"En Perú es más fácil vacar al presidente que condenar a un asesino". Frases que pronuncian por estos días algunos peruanos e ilustran el momento político que vive el país.
El lunes, el presidente Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso
en una "moción de vacancia" por una "incapacidad moral"
para ejercer el cargo.
El ahora exmandatario había sido acusado de recibir sobornos de empresas
para conceder obras públicas durante su mandato en la gobernación de Moquegua.
Vizcarra niega los cargos, entre otras porque se basan en testimonios
cuya autenticidad no ha sido validada por la justicia.
El hecho es que su caída, sin embargo, es algo que "ya fue
consumado", como también se oye en las calles de Perú, donde ya se
reportan protestas. Un nuevo presidente, Manuel Arturo Merino, asumió este
martes.
La vacancia de Vizcarra se da dos meses después de otro intento del
Congreso, también liderado por el congresista Merino, de destituirlo. Y
recuerda que Vizcarra mismo llegó al poder en 2018 tras la renuncia de Pedro
Pablo Kuczynski en medio de dos mociones de vacancia similares.
Es inevitable que, además, la destitución evoque lo ocurrido con los
últimos seis presidentes del país; no todos destituidos, pero sí investigados o
condenados por corrupción.
Perú, entre tanto, ha sido el país más afectado económica y
sanitariamente por la pandemia en la región y se prepara para elegir en abril
de 2021 nuevos presidente y Congreso.
Así las cosas, la aparente facilidad con que el Congreso logra
arrinconar a los presidentes se ha vuelto una suerte de exotismo de Perú, que
como otros países de América Latina sufre de corrupción, pero con consecuencias
extraordinarias.
¿Qué es, entonces, lo que pasa? Estas son cuatro claves para entenderlo.
1. UN SISTEMA SEMIPARLAMENTARIO EN LA PRÁCTICA
Como en toda América Latina, Perú tiene un sistema político
presidencialista: el presidente, elegido por sufragio universal, es el jefe de
Estado y tiene facultades extraordinarias que favorecen la estabilidad y la
eficiencia del gobierno.
Pero el sistema peruano tiene una característica que solo comparte con
Venezuela y Ecuador en la región: que su Congreso, de apenas 130 legisladores,
solo cuenta con una cámara legislativa.
Además, a diferencia del resto de la región los peruanos han ido
introduciendo a su sistema instituciones o mecanismos del parlamentarismo
europeo que buscan evitar que los presidentes tiendan hacia el autoritarismo.
Con eso, las mociones de censura en Perú no son llamados de atención,
sino mandatos de renuncia y los gabinetes ministeriales y presupuestos del
Ejecutivo dependen del escrutinio y la aprobación del Congreso.
"Una mirada institucional nos hace ver que en Perú el presidente no
tiene el perfil hiperpresidencialista que se había planteado, sino que su
fortaleza depende de evitar una oposición consolidada en el Congreso",
explica Milagros Campos, profesora de derecho constitucional Universidad
Católica.
"En 200 años Perú no ha logrado resolver el escenario de un
gobierno sin mayoría en el Congreso; y siempre que ha ocurrió se ha traducido
en golpes de Estado o vacancias", como ocurrió en el caso de Vizcarra.
En los últimos tres años, la vacancia ha sido contemplada cuatro veces.
Una vez fue aprobada y vacaron a Vizcarra. La otra dio con la renuncia de PPK.
2. LA FIGURA DE VACANCIA
A esto se añade la famosa figura de "la vacancia por incapacidad moral del presidente", que existe en otros países, pero en Perú opera y tiene alcances distintos.
La vacancia viene de la Constitución de 1839 y se ratificó en las 10
siguientes, incluida la última, de 1993.
A diferencia de un juicio político, la vacancia, en teoría, no está
destinada a juzgar o sancionar al presidente, sino verificar que sus
capacidades sean óptimas para ejercer su cargo.
Por eso el proceso, aunque cuente con un derecho de defensa de 60
minutos, es tan fluido y no exige la intervención de comisiones ni largos
debates.
Pero, según Campos, "al ser una definición tan amplia el mecanismo
se puede usar para cualquier cosa", desde la enfermedad o muerte del
presidente hasta su autoridad "moral" para ejercer el cargo más alto
de la nación.
El 20% de los congresistas pueden pedir una moción de vacancia, el 40%
puede admitirlo y el 66% (87 de 130 legisladores) puede aprobarlo.
3. LA FRAGMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PERUANA
Por lo anterior es cada vez más claro que en Perú un presidente no puede
gobernar sin cierta cantidad de congresistas a su favor.
Y Vizcarra, al menos en el papel, no tenía ni uno.
En 2019, el mandatario disolvió el Congreso después de le rechazaron
tres veces una reforma a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional
y llamó a elecciones extraordinarias.
Vizcarra, que contaba con el apoyo teórico de dos partidos, no presentó
candidatos propios. Se presentaron 21 colectividades y 10 de ellas obtuvieron
escaños. "El poder se disgregó y fragmentó más que nunca", dice
Campos.
Y eso, según los analistas, le terminó pasando factura al entonces
presidente.
Como en otros países, Perú vive una crisis de sus partidos que, en un
sistema que en la práctica opera como semiparlamentario, se traduce en crisis
institucionales como la de los últimos años.
"Con tantos golpes de Estado, los partidos nunca se consolidaron y
siempre fueron volátiles (…). Y a eso añádele que no hay reelección de
congresistas, con lo que la volatilidad es tremenda", añade Campos.
Sin partidos consolidados, entonces, el presidente tiene menos capacidad
de garantizar la estabilidad de su mandato.
4. LA CORRUPCIÓN DE FONDO
Todo lo anterior se da en un país donde la corrupción es, como en el
resto de América Latina, estructural. Y eso facilita que se abran casos por
corrupción contra cualquier funcionario.
No en vano los congresistas que promovieron la vacancia de Vizcarra
están, también, investigados.
Después de Brasil, Perú es el país que más ha avanzado en las
investigaciones por corrupción del caso Odebrecht, la constructora que tenía
una red de sobornos en toda la región.
Sin embargo, casi cuatro años después de que se abrieron las pesquisas,
los 46 casos abiertos no han arrojado resultados: los cuatro expresidentes
salpicados, por ejemplo, están acusados, pero no condenados.
Según Campos, la lucha contra la corrupción ha dado con normas que
"entorpecen las inversiones públicas y benefician a los corruptos que
logran manejar la burocracia como pez en el agua".
En 2018, Vizcarra promovió un referendo para luchar contra la corrupción
que incluía la prohibición de la reelección de congresistas, reforma que fue
aprobada por el 85% de los votantes.
Dos años después, según Campos, las buenas intenciones tuvieron un
coletazo: "La no reelección genera un efecto no deseado, porque quiebra
cualquier espíritu colaborativo y de rendición de cuentas. Los congresistas no
están atentos a lo que la población piensa, porque no los van a sufragar de
manera inmediata".
Las últimas encuestas le daban a Vizcarra entre 60% y 80% de aprobación.
Pero eso, en un Congreso que no estaba sujeto de manera inmediata al escrutinio
del electorado, no le sirvió de nada: de todas formas, lo vacaron.
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