El día de hoy se
anuncia una paralización de médicos, y trabajadores nombrados y contratados en
el hospital de Barranca, debido a que las autoridades regionales insisten
en permitir un alto índice de malos
manejos y corrupción en ella.
Uno de los pedidos
es la intervención del OCI regional, y/o Contraloría General de la república,
para que investigue todos los actos inmorales que vienen sucediendo en este
nosocomio, lo indignante es que la actual gestión del médico Elvis Jara despidió
al jefe de OCI, dejando acéfala a esta unidad de control.
Sin embargo hace
unos días indicó que luego de nuestra denuncia por la sobrevalorización en la
compra de leche maternizada, el mismo había solicitado la intervención del OCI
del Hospital, lo que fue considerada una burla pues esta no funciona.
Asimismo, el
descuento del sueldo a los trabajadores que menos ganan, con el pretexto de una
crisis económica, sin que los que más ganan, entre ellos el director y sus
funcionarios, sigan ganando plus escandalosos de 5 mil soles mensuales, fuera
de sus viáticos, y un beneficio adicional
por responsabilidad funcional.
Otra de las enuncias
es el privilegio de proveedores, en la
que hasta esposos son beneficiados, siendo este hospital en tener como principal
compra de impresiones, y no de medicinas, y el doble sueldo que cobra el sub
director Miguel Landecho en el hosital de Chancay y Barranca.
El colmo de los colmos,
ha sido el direccionamiento de la comisión de nombramientos, en perjudico de profesionales
de salud, quienes se han visto perjudicados por este nombramiento hecho a la
medida de los favoritos del jefe de personal. (Ampliaremos).
Los reclamos han
sido presentados oportunamente en el Gobierno regional, y hasta en el consejo regional,
sin embargo duerme el sueño de los justos, permitiendo que la corrupción continúe
en esta red de salud.
Desde las primeras
horas del día de hoy, empezara esta paralización, y se hará permanente y radicalizada,
si es que las autoridades insisten en mantener al inepto Elvis Jara como director,
y a sus funcionarios, todos con antecedentes y procesos penales y
disciplinarios en esos cargos.
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