La gestión de
Nelson Chui y sus cuestionados funcionarios culminó el 31 de diciembre de 2018,
pero al parecer algunos personajes chuistas aún se aferran a la idea de
quedarse en el Gobierno Regional de Lima y seguir viviendo a expensa de los
recursos públicos, pese a los cuestionamientos que existen sobre ellos.
Ese es el caso de
abogado Gustavo Toledo Sosa, quien fue designado como Asesor Jurídico de la
DIRESA por Félix Palomo y que, de forma increíble, aún se mantiene en el cargo,
a pesar que la gestión de Chavarría ha designado al médico Fernando Cárdenas
como nuevo Director Regional de Salud.
Según sabemos,
Toledo Sosa llegó al cargo debido a que sería el ahijado del fracasado ex
director de la DIRESA Palomo Luyo, pese a que sobre él recae serios
cuestionamiento por su anterior desempeño como Asesor Legal de la Oficina de
Obras del Gobierno Regional, al lado del tan cuestionado ingeniero Larry
Otiniano, el mismo que fue constantemente denunciado por los ex consejeros
Miguel Ángel Mufarech y Vladimir Rojas.
De acuerdo al
Informe de Auditoría N° 286-2017-CG/MPROY-AC, Auditoría de cumplimiento al
Gobierno Regional de Lima por la “Construcción y Equipamiento del Hospital
Cañete – Meta I y II”, el abogado Gustavo Toledo Sosa es cuestionado por haber
emitido el Informe N° 001-2016-GRL/GRI/OO/GATS, mediante el cual otorga conformidad
a la modificación de la forma de pago del equipamiento establecido en el
Contrato N° 007-2015-GRL/OBRAS, a través de la suscripción de una adenda,
beneficiando con ello al contratista de la META II, al otorgarle mayor liquidez
financiera, creando el riesgo de no contar con la garantía correspondiente ante
fallas y daños del equipamiento hospitalario.
Dicha actuación
habría inobservado lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF, las Bases Integradas del proceso
de selección de AMC n° 018-2015-GRL/CE y el mismo Contrato N°
007-2015-GRL/OBRAS.
De allí que la
Contraloría haya determinado que contra dicho servidor, corresponde iniciar un
Proceso Administrativo Sancionador (PAS) a cargo de la propia Contraloría, así
como el inicio de las acciones legales de carácter civil, para el resarcimiento
del perjuicio patrimonial ocasionado a la entidad.
Con esos
antecedentes, es necesario que el nuevo Director Regional de Salud prescinda de
forma inmediata del abogado Toledo Sosa, pues de permanecer en dicho cargo, le
traería graves problemas al nuevo Director de DIRESA, sin contar los
potenciales perjuicios que podría generar contra el Gobierno Regional de Lima.
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