Se abre proceso al jefe del Estado por una serie de hechos que requieren ser esclarecidos.
Los ascensos
militares, la licitación para adquisición del biodiésel en Petroperú y la
concesión del puente Tarata III son los tres casos que la Fiscalía de la Nación
ha considerado plausibles de investigación y en los tres comprende al
presidente de la República.
Los delitos que se
atribuyen en la investigación preliminar son presunto tráfico de influencias
agravado, colusión y patrocinio ilegal. Exministros y altos funcionarios de la
actual administración están comprendidos y tendrán que prestarse a las demandas
del fiscal anticorrupción que quede encargado.
Los tres casos han
sido conocidos por denuncias periodísticas y declaraciones de los involucrados.
En el de ascensos militares fueron los ex comandantes generales del Ejército y
la Aviación, que fueron pasados a retiro, quienes dieron detalles del proceso y
la presunta interferencia en los resultados. En el caso de la compra de
biodiésel y la licitación que entregó a un consorcio, la construcción del
puente Tarata III, se conoce la participación de la lobista Karelim López,
quien incluso acudió en reiteradas oportunidades a la casa ocupada por el
mandatario y algunos familiares en la calle Sarratea de Breña y también a
Palacio de Gobierno.
En el caso del presidente
de la República, el mandato es muy preciso. Se abre la investigación sustentada
en el artículo 117° de la Carta Política y en ese mismo documento de apertura
con el que ha sido notificado se suspende cualquier acción indagatoria. El
proceso recién podrá iniciarse cuando concluya el período presidencial. Un jefe
de Estado solo puede ser acusado durante su período de gobierno por ciertos
delitos definidos previamente por la Constitución y entre ellos no está
contemplada la corrupción. Cualquier proceso penal contra un mandatario deberá
ser autorizado mediante antejuicio por el Congreso al término de su mandato
presidencial.
Dicho esto, hay que
señalar que es fundamental que se esclarezcan los hechos en los que
presuntamente ha estado involucrado el jefe del Estado. Ya no es solo un tema
de gran importancia política, porque genera inestabilidad y ruido innecesarios.
Se trata de una demanda ciudadana, porque no es razonable que habiendo
transcurrido más de un mes desde que se solicitara la lista de los asistentes a
las reuniones en la casa de Breña, hasta el momento el pedido del procurador no
haya sido atendido. La transparencia se basa en acciones, no en discursos
vacíos.
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