumplimiento de las normas (control de la legalidad), y si éstas no se ajustan a la realidad del entorno de los proyectos, se produce su paralización o se induce a la malversación de fondos, generalmente debido a enraizadas políticas centralistas, por lo cual es necesario contar con normas más flexibles, que permitan avanzar y tomar decisiones adecuadas y oportunas. También es urgente darle capacidad sancionadora a la contraloría.

El control concurrente, tiene un enfoque esencialmente preventivo, que consiste en acompañar al gestor público en la contratación de un bien, servicio u obra, para alertar oportunamente sobre los riesgos y situaciones adversas identificadas durante el servicio de control, con el propósito de que se adopten las medidas correctivas y preventivas del caso.

Desde el 2017 la Contraloría General de la República ha estado aplicando el control concurrente mediante leyes específicas: la Reconstrucción con Cambios y la Emergencia Sanitaria del Covid19. Para extender el Control Concurrente a las inversiones públicas, el 10 de julio de este año, el Congreso de la República aprobó una ley que únicamente lo establece para inversiones a partir de los 10 millones de soles, financiando el servicio de control concurrente con el 2% del costo total de cada proyecto. El Ejecutivo la observó el 20 de julio, por afectar la autonomía de los Gobiernos Regionales y Locales, y por constituir, indirectamente, una iniciativa de gasto.

La lucha integral contra la corrupción, también requiere de la transformación digital del Estado. Se debe superar las limitaciones del Gobierno Digital (“cero papeles”), pues ha fracasado; es necesaria la cooperación externa, del BID, Banco Mundial u otras instituciones, para construir una adecuada administración digital del Estado, a través de la integración de sus diferentes bases de datos.

Asimismo, las normas para gastos, que son centralistas, requieren flexibilizarse, y que se traslade el Sistema Nacional de Inversión Pública al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, para impedir proyectos sin sustento técnico ni económico.

LA VOLUNTAD POPULAR NO GARANTIZA EL BUEN GOBIERNO

La expresión “buen gobierno” hace referencia al ejercicio del poder en un país con el objetivo de conducir al pueblo por caminos y objetivos concretos de desarrollo económico y social. Mediante ese ejercicio, los ciudadanos esperan ver materializadas sus expectativas a corto, mediano y largo plazo.

La voluntad popular puede haber sido influenciada por emociones extremas o por la urgencia de satisfacer necesidades básicas, sin detenerse en la reflexión de qué opción podría garantizar un buen gobierno. Pero históricamente estos factores no han conducido a la mejor decisión. Lamentablemente, esto es lo que una y otra vez se repite en nuestro país.

En aquellas naciones que han logrado un alto grado de desarrollo humano y que por ello disfrutan de los más altos estándares de vida posibles, la consigna ciudadana parece ser “cuánto mejor calidad de vida y desarrollo tenemos, somos más exigentes para elegir a nuestras autoridades”, como si los acompañara la conciencia de una corresponsabilidad en el éxito o el fracaso.

Por el contrario, en la mayoría de países iberoamericanos que no gozan de esos estándares y en los que los problemas y necesidades se multiplican hasta el infinito, los ciudadanos confían en que el cambio puede ser realizado por cualquier persona que se aventure a gobernar (sin experiencia y sin conocimiento), por una especie de “mesías”, o que la política del “ensayo y error” conduzca a una mejor decisión en el futuro.

Este es el caso del Perú, en el que la aplicación de esta política del régimen precedente, sea por ignorancia o temeridad, ocasionó la pérdida de muchas vidas humanas no solo por causa de la ineficacia de las llamadas pruebas rápidas de detección para el virus del COVID-19, sino también por la adquisición de una vacuna con menor garantía de protección.

Actualmente podemos citar a varios personajes de la política internacional que tuvieron una preparación para poder gobernar y ejercer un liderazgo que les ha permitido generar consensos más allá de sus respectivas ideologías y que pese al descontento de algunos no existen dudas de la calidad del papel que desempeñan.

En Rusia, por ejemplo, tenemos a Vladimir Putin. En Francia, a Emmanuel Macron. Y en Estados Unidos, a Joe Biden. Nos preguntamos: ¿Por qué en el Perú no podemos considerar lo propio sobre los elegidos para gobernar? Respuesta: Porque desde que se anuncia la elección de algún candidato no solo se cuestiona su preparación para la labor que va a desempeñar, sino también su falta de experiencia en la gestión pública y que solo estará para garantizar el reparto de poder entre algunos como resultado de los compromisos que asumió durante la contienda política.

