En nuestro país, después de ganar una elección los elegidos se olvidan que se deben a quienes los nombraron (sus electores) y creen que por la duración del período de gobierno pueden hacer lo que les parezca, cuando en realidad tienen el compromiso –que deriva de la palabra empeñada– de cumplir con sus ofertas electorales y sus planes de gobierno.
El respaldo de la población a un sistema de gobierno está en relación
directa con la forma en la que este contribuye al aumento de su bienestar. Las últimas elecciones regionales y municipales
han evidenciado algo muy simple: los ciudadanos no sabemos elegir. Y los
actuales administradores de nuestros impuestos no solo son impresentables, sino sus robos son tan descarados, más que evidentes.
Con organismos de control lentos y sobre todo conchabados, la población
no encuentra como expresar sus descontentos y como lograr la salida de estos
impresentables, quienes vienen haciendo de las suyas. Ante esto, la revocatoria
de autoridades puede ser una herramienta para el fortalecimiento y la
ampliación de la democracia. Sin embargo, la experiencia nos muestra que, en un
contexto de fragmentación social, se convierte en un mecanismo para el juego de
intereses particulares, afectando la gobernabilidad y la estabilidad que se
requiere para una adecuada gestión.
Para muchos, la revocatoria viene siendo utilizada como medio de
chantaje, extorsión, venganza política y como elemento de perturbación de una
gestión municipal o regional, y más no de controlar el buen manejo del
gobierno. No es que ningún ciudadano tenga derecho a solicitar un kit, sino que
se está mal utilizando por muchas personas.
Lamentablemente casi nunca los revocadores tienen la autoridad moral
para solicitar la revocatoria de sus autoridades, aparte del oscuro
financiamiento que casi nunca es aclarado. Por eso, evaluemos antes de firmar
un planillón, porque al final tu firma puede servir para revocar al corrupto, o
para enriquecer al ‘revocador’. Ustedes tienen la palabra. La paciencia es
nuestra mejor virtud.
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