¿Cómo lo gastaron el dinero embargado?, se pregunta la población
Y el cerco comienza a cerrarse en el juicio oral que lleva adelante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete, contra el alcalde asiano José Arias Chumpitaz (gestión 1999-2002) por el supuesto “cobro indebido” a las cuentas de Telefónica del Perú que bordean los cuatro millones de soles, en agravio de la Municipalidad Distrital de Asia y el Estado.
Una decena de acusados, semana tras semana desfilan en los pasillos de la Corte para rendir su instructiva, en el sonado caso que llevan adelante los vocales de la Sala Penal que preside el Dr. Moisés Martínez Meza.
Fue toda una sorpresa la versión del acusado Carlos Sotomayor Garro, quien dijo desconocer los trabajos que desarrolló la empresa L&C Asesores y Consultores de su “socio”, Luis Alberto Bernal, principal responsable.
Dijo haber conocido a don Luis Alberto Bernal Saavedra, en un comensal de San Vicente donde le ofreció trabajo, previa constitución de una empresa para realizar trabajos de fiscalización
Sotomayor Garro, dijo que su error fue confiar en Luis Alberto Bernal al conformar la empresa, pero que nunca participó en las negociaciones, menos le dio un trabajo que le prometió.
Las declaraciones de Sotomayor Garro, desmienten lo afirmado por Bernal quien hace unas semanas dijo lo contrario, no quedándole otra que realizar una confrontación.
PLAGADA DE VICIOS.
A su turno, el Procurador Anticorrupción del Estado, Dr. Robert Deza, dijo que de acuerdo al testimonio de Carlos Sotomayor Garro, la constitución de la empresa L&C Asesores y Consultores, que embargó las cuentas de Telefónica, está plagada de vicios.
“No sólo el hecho de la presunción de la firma falsa de una abogada que autorizó la minuta, sino además de su contenido insertado a un instrumento público que es la escritura pública e inscrito en los registros públicos, constituyéndose un delito”, manifestó.
Dijo que en su momento solicitará la ampliación para la confrontación entre Carlos Sotomayor Garro y Luis Alberto Bernal para esclarecer los hechos.
“Hemos dado un gran paso para solicitar la ampliación de las denuncias y llegar a una situación agravante que es el delito de colusión”, manifestó Deza.
A pesar que el Procurador Robert Deza, solicitó se revoque el mandato de comparecencia simple por la de detención, ésta no prosperó por los vocales de la Sala Penal.
SALA PENAL
Pero el presidente de La Sala Penal Dr. Moisés Martínez Meza, dejó en claro que cualquiera de los acusados que se ausenten al juicio oral, sin justificación alguna, se les revocará su comparecencia.
La sesión realizada el pasado martes a las tres de la tarde, fue suspendida por los magistrados hasta la próxima semana donde estará declarando la abogada Liliana Torres y otros.
Como se recuerda el caso data del año 2002 durante la gestión de José Arias Chumpitaz, quien firma un convenio con L&C Asesores y Consultores para trabar un embargo a las cuentas de Telefónica.
Ante esta situación, Contraloría General de la República realiza la denuncia ante el Ministerio Público, resumiéndose que el embargo a las cuentas de Telefónica, no se cumplieron con el debido proceso.
A esto se agrava que el monto embargado no reflejan en las obras realizadas en la comunidad, generando múltiples suspicacias, siendo la más común “utilizaron los instrumentos del Estado para favorecerse”.
Están involucrados el entorno de José Arias, Ing. Régulo Navarrete, contador Antonio Quispe, además de una decena de funcionarios, en cuya batalla legal los pronósticos son reservados.
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