Los últimos
megaoperativos del Ministerio del Interior y la Policía Nacional han puesto en
jaque a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de terrenos, así como a
la extorsión y el robo agravado.
En la provincia de
Cañete, hace meses cayeron Los rucos de Chilca, “Los Injertos de Nuevo
Ayacucho”, y ayer “los temibles de nuevo Cañete”. En ambos casos estuvieron
involucrados autoridades y funcionarios ediles. En Chilca fue detenido el
alcade, así como en la municipalidad delegada de Nuevo Ayacucho, sin embargo a
pesar del operativo de ayer en la que se decomisaron 3 millones de soles, el alcalde provincial de Cañete Alex Bazán,
estaría pasando desapercibido, cuando debería ser investigado.
Recordemos que una
de las facilitadoras de los traficantes, según la policía (Angélica Arata (a)
Moza), fue candidata a la alcaldía distrital de Imperial por el Movimiento LA
CHOLITA de ROSA VASQUEZ, al igual que ALEX BAZAN.
DIREFOR
Lo curioso es que
no solo son los alcaldes corruptos los que facilitan y hasta alientan el
tráfico de terrenos, sino que tienen otros cómplices como por ejemplo la
DIREFOR. La dirección regional de Formalización de la Propiedad Rural adjudica
terrenos eriazos hasta 15 hectáreas, y formaliza predios rurales por hasta 3 hectáreas.
Si se investigará
esta dependencia del Gobierno Regional, se encontrarían diversas y muy
sospechosas adjudicaciones, en la que una misma persona se habría adjudicado
terrenos de hasta por 15 hectáreas cada una, sumándose muchas más. Allí está la
trampa, para sacarle la vuelta a la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales (SBN).
Una de las raíces
del tráfico de terrenos, también la
constituyen las más 200 comunidades campesinas en el Perú. Hay comunidades
campesinas dueñas de tierras en Huacho, Huaral, Barranca, Huarmey, Casma,
Cañete, etc. Esas comunidades son dueñas de 150 mil propiedades, y solo
representan a familias de cinco personas, y son lideradas por mafias amparadas,
aunque ud. no lo crea, en la Ley.
El estado debería
de disolver esas comunidades campesinas, recuperar esas tierras y habilitarlas
para el uso de los ciudadanos libres de los traficantes, desapareciendo el
primer eslabón del tráfico de tierras en el Perú. El tráfico de tierras trae consigo un
problema de orden social, así como el incremento de la delincuencia, como el
sicariato, el hurto y el robo agravado.
En Cañete se tiene
que investigar al alcalde provincial Alex Bazán, y otras autoridades y
funcionarios presuntamente culpables del tráfico de terrenos. Desde ya el
movimiento “LA CHOLITA”, es un peligro por albergar en sus filas a gente
comprometida con esta lacra social, que sólo trae tragedia a muchas familias. Por lo pronto ya el alcalde distrital de Chilca RICHARD ALFREDO
RAMOS AVALOS está preso por esos presuntos delitos.
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