Según el último reporte laboral del INEI, 825 mil “limeños” (a nivel nacional, más de 2 millones) que perdieron su puesto de trabajo “adecuado” (jornada completa y con ingresos superiores al sueldo mínimo) el último año, siguen desempleados y día a día, luchan por su subsistencia viviendo de “cachuelos” en la informalidad. Este drama social se agrava porque el ingreso laboral promedio ha caído en una quinta parte.
Otro heraldo negro de
fin de semana fue la rebaja la calificación crediticia de Perú por parte de
Fitch de BBB+ a BBB: “por los cambios de política que propugna Perú Libre ….en
conflicto con el modelo económico abierto” y además que Standard & Poor’s
nos varió la perspectiva de estable a negativa, porque si bien anuncia que
mantiene la calificación BBB+ indica: “con posibilidad de rebajarla si los desafíos
político entre el Ejecutivo y el Congreso, contribuyen a un desempeño económico
deficiente” (14/10/21). Ambas se suman a Moody’s, que hace semanas nos bajó de
A3 a Baa1(1/9/21).
Ante tremendo
rapapolvo de las agencias clasificadoras de riesgo, el ministro de Economía
Pedro Francke replicó “que la mejor prueba de la confianza de los mercados es
que el Perú colocó bonos soberanos por el equivalente a US$ 43 millones (jueves
13)”, lo que en realidad es una minucia, en comparación con los bonos por US$
13,500 millones (6% del PBI) que necesita el 2022 para financiar el
presupuesto, acotando que el downgrade “no afectará las inversiones el 2022”
que crecerían 7.8% según el MEF, soslayando que a mayor riesgo, el
financiamiento se encarece, lo que desalienta las inversiones y por ende la
generación de empleo.
El ministro Francke
parece ignorar que mucho antes del anuncio de Fitch, Pablo Lavado de la
Universidad del Pacífico indicaba: “se estima un estancamiento en la inversión
privada el 2022” (Foco Económico), mientras que Credicorp estima una caída de
-7% y Apoyo pronostica un desplome de -12.5%.
Ante este escenario,
más allá de organizar “té de tías” en el MEF, debería tomar el brazo de su
“camarada” Eduardo Gonzales Toro, ministro de Energía y Minas, y hombro con
hombro, como en las marchas de los 70, sacar adelante el proyecto de Sulfuros
de Yanacocha, que producirá 500,000 onzas troy de oro, programada para el 2do
semestre del 2022, que contempla una inversión por US$ 2,000 millones. Otro
tanto, con Buenaventura, que se encuentra en plena consulta previa del proyecto
aurífero San Gabriel (Moquegua), para ejecutar una inversión de US$ 422
millones y que además ha iniciado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la
planta Río Seco (Huaral) para procesar cobre arsenical de Minera El Brocal. Lo
mismo, para apoyar al grupo Hochschild, que ha presentado un EIA a la mina de
plata Inmaculada (Cusco) para extender la vida útil hasta el 2041, con una
inversión estimada de US$ 4,436 millones; con el proyecto Corani (Puno) de Bear
Creek que producirá 16 millones onzas de plata e implica US$ 587 millones de
inversión; con el tajo Chalcobamba (Apurímac) de Minera Las Bambas, que es una
inversión de US$ 430 millones, etc.
A estas alturas de la
historia, deberían darse cuenta que sólo la inversión privada y no la estatización salvará al Perú. Están a
tiempo.
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