Hace algunos días el Presidente Constitucional, profesor Pedro Castillo, convocó a todos los ministros, gobernadores regionales y al Contralor General de la República. Al concluir el evento, expresó que aquel ministro que fuera encontrado en acciones turbias, sería sancionado no solo administrativamente, y también cualquier otro funcionario de cualquier nivel y, para ello, cuenta con la comunicación y acción permanente del contralor Nelson Shack.
El contralor expresó
que, en el año 2020, se había detectado que la corrupción le costó al Estado un
total de 22,000 millones de soles y, que, a partir de ahora, habría una acción
fiscalizadora concurrente para evitar “llorar sobre la leche derramada”. Esto
quiere decir que la contraloría asume una responsabilidad mayor en la lucha
contra la corrupción. Recordemos que, así como hay presidentes de la república
presos por corrupción, también hay gobernadores regionales.
Debemos tener en
cuenta que la corrupción y la indiferencia por ella hoy está generalizada, y
que se requiere de una campaña que involucre a todo el país para fortalecer los
valores, en particular la ética, la moral, el orden y la empatía desde el
hogar, la escuela y el trabajo.
El código de ética e
integridad pública debe respetarse en todas las instancias de gobierno,
principalmente en las referidas a adquisiciones y obras del Estado y a los
servicios y actividades públicas en los sectores de seguridad, salud,
educación, justicia, transporte, entre otros; a través de un equipo de
especialistas de la contraloría, que debe revisar sus cumplimientos. También es
necesario efectuar una depuración de las planillas de las instituciones
públicas a través del Reniec, para evitar que fallecidos sigan cobrando.
El propio contralor
dijo que hay normas que requieren perfeccionarse y otras hechas deliberadamente
para delinquir, probablemente producto de lobbies, por lo que es necesario que
el congreso transparente su accionar y cumpla con su rol fiscalizador en todos
los sectores, y que priorice la legislación de las normas requeridas por la
contraloría, para lo cual el Congreso debe marchar a su mismo ritmo, o, de lo
contrario, debe darle facultades al respecto al ejecutivo.
La contraloría fiscaliza
el cumplimiento de las normas (control de la legalidad), y si éstas no se
ajustan a la realidad del entorno de los proyectos, se produce su paralización
o se induce a la malversación de fondos, generalmente debido a enraizadas
políticas centralistas, por lo cual es necesario contar con normas más
flexibles, que permitan avanzar y tomar decisiones adecuadas y oportunas.
También es urgente darle capacidad sancionadora a la contraloría.
El control
concurrente, tiene un enfoque esencialmente preventivo, que consiste en
acompañar al gestor público en la contratación de un bien, servicio u obra,
para alertar oportunamente sobre los riesgos y situaciones adversas
identificadas durante el servicio de control, con el propósito de que se
adopten las medidas correctivas y preventivas del caso.
Desde el 2017 la
Contraloría General de la República ha estado aplicando el control concurrente
mediante leyes específicas: la Reconstrucción con Cambios y la Emergencia
Sanitaria del Covid19. Para extender el Control Concurrente a las inversiones
públicas, el 10 de julio de este año, el Congreso de la República aprobó una
ley que únicamente lo establece para inversiones a partir de los 10 millones de
soles, financiando el servicio de control concurrente con el 2% del costo total
de cada proyecto. El Ejecutivo la observó el 20 de julio, por afectar la
autonomía de los Gobiernos Regionales y Locales, y por constituir,
indirectamente, una iniciativa de gasto.
La lucha integral
contra la corrupción, también requiere de la transformación digital del Estado.
Se debe superar las limitaciones del Gobierno Digital (“cero papeles”), pues ha
fracasado; es necesaria la cooperación externa, del BID, Banco Mundial u otras
instituciones, para construir una adecuada administración digital del Estado, a
través de la integración de sus diferentes bases de datos.
Asimismo, las normas
para gastos, que son centralistas, requieren flexibilizarse, y que se traslade
el Sistema Nacional de Inversión Pública al Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico, para impedir proyectos sin sustento técnico ni económico.
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