Por culpa del
Ministerio Publico, los opositores de Javier Alvarado se quedarían con los
crespos hechos. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Lunahuana, acaba de emitir la resolución N°114, de fecha
11 de julio del 2013, en la que le da un plazo de 3 días al Ministerio Público,
para que subsane diversas observaciones en la acusación penal y se tipifique o
identifique a los presuntos responsables del caso Telefónica, entre los que se
encuentra el presidente regional Javier Alvarado.
Si hasta el 17 de
julio del 2013, el Ministerio Publico no subsana estas observaciones a la acusación
penal, el caso Telefónica podría ser archivado definitivamente.
El fiscal habría sustentado
su acusación sospechosamente, con fotocopias simples, faltando precisar en el
auto enjuiciamiento, si estos se admitieron como originales, certificadas o
fedateadas, esta acción ha despertado sospechas por parte de los opositores de Javier
Alvarado, que no entiende como un proceso judicial puede permanecer impune por
mas de 11 años, cuando hay personas presas por similar delito, como el ex
alcalde de Chilca Rueda y el actual alcalde de Asia José Arias.
Esta tinterillada
bien elaborada, habría contado con la complicidad del Ministerio Publico, pues
es imposible que se haya realizado negligentemente por parte del Fiscal
acusador.
Vencido el plazo el
miércoles 17 de julio el caso será archivado definitivamente. Fiscal acusador
no tendría documentos originales para sustentar su acusación. Asimismo se ha
cuestionado el informe contable N° 005-2007.2007-CG/GDPC de mayo del 2007.
Esta observación paradójicamente
tiene que ver con las pruebas presentadas debidamente documentadas, la tipificación
de los delitos y la identificación de los acusados, siendo solo una artimaña
para dilatar el proceso judicial.
Aunque se podría entender
que la preocupación del Juez, es más que nada para evitar futuros pedidos de
nulidad por parte de los abogados de Javier Alvarado, que también le habrían aconsejado
iniciar una persecución contra sus opositores, a fin de amedrentarlos y evitar
seguir siendo denunciado, en una gestión plagada de denuncias de corrupción e
irregularidades.
La Resolución N°
114 es una caja de Pandora, pues aunque se sospecha de la soterrada intención de
limpiar al principal acusado, también se podría interpretar como la justa preocupación de un
magistrado para evitar artilugios o tinterilladas, por parte de la defensa de
Alvarado, que podrían traer abajo una justa sentencia.
Y es que a veces el
poder y el dinero, permiten esas dilataciones judiciales, que en vez de ayudar
a una correcta justicia, se convierten en instrumentos de impunidad e inmunidad
contra aquellos que delinquen en contra del pueblo.
Felizmente hay un viejo dicho, que es muy
conocido por muchas malas autoridades, que la justicia tarda pero llega. Mientras
que los ayayeros del rey Toro festejan, los opositores saben que tendrán que
redoblar esfuerzos a fin de evitar la impunidad del acusado, no siempre el que
tiene plata y poder gana. Es tiempo de que la justicia sea igual para todos.
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