Desde hace un buen
tiempo la Contraloría General de la República no cumple su función
fiscalizadora en la región Lima, basta revisar que no existe una sola entidad
pública que haya sido objeto de denuncias en los últimos años.
Es más hemos
realizado públicamente infinitas denuncias con elementos probatorios de sobra y
ninguna de ellas ha despertado un ápice del interés de la Contraloría, a pesar
de que en Huacho existe una oficina de Contraloría General.
Por ejemplo en
Arequipa, la Contraloría envió un oficio circular al Gobierno Regional y a los
109 municipios de esa región, advirtiéndoles que sus servidores, sean gerentes,
subgerentes o directores, deben cumplir con la normativa, porque posteriormente
realizarán inspecciones y formalizarán las denuncias.
En dicho oficio se
indica que los funcionarios de confianza o que fueron elegidos a dedo para
ocupar los diferentes cargos en los municipios o el Gobierno Regional de
Arequipa deben cumplir con el perfil exigido por el Manual de Organización y
Funciones (MOF), así como el Reglamento de Organización de Funciones (ROF) de cada
institución, de lo contrario deben ser retirados o cambiados.
De corroborar la
permanencia de servidores sin cumplir con los requisitos exigidos, serán
sancionados administrativamente y hasta denunciados legalmente, es más indican
que los responsables (Gobernador Regional y Alcaldes) podrían ser sujetos a
suspensiones e inhabilitaciones de sus cargos.
Lo mismo sucedió en
la región Ancash, en donde el Ministerio Público ha advertido a las
instituciones del estado a cumplir con la ley referente a nombramientos o
aceptaciones ilegales de cargo, sin embargo en la Región Lima ni el MP ni la
Contraloría cumplen con su función, despertando suspicacias sobre su accionar.
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