A lo largo de casi
10 meses de gestión regional, hemos presentando más de 45 denuncias muy graves
y cerca de 90 que deberían ser materia de intervención de oficio por parte del
consejo regional, es más hasta casi ‘hemos reemplazado’ su labor de
fiscalización, con denuncias contundentes que han pretendido ser acalladas en
vez de aclaradas.
Según la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales LEY Nº 27867, en el CAPÍTULO II: CONSEJO
REGIONAL Artículo 13.- El Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador
del Gobierno Regional, indica que: “Entre sus derechos y obligación funcionales
están el de proponer normas y acuerdos regionales, y el de fiscalizar los actos
de los órganos de dirección y administración del Gobierno Regional u otros de
interés general”
Es decir, los
consejos regionales son órganos con competencia regional, para efectos de
realizar fiscalización respecto a actos funcionales de la gobernación y
respecto a ordenanza que se podrían crear con competencia regional. No tiene
facultades de realizar actos administrativos alguno, y están prohibidos de
entrometerse a favor suyo o de terceros administrativamente, es decir no pueden
proponer contratación de personas, empresas, sugerir convenios o cualquier acto
contrario a Ley.
Por ejemplo solo
por citar un caso, hace dos días presentamos una denuncia contundente sobre la
injerencia de una trabajador responsable de proyectos productivos de la DRAL, y
que mantiene una sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones de
Destitución y Despido – RNSDD con inhabilitación a ejercer cargo público por 5
años.
Y cuando se
esperaba el pronunciamiento de algún consejero regional, algunos de ellos han
pretendido crear una cortina de humo con otra denuncia, la misma que la
habíamos realizado hace meses y que hizo posible la intervención de la
gobernación regional para firmar el convenio del plan piloto con el Ministerio
de Transporte para la emisión de brevetes.
Curiosamente en esa
época no dijeron nada, pero lo cierto es que todos los trabajadores fueron
despedidos, se disminuyó la burocracia, se implementó un protocolo de seguridad
y por ultimo un mecanismo que aseguraba la transparencia en esa función
administrativa, que ahora es monitoreada directamente por el MTC, y ya no
solamente por el GORE, todo esto resaltado como un gran logro por el mismo
Ricardo Chavarría.
Ahora se
pretendería crear las condiciones para buscar anular dicho convenio del plan
piloto, siguiendo las consignas de los que anteriormente se habían favorecido
por años, y tratando de imponer los intereses que habían sido abolidos por el
MTC. Pero eso no esto sobre la mala labor de algunos consejeros, regresamos con
la II Parte porque la paciencia es nuestra mejor virtud.
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