Javier Diez Canseco, otrora líder de la izquierda peruana, señaló que “necesitamos una Nación donde la corrupción no sea una forma consentida de gobernar”. Entonces, nos preguntamos: ¿Es la “corrupción” o la “negligencia de gestión”, la verdadera causal de “incapacidad moral” permanente en la conducción de una Nación?
En pleno proceso de
vacancia presidencial, queda en evidencia que la corrupción toca las puertas de
Palacio y se alista a salpicar a muchos. En poco más de 100 días de gobierno,
los peruanos hemos sido testigos de lamentables escenas de evidente corrupción
en la casa de Pizarro. Su secretario general, un maestro y líder sindical,
designado en este puesto estratégico por el mismísimo presidente de la
Republica, aquel que pregona “no más pobres en un país rico”, ha sido
desenmascarado no solo por la fiscalía, con el descubrimiento de 20 mil dólares
en efectivo en un armario de un baño en su despacho, sino también con el
descubrimiento de la unidad de inteligencia financiera, de 80 mil soles en sus
cuentas bancarias.
Seguramente, habrá un
proceso legal de investigación y se le ofrecerá ejercer su derecho de defensa y
probar (si acaso puede) que el dinero descubierto proviene de fuente licita,
añadiendo a este espectáculo lamentable, la investigación en curso sobre las
presuntas presiones ilícitas que el mismo personaje habría ejercido sobre la
SUNAT (para favorecer a terceros), y sobre su pretendida injerencia para
intervenir ilegalmente en la selección de oficiales de las Fuerzas Armadas para
los cuadros de ascenso y, como cereza de la torta, lo señalado por algunas
voces en redes que acusan habrían “tarifas” que se cobraba a los ciudadanos
para acceder a entrevistas con ministros de Estado o con el propio mandatario
de la Nación.
Lo cierto es que la
investigación recién empieza y, de acogerse a la colaboración eficaz, podrían
terminar involucradas otras autoridades, insospechadas aún. Mientras esto
sucede, el pueblo no ha oído ningún deslinde claro y firme del presidente
Castillo ante los indicios e investigaciones iniciadas por la Fiscalía, más allá
de sus ambiguas frases en plazas públicas.
Entonces, la pregunta de
cajón es: ¿Es la corrupción o la incapacidad de gestión, la llave
Constitucional para abrir la puerta de incapacidad moral permanente? Los
partidos políticos elegidos por voto popular, que conforman el Congreso de la
Republica y que representan al “pueblo”, tienen la obligación de deslindar y
definir claramente su posición en consecuencia con lo señalado en el artículo
113 de nuestra Constitución.
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