Cuando un
gobernante tiene el compromiso firme de estimular el diálogo y la concertación
para lograr el bien común a través de los consensos, como eje fundamental del
desarrollo, merece ser reconocido.
Es más los aspirantes
a la presidencia de los gobiernos regionales suscribió acuerdos de
gobernabilidad para el periodo 2015-2018, promovidos por la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), antes de las elecciones.
Todos ellos articulados
con las políticas del Acuerdo Nacional, políticas regionales y sectoriales,
planes de gobierno y las propuestas de la sociedad civil.
Asimismo es de público
conocimiento que las metas comprendidas
en los compromisos tienen una proyección para el 2018 y cuentan con una línea
de base para hacer el seguimiento concertado y la evaluación de los avances
para su cumplimiento.
Pero cuando estos
acuerdos se convierten en una vulgar y miserable repartija, no solo se
desnaturaliza las buenas intenciones, sino se permite la presencia de
oportunistas y corruptos, en un reparto a espaldas del pueblo.
Por ejemplo, ¿algún
vecino fue consultado para la contratación de 20 asesores presidenciales en la gestión
Chui, reclutados de todas las fuerzas políticas con sueldos que bordean los 10
mil soles mensuales?
Y encima tienen el atrevimiento
de llamar a esa coalición de reparto “gobernabilidad”. Ese tipo de acuerdos son
específicos para temas de importancia nacional que velen por la seguridad de
los derechos de los ciudadanos o minorías y hasta mayorías. Debatirlos y no
estar de acuerdo también es sano en un país democrático.
Esos “asesores
presidenciales” no son personas necesitadas de trabajo, a las cuales negarles
el puesto significaría desgracia familiar y aumento de su degradación. Ellos no
sufren de necesidad de un puesto que les asegure estabilidad económica y que,
por injustas razones se les quita la oportunidad de ejercer para lo que
estudiaron. No.
Estos repartidores
y beneficiarios, ocasionaran un gasto anual de S/. 2’400,000 soles, que saldrá de
los bolsillos de los más pobres, de los cuales dicen representar y a cuyo
nombre se enriquecen. Nelson chui tiene el deber y la obligación de explicarnos
por este dispendioso gasto de impresentables sujetos sin capacidad profesional
y técnica, salvo honrosas excepciones.
Indignación. Eso es
lo que sienten muchos, otros más porque se deja en bandeja de plata a cálculos
políticos que, aprovechando esta situación se favorecen con sueldos millonarios
sin aporte significativo; si 5 “asesores” eran suficiente, 20 ya es un abuso.
Tiene razón entonces Miguel Ángel Mufarech cuando reclama que también su movimiento político PADIN,
reciba el mismo trato, pues es el único que tiene una alianza y un acuerdo oficial
ante el JNE. Si hay para unos, debe haber para TODOS.
Finalmente, es necesario
recordar que muchos de los mal llamados “asesores presidenciales” tienen una
ambiciosa motivación política y ya los veremos como candidatos a la presidencia
regional en el 2018. Es decir usan el
poder y el dinero del GORE para sus objetivos político-personales. Esto es indignante.
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