“La norma modifica la ley de los derechos de participación y control ciudadano, y, en el artículo 40, se incluye un texto en el que se señala que solo se podrán someter a referéndum reformas constitucionales que respeten el artículo 206 de la Constitución (...)”
Por fin el Congreso logró
cerrar los espacios de interpretación de la ley que regula las reformas
constitucionales. Ahora queda claro que todo cambio a la Carta Magna pasará por
el Congreso de la República y no servirá el antojo de convocar a un referéndum
para saltarse al Poder Legislativo.
La aprobación del dictamen
ha generado, como era previsible, reacciones iracundas en todos los sectores
del oficialismo y afines. Ni sus voceros ni su prensa han parado desde ese día
de vituperar el definitivo funeral de los tan cacareados cambios que pretendían
introducir en la Constitución peruana.
La norma modifica la ley de
los derechos de participación y control ciudadano, y, en el artículo 40, se
incluye un texto en el que se señala que solo se podrán someter a referéndum
reformas constitucionales que respeten el artículo 206 de la Constitución, donde
se indica, expresamente, que “toda reforma constitucional debe ser aprobada por
el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros”. Y el
artículo 44 precisa que un referéndum sobre una eventual reforma constitucional
debe ser convocado por la autoridad electoral siguiendo una “disposición del
Congreso”.
El oficialismo se ha
compactado en una grita en la que se refieren a esta ley interpretativa como un
recorte de derechos ciudadanos, argumento insostenible, ya que, como sostuvo el
constitucionalista Aníbal Quiroga en Perú21, lo aprobado en el Pleno se limita
a fortalecer lo que ya estaba estipulado en la Constitución: “Siempre ha sido
así; lo que pasa es que quienes buscaban la Asamblea Constituyente hicieron una
interpretación inversa para darle viabilidad al referéndum”.
Obviamente, todavía le queda
un buen trecho de recorrido a la norma, pues el presidente puede negarse a
firmar la autógrafa, pero, a su retorno al Congreso, este seguramente
terminaría promulgándola por insistencia. La ruta del Tribunal Constitucional
tampoco resulta muy viable para el oficialismo, pues necesitarían al menos el
25% de votos en el Parlamento, cifra que están ciertamente lejos de lograr.
Así, finalmente, se viene
abajo otra de las absurdas banderas electorales que levantó este Perú Libre que
sigue haciendo agua por todos lados.
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