El funcionario
cuya labor es fiscalizar a todos los demás funcionarios del Estado está en
graves problemas de corrupción.
Walter Grados
Aliaga es un abogado y auditor de la Contraloría General de la República. En el
año 2015 se encontraba destacado ante la comisión investigadora de la
“narcopolítica”, que presidió la entonces congresista Rosa Mavila. Él levantaba
información de los políticos sospechosos de lavar de activos provenientes del
narcotráfico y en el camino se topó con información que le hizo pensar que su
hoy máximo jefe, el contralor Edgar Alarcón, podía estar involucrado en
supuestos ilícitos.
En agosto del
2016, luego de acopiar documentación, Grados denunció a Alarcón ante la
presidenta del Congreso Luz Salgado y ante la Comisión de Fiscalización del
Parlamento, presidida por Héctor Becerril.
En setiembre
del 2016, cuando Alarcón tomó conocimiento de la denuncia, citó al auditor
Grados a su despacho, y trató de convencerlo de que retire sus cargos:
“Llegó al
extremo de solicitarme que retire la denuncia. Entonces, yo le digo:
"¿Cómo puedo retirar una denuncia? No me puedo tirar atrás. Como el señor contralor me citó, yo grabé mi
conversación” contó Grados a Cuarto Poder.
Entre el 2002
y el 2015, el alto funcionario y sus jóvenes hijos han comprado poco más de 90
vehículos. Eran autos y camionetas de categoría Audi, BMW y Jeep para
operaciones de compra-venta. Según la denuncia, entre el 2013 y el 2015, siendo
vicecontralor, Alarcón adquirió nueve
autos por un total de 182 mil 550 dólares, los cuales, según la
denuncia, no solo no declaró, sino que nunca debió comprar para negocio pues la
ley se lo impedía.
“Él compra
ocho vehículos según Registros Públicos y no los ha declarado porque él fue
omiso en la presentación de sus declaraciones juradas que por ley le
correspondía hacer. Y la Ley 27785, que la puede ver textualmente, el artículo
33, prohíbe esa actividad lucrativa a un funcionario público del nivel que
tiene el señor Alarcón”, señaló Grados.
Solo en el
año 2013, Alarcón compró cinco autos. Ese año, sus bienes alcanzaban, de
acuerdo a su declaración jurada anual, los S/. 932,100. Se supone que el año
siguiente el valor de sus posesiones debió aumentar, ya fuera por los mismos
vehículos o por las ganancias al venderlos,
pero se mantuvo igual, en S/. 932,100.
“La utilidad
por la venta de los vehículos, de repente eran mil dólares, 2 mil que se consumían en tus gastos
corrientes. Vender un vehículo no significa que estoy aumentando 1 millón o 500
mil dólares, o 100 mil o 50 mil. Lo que se ganaba por este tema es irrisorio,
de repente 1,000 dólares, 1,50 dólares, que fácilmente se podía gastar o
consumir en tus gastos corrientes de la familia”, aseguró el contralor Alarcón.
Con razón el Contralor pretende marcar la pauta del actual gobierno, denunciando lo que el
congreso fujimorista le indica.
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