Muchos quisieran
ver fuera del proceso electoral del próximo 7 de octubre a Javier Alvarado. Pero
una cosa es el deseo personal de sus opositores y otra los vacíos o ambigüedades
no bien definidas de la ley electoral. Alvarado cuenta con una sentencia en 1era
instancia que lo condenó a 6 años de prisión efectiva por el delito contra la administración
pública en la modalidad de colusión.
NO HAY
IMPEDIMENTOS
Al respecto el JNE
ha indicado que cuando se trata de una
sentencia condenatoria en primera instancia, que no está aún consentida ni
ejecutoriada, los derechos electorales de este ahora prófugo de la justicia
continúan vigentes.
‘Las sentencias que
no tienen calidad de consentida y tampoco están ejecutoriada por consiguiente
todos los derechos electorales están vigentes plenamente. Para la legislación
electoral eso no constituye ningún impedimento para continuar en la contienda’,
dice uno de los párrafos interpretativos por parte del JNE.
IMPEDIMENTOS
De acuerdo a las
normas electorales una persona está impedida de postular si está condenado por
delito doloso, pero esta condena tiene que estar consentida (aceptada por todas
las partes) y ejecutoriada (que haya llegado a última instancia).
En ese contexto cómo
la sentencia de Javier Alvarado fue en primera instancia, faltan aún otras instancias
que resolverán en definitiva, en ese caso al haber apelado y a pesar de esta prófugo
puede seguir ‘en campaña’ electoral.
LEY
ELECTORAL AMBIGUA QUE FAVORECE LA CORRUPCIÓN Y EL CONTINUISMO
Y aunque elegir a
un prófugo de la justicia debilita la democracia, no es el único caso que
debemos alertar, hay otros muchos más graves como la reelección camuflada, o
los acuerdos bajo de la mesa para perpetuarse en el poder para enriquecerse
vilmente. Desgraciadamente las leyes electorales son ambiguas y favorecen a
unos y a otros, y mientras no sean modificadas y/o mejoradas esto seguirá ocurriendo.
REFLEXIÓN
CIUDADANA
Finalmente la
población debe tener presente al momento de elegir una seria reflexión, pues es
nuestro deber verificar los planes de
gobierno de los candidatos para emitir un voto informado.
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