Constitucionalmente, el Estado peruano está representado por tres poderes; cada cual con plena independencia. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. De modo que toda medida que tenga que ver con la representatividad de la sociedad reposa, exclusivamente, en alguno de estos tres poderes estatales. No existen más alternativas.
De otra parte, la
coyuntura más dramática –consecuentemente importante- que tiene por delante una
ciudadanía es la elección de sus autoridades. Porque de ella depende todo lo
demás. En el Perú, sin embargo, para dirimir toda controversia alrededor de un
proceso de elecciones generales –donde se escoge a presidente y a congresistas;
o sea, las más altas autoridades de la patria- el pueblo únicamente puede
acudir a un Jurado electoral designado a dedo por un organismo sin garantía de
imparcialidad, de moralidad, ni menos idoneidad, denominado Junta Nacional de
Justicia.
Por lo demás,
hablamos de una entidad hijastra del golpe de Estado perpetrado por el
miserable Vizcarra. Lo cual, desde cualquier perspectiva constitucional, carece
de las necesarias garantías para cautelar los intereses de nuestra sociedad.
Sobre todo, insistimos, porque esta “Junta de Justicia” es fruto de una
infracción constitucional teledirigida por un tramposo ahora investigado por
corrupción, y a quien este Jurado Nacional de Elecciones, nombrado por el ente
que él –Vizcarra- promoviese mediante un golpe de Estado, le permitió quebrar
la ley electoral aceptando que participase en este proceso sin haber renunciado
seis meses antes de la convocatoria al mismo.
¿Y este mismo
“Jurado”, comprendido por cinco miembros digitados por una “Junta” parida por
una quiebra constitucional, decidirá los destinos de 32 millones de peruanos
durante los siguientes cinco años? ¿Le parece coherente, amable lector?
Ahí no queda todo.
¡El Jurado Nacional de Elecciones JNE está incompleto! Sólo lo integran cuatro
de cinco miembros. Por si fuera poco, el presidente se arroga la facultad de
ejercer doble voto. Y, para más señas, ese presidente -Jorge Luis Salas Arenas-
es comunista, Y fue defensor de terroristas. Coincidentemente, las mismas
credenciales que exhibe el candidato de Perú Libre.
Ante semejante
oprobio, resulta delirante pedir al ciudadano que confíe en la probidad de
quienes se arrogan la facultad de decidir su futuro, sin acreditar credenciales
constitucionales, legales, morales y funcionales para brindarle la debida credibilidad
a un proceso electoral, en el cual se definirá si el Perú ingresa a la órbita
comunista, senderista, chavista, maoísta; o si se mantiene dentro del espacio
democrático. Hay demasiado en juego, señores, para que cuatro individuos, sin
las debidas garantías, decidan si el proceso electoral está viciado o no lo
está; y si las reglas de este proceso, sobre todo las aplicadas en primera
vuelta, se cumplieron a cabalidad.
De acuerdo al
entonces candidato Rafael López Aliaga, no se respetaron. Entonces, la duda
existe. Y un cambio de rumbo vertebral como el que podría producir uno de los
dos resultados de este balotaje, no puede ni debe estar en manos de una entidad
cuestionada, cuyos pergaminos, reiteramos, nacen de un golpe de Estado.
Lo rechazamos, además,
porque así surgen las dictaduras comunistas.
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