En el Perú del bicentenario nos toca ser testigos del reparto del poder para responder a los compromisos asumidos por la elección, con una ausencia de visión de futuro y de un plan que permita responder a los problemas más urgentes del país. Se han señalado “buenas ideas”, pero no se sabe cómo llevarlas a cabo y sin la garantía de que los mejores cuadros se harán cargo. Deberíamos pensar en nuevas fórmulas que garanticen el “buen gobierno” sin depender solo de la voluntad popular, que no siempre es acertada.

¡UNIDAD DEMOCRÁTICA!

Es evidente que el presidente Pedro Castillo viene siendo utilizado por Vladimir Cerrón, como el caballito de Troya del castrochavismo y el ex presidente Evo Morales emplea al Perú para implantar una dictadura en nuestro país.

Evo Morales nunca hubiera llegado a ser presidente de Bolivia si no fuera por el padrinazgo que obtuvo de Fidel Castro y Hugo Chávez, que le permitieron hacer un golpe de Estado, en el 2003, tomando por asalto el poder, suplantando la Constitución, falsificando una Asamblea Constituyente y manteniéndose en el poder durante década y media, creando así un clima de confrontación, miseria y hasta de presos políticos.

Morales utiliza a Castillo como caballito de Troya, para destruir la democracia en el Perú, que tanto nos costó recuperar, y tiene la insana locura de convertir nuestra patria en castrochavista.

Perú Libre, partido político con el que Castillo llegó al poder, presidido por Vladimir Cerrón, quien está incentivando la penetración del castrochavismo en Perú; desde la proclamación de Castillo como presidente de la República, Morales ha hecho todo lo posible para mostrar su apoyo incondicional al nuevo inquilino de la Casa de Pizarro. Tanto es así que, en menos de un mes, ha venido al Perú en más de una oportunidad para participar en eventos relacionados a su gestión y sostener reuniones con el Conare-Movadef.

El contralor Nelson Shack ha manifestado que el resguardo policial otorgado a Morales en su última visita al país corresponde a una disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores donde está de canciller Héctor Béjar, sin embargo, cabe precisar que no es una visita oficial, por lo tanto, no debería de gozar de tal privilegio. Morales participó en el foro denominado “El Papel de las Organizaciones Populares en los Cambios Políticos, Económicos y Sociales en América Latina”, organizado por la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), sindicato fundado por Castillo. El exmandatario boliviano se reunió también con dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), donde señaló que “es tarea del Gobierno peruano cumplir con el programa que presentó en campaña”.

Si uno analiza las declaraciones de Castillo, este pretende emular a Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa hasta con… la vestimenta, al querer hacer un calco del Estado plurinacional de Bolivia, además basta con examinar a los integrantes que vienen siendo colocados en todo el aparato estatal, gente vinculada directa o indirectamente al castrochavismo.

Ante este devastador escenario para la democracia, la constitucionalidad, el Estado de Derecho y la libertad -derecho inherente a la persona humana- las fuerzas democráticas no pueden permanecer divididas, tienen que unirse como un solo puño, una sola voz, en un grupo compacto, cohesionado, por lo tanto, se hace necesario y vital que la oposición democrática se consolide en un sólido bloque de unidad nacional, para defender los sagrados intereses de nuestro país, donde el interés nacional sea la antorcha votiva y no el interés personal que desgraciadamente venimos observando.

EL PAGO DE FAVORES

Los pergaminos profesionales no hacen de la persona un mejor trabajador, y eso quedó demostrado con el supuesto gobierno de lujo de Pedro Pablo Kuczynski. Pero, el extremo tampoco garantiza lo contrario. Y el gobierno de Pedro Castillo parece tomar la segunda opción, al menos en algunos puestos clave.

Aquí caben tres alternativas: la primera se sustenta en el pago de favores a los grupos políticos y sindicales que apoyaron a la campaña de Castillo. La segunda: no hay más cuadros en Perú Libre ni en sus aliados. La tercera: hay una intención siniestra de romper la institucionalidad para crear el caos.

Repartir el poder es un ejercicio democrático que desarrolla cada nuevo gobierno. Así que cada cinco años vemos titulares en medios alusivos a la repartija. Lo hace la derecha y la izquierda. No dosificar los cargos con otros partidos crean sabotajes que pueden costar, incluso, gobiernos. Perú Libre lo hace, pero no de manera eficiente.

La falta de personas de alto nivel ejecutivo es un problema para Perú Libre. Esto se acrecienta cuando algunos funcionarios prefieren dar un paso al costado antes de enfundarse el chaleco de un gobierno de izquierda. Y aquí parte de la culpa es el retraso de la promulgación de los resultados de la segunda vuelta.

