El ex alcalde
provincial de Trujillo, César Acuña Peralta líder del partido político Alianza
Para el Progreso y su hijo, el legislador Richard Acuña Núñez, fueron
denunciados ante la Fiscalía de la Nación por la comisión de los delitos de
asociación ilícita, patrocinio ilegal y negociación incompatible.
La acusación fue
interpuesta por el abogado trujillano y también militante aprista, Carlos
Calderón Carvajal. Según el denunciante, ambos organizaron una red de empresas
para presuntamente contratar ilegalmente con entidades públicas, "violando
las prohibiciones expresas contenidas en los artículo 10 y 237 en la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado".
¿TESTAFERROS?
Carlos Calderón,
que presentó la acusación en varios programas de difusión nacional, afirmó que
tanto César Acuña como Richard Acuña, utilizaron para las "contrataciones
ilícitas", a empleados de la Universidad César Vallejo (UCV); así como a
militantes y dirigentes del partido Alianza Para El Progreso (APP).
En tal sentido,
refiere que tales "empleados" de los Acuña aparecen "como
titulares de las empresas y consorcios, pero las registran en sus domicilios
personales o empresariales", señaló.
En tanto, aseguró
que éstos se habrían adjudicado obras por más de 12 millones de soles.
LAS EMPRESAS
Se trata de las
millonarias licitaciones ganadas en la comuna distrital de La Esperanza, cuyo
alcalde es el apepista Daniel Marcelo, por parte de empresas que tienen
vínculos con APP y la UCV, propiedad de la familia Acuña.
Tanto la empresa
Alpamo S.A.C., cuya gerente general es Matilde Padilla Castro, tesorera titular
de APP y profesora en la Universidad César Vallejo; y el Consorcio Seoane,
empresa que también es representada por un docente de la UCV, Américo Núñez
Simbort, personaje que es vinculado con APP puesto que en el portal de
Transparencia de la Onpe aparece como aportante del partido de Acuña; son las
entidades en cuestión.
DETALLES
Al respecto, Carlos Calderón argumentó que el
Consorcio Seoane "ganó 4 millones de soles en la Municipalidad de La
Esperanza -gobernada por APP- registró domicilio en avenida Larco 1881,
Trujillo, de propiedad del congresista Richard Acuña; su domicilio fiscal,
según RUC, es calle Charum 209 urbanización San Andrés, Trujillo, propiedad de
la UCV", remarca.
ALPAMO S.A.C. En
tanto, sobre la empresa Alpamo S.A.C. argumentó que también se adjudicó una
millonaria licitación.
"Ganó 3.5
millones de soles en la misma entidad, registró domicilio en calle Charum 209
(de la misma) urbanización San Andrés de Trujillo, de propiedad de la
universidad de los Acuña; que, además, es el mismo domicilio fiscal del
Consorcio Seoane (sic). Esta empresa recibió financiamiento de 1.3 millones de
soles por parte de los Acuña a través de la UCV", enfatiza Calderón.
MÁS MILLONES
Referente al
Consorcio Jerusalén, dijo: "Ganó 3.4 millones de soles en la misma
municipalidad (de La Esperanza), tiene domicilio fiscal, según RUC, en calle
Charum 209 (la misma que las dos anteriores que también es) de propiedad de la
universidad de los Acuña; su representante Juan Carlos Fernández Aliaga, es
funcionario de confianza del partido APP, a pesar que tiene condena judicial
por defraudar al Estado", explicó.
Entre otras empresas
que también consigna el aprista Carlos Calderón en su denuncia ante la Fiscalía
de la Nación, se encuentran el "Consorcio Constructor O&S" y el
"Consorcio Primavera", que según argumenta, son representados por
Jhony Sebastián Gutiérrez González, el mismo que viene siendo "investigado
por lavado de activos en Trujillo", acota Calderón.
En tanto,
especifica que dicho personaje "maneja" la empresa Corporación Omega
Contratistas Generales S.A.C. que integra los consorcios "Jerusalén"
y "Primavera", que han ganado contratos en la municipalidad de La
Esperanza".
En tanto, narra que
tales consorcios ejecutaron obras en la comuna provincial de Trujillo y en la
de La Esperanza, por el monto de un millón 200 mil soles, en cada municipio.
No obstante,
Calderón Carvajal también agrega más folios a la denuncia, esta vez, alude a
otros militantes apepistas con sospechosos "financiamientos" a través
de la UCV.
"María Armas
Zavaleta, vicerrectora de la UCV-sede Tarapoto y coordinadora regional del
partido APP en la región San Martín, que gerencia la constructora Arva
S.A.C.", explica.
"Tania Ruiz
Gómez, -agrega- vicerrectora de la UCV-sede Ancash y coordinadora regional del
partido APP, que gerencia la constructora Tawa S.A.C., son las (empresas) que
han recibido financiamiento de los Acuña a través de préstamos de la UCV; con
lo que se demuestra la dependencia laboral y vinculación política directa de
los gerentes de las empresas con los denunciados", subrayó el abogado.
Finalmente, Carlos
Calderón Carvajal dejó una última frase: "Habrá más sorpresas en esta
investigación sobre el esquema de negocios millonarios de los Acuña",
enfatizó con seguridad.
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