Dentro de la
estructura orgánica del gobierno regional, existen áreas sensibles en la que la
corrupción es casi evidente, sin embargo el OCI regional hace muy poco para
investigarlas.
Estas áreas son las
siguientes:
Gerencias
regionales, consideradas como área criticas, porque las mismas ejecutan
proyectos de inversión, programas sociales, comercio y turismo, medio ambiente,
producción entre otros.
Una de la más
proclive al desvío de irregularidades, es la Gerencia de Infraestructura, pues
está orientada a la ejecución de obras, así como a identificar estudios, y
proyectos de inversión. En esta área los funcionarios son reacios a aplicar
programas de control. Existen errores en la elaboración de expedientes
técnicos, deficiencias en la ejecución de obras y en el limitado control y
sospechosa supervisión de las obras.
La Dirección
regional de Educación y sus Ugeles, son consideradas también áreas críticas, pues es la responsable de
asegurar cobertura y calidad de la educación. En esta entidad del gobierno
regional es harto conocido los casos del manejo irregular de los fondos
trasferidos por la sede regional, para el pago de incentivos CAFAE y el pago
irregular de viáticos y adjudicaciones.
La DIRESA, es
también considerada como un antro de corrupción, pues es la autoridad que lidera
y articula el sistema de salud en la región Lima. Es recontra conocido los
pagos, direccionamientos y sobrevaloración en los productos.
La DRAL, es otra de
ellas. Esta entidad ejecuta obras por contrata y administración directa, hay
denuncias sobre procesos de selección escandalosos, nunca sancionados por
supuesto.
Pero la que se
lleva el premio mayor, es la Oficina de Logística del gobierno regional, por que es la que efectúa adquisiciones de
bienes y contrataciones de servicios por un importante importe económico,
acentuándose la vulnerabilidad de incurrir en irregularidades en la ejecución
de procesos de adjudicación, así como en aquellas adquisiciones efectuadas de
manera directa.
Aunque muchas veces
los ciudadanos nos sentimos impotentes por el mal accionar de la OCI, es importante decir que lamentablemente esta
oficina de control, no cuenta con el suficiente presupuesto para asegurar las
acciones de control (0.60 %) y fiscalización.
Asimismo, por el
ámbito geográfico de la región, es importante que los auditores se movilicen,
lo que no es posible por el limitado presupuesto para viáticos y otros. Estos y
otros problemas, que la propia entidad ejecuta para dificultar las acciones de control
y seguimiento de los actos de corrupción, hacen que el OCI no pueda desempeñar
un trabajo eficiente, con las consabidas consecuencias del incremento de la
corrupción.
Los funcionarios
investigados también hacen lo suyo, con la demora y el retraso, en entregar la
documentación solicitada, que obstaculiza las labores de control, eso unido al
desinterés del propio presidente regional Javier Alvarado, permite la impunidad
al robo y al saqueo existente, que no terminará con este mandato, sino
continuara con otros que lo sucedan en el cargo.
Por ultimo, la
implementación de las
recomendaciones resultantes de las
acciones de control (las pocas que hay), emitidas por el OCI, la Contraloría
General de la República etc, jamás se
cumplen, siendo evidente un manto protector de impunidad e inmunidad para la
corrupción.
Las denuncias son
muchas, pero el poco interés de Javier Alvarado para investigarlas o
sancionarlas, hacen que aun tengamos funcionarios como Dolorier, Córdova, Entih
Díaz, Coronel, Barba, Vásquez de la Cruz, Mamani, Prospero Senosain, Mullisaca,
Mattos y tantos otros, que se ríen del pueblo, sabiéndose protegidos por el
mandamás regional.
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