¿HASTA CUÁNDO SEGUIREMOS GOBERNADOS POR AUTORIDADES MENTIROSAS?

Desde 2006, cuando Humala introdujo aquel virus chavista que luego, en 2011, dejase congelado bajo el juramento que prestó a Vargas Llosa, lo que viene ocurriendo en el Perú es que ha desaparecido el Estado de Derecho. Eso que los británicos llaman The Rule of Law, que no es otra cosa que privilegiar el precepto de la ley para normar la conducta de la sociedad. Desde 2006, en este país campea la ley de la selva. Por no decir, la anomia.

El legicidio es el pan de cada día. Lo practica desde el jefe de Estado hasta el más pintado de los jueces, pasando por fiscales, etc. En general por cualquier autoridad que, constitucionalmente, está obligada no solo a defender la Constitución y las leyes, sino fundamentalmente a imponerlas en todos sus aspectos y en todos los foros.

Hoy la informalidad nacional no sólo está reflejada en ese 75% de la actividad socioeconómica que emprende la sociedad peruana en todas sus funciones laborales, productivas, profesionales; sino que está enquistada en la forma mendaz en que toda autoridad de gobierno aplica la ley y las normas constitucionales. Tanto a nivel central como regional y municipal. Concretamente, la falacia reina en todos los aspectos de la función pública.

La mentira es la base de este quebranto moral que soporta nuestra nación. Humala le mintió al electorado presentándose con una plataforma comunista. Por ella votó Juan Pueblo en primera vuelta. Pero tiró ese programa al traste para el repechaje, pariendo un régimen mediocre que, al final del día, privilegió la corrupción.

PPK también mintió al proponer un gobierno centroderechista para, finalmente, endosarle la presidencia a la progresía caviar, bajo el compromiso que no levantase la alfombra donde escondía sus podredumbres, como hombre poderoso durante el toledato. Vizcarra fue más allá. Era consciente de sus delitos como gobernador moqueguano. Urdió con el fujimorismo la caída de su mentor PPK; y, ya en palacio, dio un golpe de Estado para asegurarse todos los poderes y reinventar otro Estado a su imagen y semejanza: corrupto además de autoritario.

Finalmente, el candidato Castillo se presentó con un programa chavista que registró ante el JNE. Pero consciente de que la mayoría repelería esa propuesta, mintió en la segunda vuelta, trasgrediendo la ley al trocarla por una farsa sabiendo que ya en el gobierno retomará su talante totalitario, comunista. Más aún, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es otro mentiroso consuetudinario que, para evadir la verdad, ha optado por no confrontar las firmas de las actas observadas con el padrón de ONPE. Sabe que trasgrede la ley. Pero este sujeto, José Luis Salas Arenas, sabe también que, con el comunismo instalado en palacio, nada ni nadie se lo recriminará.

Ahí estriba la inviabilidad de nuestra sociedad como nación. En la mentira permanente urdida por quienes ejercen de autoridad, conscientes de que el poder les permite tanto engañar al pueblo como violentar las normas –inclusive la Constitución- saltándoselas para ellos; mientras las aplican en exceso contra quienes se les opongan.