Crear desasosiego es una alternativa que impide ver el trasfondo de las decisiones del gobierno. Por ejemplo, designar como directora de Provías a una abogada recién titulada no es un mero capricho, sino una insinuación de que aquí se hace lo que Perú Libre quiere. Y esto es una provocación al estatus del aparato público.

Tenemos para escoger. Mientras tanto, considero que la gente de confianza no tiene más definición que su misma palabra. No obstante, el abuso del poder genera el resquebrajamiento del propio Estado y su ya débil estructura. Más daño no se le puede hacer que bombardearlo por dentro. Esperemos que, por el bien de todos, incluso del gobierno, las cosas cambien.

A LA CAZA DEL ESTADO

Para el gobierno del presidente Pedro Castillo no ha sido suficiente que en la primera semana de su gestión, el país haya sido testigo del nombramiento al por mayor de una sarta de impresentables, improvisados y come echados en diversos puestos de la administración pública, comenzando por el premier Guido Bellido, quien por filoterrorista, machista, homofóbico y misógino, en ningún país que se respete podría ocupar un cargo ni de ínfima relevancia.

El sábado los peruanos hemos sabido de la renuncia de los dos viceministros del sector Interior, quienes han dejado sus cargos alertando que se quería nombrar a Grover Mamani como director general de Gobierno Interior, pese a no cumplir con los requisitos y el perfil profesional que dispone la ley. Se trata, como no podía ser de otra manera, de un profesor sindicalista y radical, cuyo mayor “merito” es haber hecho campaña por Pedro Castillo.

No olvidemos que este nombramiento irregular se pretende dar en el Ministerio del Interior cuyo titular, Juan Carrasco, se encuentra metido en un gran lío al haber asumido su función en el Poder Ejecutivo sin que le hayan aceptado su renuncia como fiscal de Lambayeque, donde se ganó cierto prestigio ante la opinión pública. Son muchos los abogados que consideran que la presencia en el gabinete de este magistrado es abiertamente ilegal y por lo tanto nula.

Pero volviendo al caso de Mamani, con este intento de designación queda claro que al régimen del profesor Castillo poco o nada la interesan las críticas y el rechazo que puedan generar los nombramientos de gente que no reúne el perfil para las plazas que pretenden tomar por asalto. Para quienes han llegado al poder desde el 28 de julio último, más importante es poner a su gente de confianza o a quienes les deben favores, antes de actuar dentro de la legalidad y el respeto que la ciudadanía merece.

El Estado está siendo tomado por hordas de angurrientos y ganapanes que nada tienen que aportar a una eficiente administración pública. ¿Este es el gobierno del bicentenario? ¿Esta es la gente que nos va a sacar de la crisis agravada por la pandemia? ¿Para ser parte del Estado ahora solo hay que ser de Perú Libre, de “Los dinámicos del centro” o haber levantado el puño dando vivas a Castillo? Y eso que Castillo, Bellido y compañía apenas tienen una semana en funciones. De terror.

PEDRO CASTILLO Y SU “GABINETE DE LUJO”

Para Pedro Castillo no hubiera sido difícil poner de primer ministro a alguien que no tenga abierta una investigación por presunta apología al terrorismo. No hubiera sido difícil armar un gabinete de izquierda conformado por personas con competencias técnicas, experiencia, vocación por servir al país y con un compás moral.

No hubiera sido difícil, pero no lo hizo. En vez, escogió un primer ministro que clava el dedo en la llaga más honda de nuestro país, el terrorismo; escogió nombrar a un canciller que fue guerrillero; prefirió armar un gabinete casi exclusivamente conformado por hombres, muchos sin ninguna experiencia en los temas relacionados a su despacho.

Básicamente, Pedro Castillo optó por revelar al Perú que su “palabra de maestro” no vale nada.

Como dicen, en política nada es casualidad. Castillo (con el cerebro de Cerrón detrás) ha puesto a los peruanos en jaque. Es que ¿cómo podemos los que amamos a este país, los que queremos construir un futuro acá, aceptar a un gabinete como el actual? ¿Cómo pueden nuestros congresistas darle la confianza al gabinete Bellido sin traicionar los principios por los que juraron hace tan solo unos días?

Sin embargo, si no se otorga la confianza a este gabinete, Castillo estará un paso más cerca a poder cerrar el Congreso constitucionalmente para concentrar el poder por unos meses y concretar su plan de convocar a una Asamblea Constituyente.

Por más duro que sea, lo más lógico es que el Congreso otorgue la confianza. Al fin y al cabo, si no hay Congreso, no hay un espacio institucional desde el que la oposición pueda luchar. Y hoy esos espacios tienen que valorarse más que nunca.

Sí, otorgar la confianza es lo más estratégico, pero eso no quiere decir que no sea también lo más doloroso.