El Congreso de la República,
recientemente aprobó el proyecto de la nueva "Ley de Contrataciones del
Estado", posteriormente esta fue publicada por Ollanta Humala estando hoy
en vigencia y aunque el propósito es
generar una regulación enfocada en la gestión por resultados que permita a los
órganos de supervisión y control concentrarse en la eficiencia de la compra,
esto no parece ser así.
Por ejemplo esto va
a permitir que la corrupción se amplíe, pues si antes para los procesos de
compra directa el techo presupuestal era de tres Unidades Impositivas
Tributarias - UIT (11 mil nuevos soles), ahora es de 8 UIT (30 mil nuevos
soles).
En otras palabras
el personal de Logística de las entidades públicas van a tener amplía libertad
para comprar sin ningún proceso de selección, direccionando las mismas a los
proveedores de su conveniencia, con o sin orden del titular de la entidad.
Otro punto
cuestionable es que los familiares de los funcionarios de las entidades del
Estado podrán ser postores en los concursos públicos, si antes denunciábamos
poca transparencia en el favoritismo familiar, ahora que esto se legitima ni
vergüenza se tendrá, pues amparándose en la ley, simplemente la entidad se
volvería un clan familiar del toma y daca.
Mucho dependerá de
la transparencia con la cual se hagan las compras públicas y se tendrá que
declarar que una determinada compra participó algún familiar.
Aunque el tema de
la inversión pública no pasa por la compra pública, sino por priorizar qué se hará con el recurso que existe en las
arcas de las entidades estatales. El uso o mal uso de los recursos no
necesariamente es por las normas sino por los actores de la gestión pública. Si
existe el ánimo de desarrollar bien, se irá a planificar de manera adecuada,
pero si existe el ánimo de hacer corrupción no se planificara nada, pues con la
improvisación va existir ganancia de pescadores a río revuelto.
En la norma de adquisición y contrataciones del
estado se exige que para trabajar en el área de Logística y Abastecimiento el
personal tiene que estar certificado por el OSCE, sin embargo el 80 % de funcionarios
del área de logística no tienen certificación y la mayoría de miembros de los comités
de adjudicaciones tampoco y no les pasa nada.
Por último es también
cuestionable que en la actualidad el titular de la entidad es el que fija el
presupuesto anual, es el que aprueba el plan de adquisición y contrataciones,
es el que aprueba el expediente de contratación, el que designa al comité
evaluación, el que resuelve, entre otras observaciones a esta norma, es decir
el poderoso. Regresamos.
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